• El Gobierno se compromete a resolver otros casos en el plazo de un año


FRANCISCO J. DE PALACIO
MADRID

Una amplia mayoría del Congreso decidió ayer apoyar el decreto ley del Gobierno sobre patrimonio sindical que permitirá devolver a UGT los inmuebles y cuentas corrientes requisados durante la dictadura de Franco. La medida permite que se pueda aplicar una norma que estaba aprobada hace 20 años.
Este decreto ley, que actualiza la ley de 1986 sobre cesión de bienes de patrimonio sindical acumulado, contó con los 173 votos a favor del PSOE, CiU, ERC, BNG y CHA. Se opusieron a la reforma los 134 diputados del PP e Izquierda Unida, mientras que los parlamentarios de PNV, CC-NC y Nafarroa Bai se abstuvieron.
El Congreso también rechazó la propuesta de tramitar este decreto como proyecto de ley lo que, como mínimo, hubiera retrasado su aplicación. El Parlamento resolvió que el proceso de devolución del patrimonio histórico incautado a UGT se ponga en marcha sin dilaciones.
A partir de ahora, la Administración del Estado deberá analizar toda la documentación presentada por UGT, el llamado censo Largo Caballero de 1936 y las sentencias del Tribunal Supremo para comprobar la propiedad de los inmuebles y cuentas corrientes incautadas. La memoria económica del decreto apunta que UGT podría recibir 151 millones.

EXPEDIENTES
El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, recordó que desde 1986 se han devuelto 577 inmuebles pero aún quedan 4.000 expedientes pendientes de resolver. No ocultó que la ley de 1986 impedía hasta ahora continuar con el proceso de restitución porque sus requisitos no tenían en cuenta la "enorme dificultad" de acreditar la titularidad de algunos inmuebles, dadas las circunstancias excepcionales de la guerra civil y de la dictadura.
Precisamente, esta justificación motivó el rechazo de CCOO al decreto. Este sindicato anunció la puesta en marcha de acciones sindicales y judiciales para atajar lo que considera una subvención a UGT y un acto de "irresponsabilidad y mala fe" del Gobierno. PNV, IU y, también CiU, criticaron la falta de transparencia del Ejecutivo en este asunto.
Tanto CiU como ERC y el Grupo Mixto aprovecharon para exigir la devolución de los bienes incautados a otras organizaciones. Caldera se comprometió a resolver esos casos en el plazo de un año.

*Fuente : El Periódico, 25 de noviembre de 2005