ICV y ERC piden anular las penas que dictó Franco

• Los socios del PSOE apremian al Gobierno presentando leyes de la memoria histórica
• Quieren cambiar el Valle de los Caídos y que el Rey se excuse ante los represaliados

MARC ANDREU BARCELONA

Los grupos parlamentarios de Izquierda Verde (IU-ICV) y ERC presentaron ayer sendas propuestas de ley de recuperación de la memoria histórica que piden la anulación de todas las sentencias dictadas por los consejos de guerra y los tribunales represores del franquismo entre 1936 y 1975. Los dos socios del PSOE dieron ayer ese paso porque consideran que el Gobierno incumple su compromiso de impulsar él mismo una ley sobre la cultura antifranquista y de reparación a las víctimas de la dictadura. Por separado, los portavoces de ICV y ERC en el Congreso, Joan Herrera y Joan Tardà, así como, en Madrid, el coordinador de IU, Gaspar Llamazares, coincidieron en expresar sus recelos sobre la voluntad del Gobierno de discutir una ley de este tipo. Aunque, como admitió ayer Llamazares, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega le dijo que el Gobierno presentará "pronto" su ley, la fecha prevista de septiembre ha vencido, informa Luis Díez. Los trabajos previos están bloqueados en la comisión que elabora un informe sobre víctimas y archivos por la voluntad de algunos sectores gubernamentales de buscar el máximo consenso en el anteproyecto de ley de rehabilitación jurídica y moral a las víctimas. "Queremos forzar el debate en el Congreso y que la ley no sea equidistante entre republicanos y franquistas", explicó Herrera, molesto porque el Gobierno ha pedido incluso opinión al partido ultraderechista Falange Española.

ARGUMENTOS JURÍDICOS

La propuesta de ICV, que los ecosocialistas están dispuestos a negociar con el PSOE, ha contado con la colaboración del jurista Carlos Jiménez Villarejo. El exfiscal anticorrupción, militante antifranquista en el PSUC, dijo ayer al presentar la proposición que "la rehabilitación moral y jurídica de las víctimas del fascismo es un deber histórico inaplazable y urgente". La urgencia se justifica en la edad avanzada de de la mayoría de los posibles beneficiarios de la ley. Pero también, como argumentó Tardá al presentar la propuesta de ERC, porque su trámite será "largo" y hay que aprovechar la "favorable" correlación de fuerzas en el Congreso antes de que se agote la legislatura. El trabajo de Villarejo para ICV ha consistido en justificar con rigor jurídico, valiéndose tanto de la legislación republicana como de la propia franquista, la ilegalidad de los "muchos miles" de sentencias dictadas por consejos de guerra y tribunales jurisdiccionales especiales entre 1936 y 1975. Según él, tras la anulación por el Congreso de los juicios contra el presidente de la Generalitat Lluís Companys y el democristiano Manuel Carrasco i Formiguera, "el Estado está legitimado" para anular "todas las sentencias".

EL PERDÓN DEL REY

Además de en la anulación de las penas, ICV y ERC coinciden en pedir compensaciones por los bienes incautados por Franco y en reconvertir el Valle de los Caídos en un espacio dedicado a explicar la represión. ICV quiere que se trasladen los restos de Franco a un panteón familiar y que sea sede del Instituto de la Memoria Democrática. ERC pide, a su vez, que el Rey formalice "solemnemente" como jefe del Estado las demandas de perdón "a las víctimas del levantamiento militar contra la República".

*Fuente: El Periódico, 19 de noviembre de 2005