Los represaliados sociales del franquismo serán indemnizados y tendrán una pensión

El Ministerio de Justicia ya ha iniciado las negociaciones con la asociación de Valencia

José Parrilla, Valencia

El Gobierno central ha dado los primeros pasos para indemnizar y conceder una pensión vitalicia a las víctimas de la represión social del franquismo. También hay un primer acuerdo para trasladar todos los expedientes de peligrosidad a los archivos históricos de las comunidades autónomas.

Ambas medidas fueron analizadas el pasado martes en una reunión celebrada en el Ministerio de Justicia a la que asistieron Fernando Flores, subsecretario de la entidad, y Antonio Ruiz, presidente de la Asociación Ex Presos Sociales, con sede en Valencia. Se trataba de mantener un primer encuentro para analizar el futuro de los expedientes abiertos al amparo de la Ley de Vagos y Maleantes y de la Ley de Peligrosidad Social; y para estudiar las posibles indemnizaciones a los afectados, el paso lógico después de que el Congreso de los Diputados les hiciera un reconocimiento moral el pasado 15 de diciembre. En declaraciones a Levante-EMV, Antonio Ruiz aseguró que los representantes del ministerio se mostraron de acuerdo en conceder una indemnización y una pensión vitalicia a cada uno de los afectados, generalmente homosexuales, prostitutas, gitanos etc., aunque las cuantías y los plazos deberán ser estudiados ahora con otros ministerios que tendrían que asumir responsabilidades en este asunto, básicamente el de Economía y Hacienda.

«El Gobierno y los grupos políticos -explicó Ruiz- tienen claro que es necesario compensar el perjuicio que se les causó a todas estas personas y paliar la situación económica que sufrieron al tener que salir exiliados o verse privados de derechos como el empleo público. Se trata de que puedan vivir dignamente los últimos años de su vida».

En cuanto a los expedientes de peligrosidad social, que ya no cuentan como antecedentes judiciales o policiales, se llegó a un acuerdo para trasladarlos a los archivos históricos de cada comunidad autónoma, llevando sólo al archivo nacional de Alcalá de Henares los de las comunidades que no tienen asumida esa competencia. Se espera que el proceso pueda estar concluido en dos años como máximo.

Según Ruiz en toda España podría haber del orden de tres mil o cuatro mil personas perjudicadas por aquellas leyes, aunque se teme que a este proceso apenas se sumen un centenar de ellas.


*Fuente : Levante, 3 de junio de 2005

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