Represaliados por el franquismo instan al Consell a indemnizar a 5.500 presos políticos valencianos

Comunidad Valenciana

Miembros de la Asociación de Represaliados por el Franquismo del País Valenciano (AREF-PV) instaron al Consell a pagar las indemnizaciones "comprometidas desde hace seis años" a 92 personas valencianas que sufrieron prisión durante la dictadura franquista, y registradas en los listados publicados por la Generalitat el pasado mes de junio. Asimismo, pidieron abrir un nuevo censo que recoja a "los cerca de 5.500 presos políticos de la dictadura que viven en la Comunidad, pero no cumplen los requisitos administrativos" para cobrar las indemnizaciones.

Para la asociación la Resolución de 13 de mayo de 2002, del Conseller de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana, de indemnización a 'los luchadores por la libertad presos por motivos políticos durante la dictadura franquista', constituye una medida cicatera y miope, aprobada con sustantivo retraso frente a las de otras comunidades autónomas y que incumple ampliamente la legalidad (internacional) y la justicia, tal como hace menos de un año expresó en un informe el equipo Nizkor de Derechos Humanos y más recientemente señala también el informe de Aministía Internacional de España.

En la rueda de prensa realizada intervinieron una representación de represaliados y represaliadas valencianas por el franquismo, los cuales han expuesto desde su propio experiencia personal y militante diversas reflexiones y reivindicaciones por la justicia y la reparación.

Inició esta rueda de prensa Eduardo Alcazar, presidente de la AREF-PV, incluido en la lista última aprobada por la Generalitat, y que ha informado de la denuncia interpuesta ante el Sindic de Greuges por considerar que la mencionada Resolución del 13 de mayo “excluye la posibilidad de que, caso de demorarse aún más las indemnizaciones como viene ocurriendo (ya llevamos 6 años de lapso para la tramitación de este proceso), puedan cobrar la indemnización los familiares o herederos del solicitante/a. Este es ya el caso de la primera persona incluidas en la lista, por ejemplo, que falleció apenas un mes después de publicarse la Resolución”.

Desde la AREF-PV aseguran que “van a seguir luchando por una solución justa y digna para esta situación que constituye, por así decirlo, un exponente más del olvido y la deliberada amnesia a la que se viene sometiendo a nuestro pueblo bajo el actual régimen de democracia”.

Finalmente Remedios Montero, valenciana que pasó 8 años y medio en la cárcel, amén de las torturas sufridas con grave perjuicio para su salud, y que no cumplió los 65 años hasta después del año 2.000 señaló que “pedimos justicia, porque ellos ya la tienen y la han tenido bajo el franquismo. Consideramos que es absurdo es tan absurdo este límite de los 3 años para la indemnización como el límite de la edad mínima. No podemos seguir consintiendo estas trabas burocráticas, así como el pase de responsabilidades que se ha hecho desde el gobierno central al valenciano y vuelta a empezar. No es el dinero en sí, sino la Dignidad lo que está en juego. Escatimar y/o seguir aplazando el debido reconocimiento a los luchadores por la democracia en este país significa pura y simplemente que algo falla. Por eso planteamos que se pague ya a todos y todas los de la lista, y que se eliminen los límites absurdos y anti-jurídicos puestos para percibir las indemnizaciones”.

*Fuente : Union-Web, 21 de septiembre de 2005