Seis años de proceso

Represaliados de la dictadura mueren a la espera de la indemnización de la Generalitat

La asociación exige que se abra de nuevo la lista de beneficiados y rapidez en el pago

José Parrilla, Valencia

La Asociación de Represaliados del Franquismo ha criticado duramente la lista definitiva de valencianos que serán indemnizados por la Generalitat Valenciana y ha pedido que se acelere el pago de las indemnizaciones, pues la demora de los trámites está haciendo que mueran los beneficiados sin llegar a cobrar esa cantidad de dinero.

La Generalitat Valenciana inició en el año 1999 el proceso de indemnización a las personas que sufrieron prisión durante la dictadura. Lo hizo con una resolución de las cortes Valencianas que instaba al Consell a poner el marcha el correspondiente proceso.

La información pública del mismo no se produjo, sin embargo, hasta el año 2002 y los requisitos exigidos eran haber estado privados de libertad al menos tres años y tener cumplidos los 65 años a fecha 31 de diciembre de 2000. Si se daban esas circunstancias podría cobrar la indemnización el propio afectado, su cónyuge o los hijos diminuídos.

Finalizados los trámites, el primer censo se hizo público en enero de 2004 con 46 personas a indemnizar, pero debido a las quejas recibidas por la falta de información y el escaso número de beneficiados se abrió un nuevo proceso de solicitudes que concluyó en junio pasado con la presentación del censo definitivo, que es de 92 personas.

Para el presidente de la Asociación de Represaliados, Eduardo de Alcázar Zambrano, este censo tiene muchas carencias y no responde a la realidad. La obligación de haber cumplido los 65 años antes del 2000 ha sido un grave error, asegura, que ya se cometió en el año 1990 a nivel nacional. Además, en esta segunda lista no se ha reconocido la integridad de la primera lista. De hecho, 16 personas que estaban en aquella han sido excluidas ahora del derecho a indemnización. Para Eduardo de Alcázar esto es una «crueldad» que, además, van contra la filosofía del derecho adquirido.

Por todo ello, pide que se abra el proceso y se eliminen algunas barreras, como las de la edad e incluso la obligación de haber pasado tres años en prisión, pues «aunque sólo te metieran un mes en la cárcel, te destrozaban la vida, porque luego ya no podías trabajar en ningún sitio y estabas marcado para siempre».

Finalmente, Alcázar exige que se paguen las indemnizaciones ya aprobadas de manera urgente, a ser posible antes de fin de año. Según dijo, en este tiempo han muerto personas que estaban esperando ese dinero. En concreto, mencionó el caso de Cándido Aguado, que murió esta primavera y ya no tiene a nadie que esté en situación de cobrar lo que le correspondía. Por ello exige rapidez y, en caso de muerte, que se traslade a los herederos la indemnización íntegra, que a falta de concretar, podría rondar los 6.000 euros por persona. «Si tardan otros tres años con esto, no cobrará ni la cuarta parte de la gente», explicó.

Unos salen, otros entran

La nueva lista aprobada por el Consell incluye 92 nombres, justo el doble de la primera relación publicaba hace año y medio. En el nuevo censo hay, pues, muchos nombres nuevos y curiosamente 16 ausencias respecto del primero. Al parecer, la Generalitat ha revisado todos los expedientes y en esta segunda ocasión ha sido mas rigurosa en sus valoraciones.

En el caso de Manuel Cáceres, por ejemplo, el problema era que de los cuatro años de cárcel que acreditó en un primer momento, los dos últimos estuvo saliendo a trabajar al exterior, elemento que para la Generalitat es motivo suficiente para sacarlo de la lista.

Por contra, el Consell indemnizará a Luis Villagarcía -está en los dos censos-, que pasó 16 años en prisión durante la dictadura de Franco y no había tenido derecho a indemnizaciones estatales por no tener cumplidos los 65 años en las fechas previstas entonces. Otros valencianos en esta misma situación siguen fuera del proceso.

*Fuente: Levante, 23 de agosto de 2005