De la Vega frena la ley de memoria histórica para acoger a ambos bandos.

El Ejecutivo se concentra en los republicanos, pero incluirá a todos para "cicatrizar heridas"

CARLOS E. CUÉ

Madrid Un año después de anunciar un proyecto largamente esperado por los represaliados del franquismo para recuperar la memoria histórica, el Gobierno aún no ha resuelto esta compleja papeleta, y no tiene fecha para hacerlo. El Ejecutivo ha decidido frenar o al menos ralentizar la ley que preparaba con la idea de buscar un proyecto "ambicioso" que "contente a los dos bandos y no sirva para reabrir heridas, sino para cicatrizarlas". El proyecto se concentra en los republicanos, pero incluirá a todos los que sufrieron la Guerra Civil.

Pasó marzo, pasó abril, llegó el verano, y la recuperación de la memoria histórica y la rehabilitación de los republicanos represaliados por el franquismo, uno de los grandes proyectos del Gobierno socialista, sigue encima de la mesa de María Teresa Fernández de la Vega, la vicepresidenta primera. Junto a él hay más de 700 documentos aportados por 40 asociaciones, particulares y expertos que abordan un tema definido por el Gobierno como "enormemente complejo y muy sensible".

El Ejecutivo ha incumplido hasta ahora los tres plazos que se dio a sí mismo. Pero no por capricho o desidia, sino por motivos políticos y técnicos. De la Vega creó en octubre de 2004 la Comisión Interministerial para el Estudio de la Situación de las Víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo. La decisión, de forma simbólica, se había anunciado en julio, en un Consejo de Ministros celebrado en León, donde fue fusilado, por mantenerse fiel a la república, el capitán Juan Rodríguez Lozano, el abuelo del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

El día que anunció la puesta en marcha de la Comisión, De la Vega fue muy clara en su objetivo:

"Reparar la dignidad y restituir la memoria de aquellas personas que sufrieron cárcel, represión o muerte por defender unos valores que hoy disfrutamos como sociedad democrática". Pero la realidad ha desbordado poco a poco esas intenciones iniciales.

A medida que la Comisión ha ido avanzando en su trabajo, sus miembros han ido comprobando la gran complejidad de este asunto. No sólo por los 700 documentos recibidos, sino por las miles de personas a las que afecta, y los problemas tan diferentes que engloba. Enterramientos ilegales en fosas comunes, reparaciones morales, peticiones de devolución de patrimonio, pensiones reparatorias para los afectados, anulación de sentencias sumarísimas, retirada de símbolos franquistas... "Estos asuntos son como las cerezas, tiras de uno y salen otros tantos", señalan en La Moncloa.

Proyecto ambicioso

Lo cierto es que el Ejecutivo mantiene su intención de presentar un "proyecto ambicioso" sobre la recuperación de la memoria histórica, en palabras de una portavoz de la Vicepresidencia Primera, pero se lo va a tomar con calma. También por un motivo político. Las últimas ocasiones en las que este asunto se ha reabierto, especialmente en marzo, cuando el Ministerio de Fomento retiró la última estatua de Francisco Franco que quedaba en Madrid, han permitido al Ejecutivo comprobar lo que ya temía: que éste no es un asunto cerrado en la historia de España, que sigue reabriendo heridas y que, sobre todo, cuenta con la oposición frontal del PP, especialmente en lo que se refiere a retirada de símbolos franquistas. El argumento de la oposición se repite cada vez que hay alguna novedad: "Esto no interesa a nadie, no hay que remover el pasado".

El Ejecutivo se encuentra frente a un gran problema. Los enfrentamientos que provocó la retirada de la estatua de Franco en Madrid -después cayó la de Guadalajara, aunque resisten otras- le han convencido de que debe tratar el asunto con mucha delicadeza. De hecho, el Ejecutivo ya ha anunciado a sus socios prioritarios, ERC e Izquierda Verde, que va para largo y que quiere medir muy bien los tiempos.

Los socios se impacientan. La formación ICV ya ha pedido que al menos el asunto de la transformación del Valle de los Caídos en un memorial de la represión franquista esté resuelto para el próximo 20 de noviembre, cuando se cumplen 30 años de la muerte del dictador. La Moncloa no quiere poner fechas, y menos una tan simbólica que sin duda pondría en pie de guerra a la extrema derecha. El Gobierno argumenta, además, que la intensa temporada política de este otoño no facilita las cosas para volcarse en un asunto de esta magnitud.

El Ejecutivo busca un objetivo complejo: "No despertar rencillas en ningún bando, ni convertir este asunto en un arma arrojadiza". Pero para lograr eso, el Ejecutivo cree que sólo hay una manera: revisar toda la historia, no sólo la represión franquista; también las ejecuciones sumarísimas, por ejemplo, que se realizaron en zona republicana.

De la Vega asume que las víctimas de ambos bandos no están en igualdad de condiciones, porque mientras el franquismo honró a sus muertos, los sacó de las fosas comunes y los convirtió en héroes, los republicanos quedaron olvidados en las cunetas prácticamente hasta este nuevo siglo, cuando varios jóvenes nietos de represaliados han reabierto la memoria.

Aún así, y dejando claro que es imposible situar en el mismo plano a los dos bandos, el Ejecutivo cree que su proyecto debe incluir toda la memoria histórica. "Hubo ejecuciones sumarísimas en los dos bandos. Tenemos que ver qué hacemos con Paracuellos del Jarama", señalan gráficamente en Moncloa, recordando el fusilamiento de unos 2.000 civiles del bando nacional a las afueras de Madrid, que el franquismo convirtió en máximo ejemplo de la crueldad de los republicanos. "Con este proyecto no se pretende reabrir ninguna herida, al revés; nuestro máximo interés será cicatrizarlas, si es posible, en ambos bandos", concluye el Ejecutivo.

*Fuente: El País, 12 de septiembre de 2005