Zapatero vincula a Franco con los campos de exterminio nazis

España examinará de nuevo de los vínculos del franquismo con los regímenes fascistas de Europa. Es un acto de justicia histórica, asegura la izquierda. Es peligroso e inútil, replican sus adversarios.

Madrid (ANSA)- El gobierno español puso ayer a la dictadura franquista en el banquillo de los acusados por el Holocausto, a través de una resolución que permitirá hacer un nuevo examen histórico sobre su papel en la tragedia de los campos de extermino del régimen nazi.
El documento fue calificado por la izquierda de “justicia histórica”, mientras que la oposición derechista dijo se trata de “un revisionismo peligroso para la llamada solidaridad nacional surgida de la transición”.
La resolución que despertó la polémica es una moción que aprobó la comisión Constitucional del Parlamento en favor del reconocimiento de las víctimas españolas del nazismo y franquismo, para pedir su rehabilitación desde un punto de vista moral, jurídico y económico.
La propuesta, presentada por la Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), fue aprobada por todos los grupos parlamentarios, excepto el Partido Popular, después de ser aceptada una enmienda socialista para que la cuestión fuera afrontada en el marco de la iniciativa para la rehabilitación de todas las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, que el Congreso presentará antes del verano (boreal).
Además se evitó una invitación explícita a dilucidar la responsabilidad del estado español en el Holocausto, con el fin de terminar -según ERC- con “el equívoco de una supuesta neutralidad franquista en la Segunda Guerra Mundial”.

SIN POLITICA

Inicialmente, en efecto, el ERC pedía que el gobierno hiciera públicas las responsabilidades españolas en la tragedia vivida en los campos de concentración, y que ofreciera medios concretos para indemnizar a las víctimas y reparar su honor. Pero el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), oficialista, consiguió que la cuestión fuera afrontada desde el punto de vista humano y no político.
Sin embargo, el documento es una clara señal política y el vocero del ERC, Joan Tardá, definió “como un hecho histórico la decisión parlamentaria, que sienta un precedente para determinar cuál fue la colaboración del franquismo con el régimen hitleriano, a través de la deportación de prisioneros republicanos”.
Por su parte, el PP explicó su posición contraria al afirmar que la participación de la dictadura franquista en la Segunda Guerra Mundial “es una cuestión histórica que los historiadores deberán dilucidar o no en el momento oportuno”. No obstante, dijo condenar sin equívocos y de manera total “el Holocausto, el nazismo y el totalitarismo soviético encarnado en la figura de Stalin”.
La iniciativa parlamentaria se inserta en un clima político candente tras el choque entre socialistas y opositores derechistas en relación con la aprobación por el Parlamento de una resolución que autoriza a Zapatero a negociar con la organización separatista vasca ETA.
El clima ya se había recalentado en los meses pasados con la remoción nocturna, por parte del gobierno de la gran estatua ecuestre de Franco en Madrid, que provocó manifestaciones de sus adherentes y duelos verbales con la oposición de derecha, según la cual con esa clase de decisiones se reabren viejas heridas.