Las asociaciones se impacientan y exigen una solución definitiva.

C. E. C. - Madrid

El Gobierno ha escuchado a las asociaciones que tienen algo que decir sobre la recuperación de la memoria histórica, hasta alcanzar la cifra de 40. Lo que sigue es el extracto de algunas de sus peticiones, a las que se ha sumado este verano un informe de Amnistía Internacional, que reclamaba al Gobierno que actúe ya. Las asociaciones comienzan a impacientarse, exigen una solución definitiva y recuerdan al Ejecutivo que éste es un asunto urgente, sobre todo dada la avanzada edad que tienen los escasos supervivientes.

- Anulación de juicios. Es el punto técnicamente más complejo. Las asociaciones, entre ellas grupos internacionales de derechos humanos como el Equipo Nizkor o Amnistía Internacional, exigen que, como sucedió con el nazismo y el fascismo italiano, el régimen franquista sea anulado a todos los efectos, incluidos los juicios sumarísimos, para deslegitimar el golpe de Estado. El Gobierno apuesta por una ley de rehabilitación moral y simbólica, sin abrir la vía de la revisión judicial, porque daría lugar a una "inseguridad jurídica inmanejable". En ese caso, algunas asociaciones piensan recurrir a tribunales internacionales.

- Símbolos, estatuas y callejero. Las asociaciones reclaman una ley que obligue a los ayuntamientos, iglesias y recintos militares a retirar los múltiples restos vivos de la dictadura. El Ejecutivo asegura que sólo puede recomendar, porque la competencia es de los municipios. Una proposición promovida en noviembre de 2004 el Congreso por PSOE, ERC e ICV y apoyada por todos, salvo el PP, insta al Gobierno a redactar esa ley. Otra que pide la retirada de la estatua de Franco en la Academia Militar de Zaragoza, que tampoco se ha cumplido aún.

- Fosas. Sólo la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, sin apenas ayuda oficial, ha realizado 536 exhumaciones en tres años. También trabaja en este campo el Foro por la Memoria, vinculado al PCE. Todos piden que el Gobierno cree una oficina para promover las excavaciones de forma oficial, con expertos, con todas las garantías y siguiendo los protocolos internacionales de búsqueda de desaparecidos.

- Pensiones y devolución de patrimonio. Ambos han sido ya tratados, pero las asociaciones piden más; por ejemplo, que se suban las cuantías y no se cobre el IRPF sobre la cantidad entregada. El Gobierno recuerda que en este asunto la competencia es de las comunidades. En cuanto a las devoluciones, se ha trabajado en el patrimonio de los partidos. Ahora se reclama el de los republicanos expoliados tras la guerra.

- Los archivos de la represión. El conocimiento de la verdad, la recuperación de la historia, es algo que obsesiona a todos los familiares de represaliados, que se encuentran con archivos militares cerrados para ellos o de difícil acceso. Las asociaciones piden crear un gran archivo informatizado de la represión no para expertos, sino para familiares.

- Comisión de la Verdad. Al final de otras dictaduras, como la argentina, se realizó un estudio para determinar una verdad oficial ratificada por el Congreso, que en España no existe. También se pide que sea eso lo que se enseñe en las escuelas.

- Valle de los Caídos. Se pide la instalación en la nave central de una exposición permanente sobre los 12.000 presos políticos que lo construyeron. También se reclama la colocación de placas en todas las obras, como el canal del Guadalquivir, construidas por presos políticos. Además, se propone crear un gran centro de interpretación de la represión franquista, similar al que hay en Nüremberg (Alemania), sobre el nazismo.

*Fuente: El País, 12 de septiembre de 2005