Sólo Galicia y Extremadura no han dado aún ayudas a presos del franquismo

SON LAS ÚNICAS AUTONOMÍAS QUE NO APROBARON INDEMNIZACIONES PESE A LA RECOMENDACIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

Las compensaciones aprobadas por la mayoría de los Gobiernos autónomos están dirigidas a represaliados de cualquier punto de España residentes en la comunidad que convoca las ayudas.

Rosa Prieto.

A Coruña Sólo dos autonomías no han indemnizado a los presos del franquismo. Galicia y Extremadura son las únicas que no han aprobado ningún tipo de ayuda económica para reparar el daño que sufrieron los represaliados políticos durante la Guerra Civil y los primeros años de la posguerra.

De las otras 15 autonomías, la mayoría han concedido compensaciones abiertas a ex presos que hayan acreditado haber estado empadronados en la comunidad que ofertó las ayudas, por lo que han abarcado a gente de toda España. Cientos de víctimas gallegas del franquismo, sus viudas o sus hijos se beneficiaron de las indemnizaciones convocadas, entre otras autonomías, por Cataluña, Andalucía, País Vasco, Castilla-La Mancha, Castilla y León o Cantabria.

La reivindicación de víctimas y familiares es conocida, pero insisten. Colectivos de republicanos encarcelados durante el franquismo reclaman desde hace años que el Gobierno gallego siga los pasos dados por el resto de comunidades autónomas. El anterior Ejecutivo de Fraga no aprobó ninguna indemnización, a pesar de que en el penúltimo mandato del PP tanto PSdeG como Bloque presentaron varias proposiciones para compensar a los presos políticos. Ya en junio de 1999, el Parlamento gallego acordó instar a Xunta a elaborar un censo para determinar cuántos gallegos

encarcelados durante el franquismo habían quedado fuera de las indemnizaciones del Gobierno central, aprobadas en 1990. La iniciativa, a proposición del Bloque, se quedó en el cajón de la Consellería da Presidencia, que en aquel entonces recibió el encargo de recopilar la información.

Para el nuevo Ejecutivo, la rehabilitación moral de los represaliados durante la dictadura será un asunto "prioritario". De ahí la decisión de la Consellería de Cultura de crear en la isla de San Simón un centro para la recuperación de la memoria histórica y elaborar un inventario de víctimas gallegas del franquismo. La iniciativa convertirá a Galicia en la primera autonomías con un listados de víctimas de la represión.

Apenas dos semanas después de que el bipartito se constituyera, el nuevo equipo de Gobierno hizo pública una declaración institucional en la que manifestaba el compromiso de resarcir moral y económicamente a las víctimas del franquismo. Tres meses después de hacerse pública esta declaración, todavía no ha trascendido si el bipartito prevé conceder ayudas a los presos políticos.

El primer paso con los represaliados del franquismo la tomó el Gobierno central. En 1990, el Ejecutivo aprobó una partida dentro de los Presupuestos Generales del Estado con el objetivo de resarcir de forma simbólica a las víctimas del franquismo. Para acceder a la indemnización, se exigía haber estado en prisión durante al menos tres años y cumplir los 65 años antes del 31 de diciembre de 1990.

Pero estos requisitos dejaron fuera de la convocatoria a muchos presos que, o bien por no poder acreditar los años pasados en la cárcel o por no tener la edad mínima exigida, no recibieron ayuda alguna ni en 1990 ni en 1992, cuando el Gobierno volvió a repetir las ayudas. Esto llevó a partidos políticos y diversos colectivos protestaron ante una medida que a su juicio establecía discriminaciones entre los presos. Incluso el Defensor del Pueblo recomendó en 1996 a los Gobiernos autónomos que estudiaran la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para salvar las lagunas que dejaron las compensaciones del Estado. Casi 10 años después de la llamada del Defensor del Pueblo, Galicia y Extremadura son las únicas autonomías que todavía no han aprobado ayudas para los presos del franquismo.

*Fuente: La Opinión - A Coruña digital, 13 de noviembre de 2005