La Audiencia Nacional paraliza el envío de los 'papeles' de Salamanca.

El Constitucional admite a trámite el recurso presentado por la Junta de Castilla y León

JOSÉ YOLDI / J. M. LÁZARO - Madrid / Barcelona

Los cinco magistrados de la Sección Séptima de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional decidieron ayer paralizar hasta el próximo martes la salida a Barcelona de los papeles del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, que desde el jueves se encuentran en el Ministerio de Cultura. La sala admite la medida cautelarísima solicitada en el recurso del Ayuntamiento de Salamanca, y es una decisión excepcional, al paralizar la Ley de Restitución a la Generalitat de Cataluña aprobada por las Cortes. El ministro de Justicia dijo que el Gobierno "responderá jurídicamente". La Sección Séptima de la Sala Contencioso-administrativa de la Audiencia Nacional paralizó ayer el traslado de los documentos del Archivo General de la Guerra Civil a Cataluña, como solicitaba el Ayuntamiento de Salamanca en el recurso presentado en la misma jornada, como medida cautelarísima. Estaba previsto que los magistrados no adoptaran ninguna decisión sobre el recurso presentado por el Consistorio salmantino hasta el próximo lunes, pero se reunieron por la tarde a deliberar, al parecer ante la posible salida hoy de los papeles desde el Ministerio de Cultura. Los documentos se encuentran desde el jueves en la caja fuerte del Ministerio de Cultura, que ayer mantuvo una absoluta discreción sobre el día de traslado a Barcelona. Los jueces, con José Luis López Muñiz, como ponente y presidente, acordaron por unanimidad admitir el argumento del abogado del Ayuntamiento de Salamanca de que el traslado de los documentos se había realizado prescindiendo del procedimiento previsto por la ley para ello. La medida se mantendrá al menos hasta el próximo martes, día en el que se ha fijado una vista, a las 11.00, en la que el representante del Consistorio y el abogado del Estado, en representación del Ministerio de Cultura, expondrán sus alegaciones en contra o a favor del traslado de documentos, respectivamente.

Tras dicha vista se podrá levantar o mantener la paralización del traslado. La decisión se adoptará tras determinar si el cambio de ubicación de los documentos se ha realizado cumpliendo la ley o no. Los magistrados que han adoptado la decisión de paralizar el traslado son, además del presidente de la Sección Séptima de lo Contencioso, José Luis López Muñiz, los jueces Begoña Fernández Dozagarat, Jaime Alberto Santos, Isabel Reza Gómez y María Dolores de Alba Romero.

Tras conocer la decisión, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, afirmó que "el Gobierno, con toda normalidad y con toda celeridad, responderá jurídicamente por su cauce" a las resoluciones judiciales, adoptadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional, acerca de los papeles de Salamanca. Entre las reacciones suscitadas por la medida, la consellería de Cultura de la Generalitat de Cataluña transmitió anoche "su tranquilidad y total confianza" en que el traslado de los Papeles de Salamanca acabará produciéndose, tras conocer la decisión de la Audiencia Nacional. Hoy se celebrará una reunión en la que tomará parte la consellera, Caterina Mieras, para estudiar la decisión judicial sin precipitación. La ministra Carmen Calvo, que se encontraba ayer en Murcia, declaró antes de conocer la decisión de la Audiencia Nacional que el traslado se llevará a cabo "cualquier día de éstos", dentro del plazo legal (hasta el 19 de febrero), "simplemente es que se nos ha cruzado el fin de semana por medio", según Efe.

En principio, en Cataluña se confiaba en que los documentos pudieran estar en Cataluña antes del próximo miércoles, día en el que estaba previsto inaugurar una exposición dedicada a mostrar la historia de la reclamación de los papeles incautados tras la Guerra Civil con fines represivos por las tropas franquistas.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite, tal como estaba previsto, el recurso de inconstitucionalidad promovido por la Junta de Castilla y León contra la Ley de Restitucvión a la Generalitat de Cataluña de los documentos incautados en la Guerra Civil.

La admisión a trámite del recurso de la Junta de Castilla y León es una decisión mecánica que se registra en cuanto el tribunal comprueba que el recurso cumple los requisitos formales. Por eso, en la práctica todos los recursos de inconstitucionalidad se admiten a trámite. La admisión sólo implica que el pleno del tribunal, integrado por 12 magistrados, examinará en su día -pueden pasar años- si la Ley de Restitución es constitucional. Pero en un plazo mucho más breve, de 15 días, el Constitucional tendrá que decidir si suspende cautelarmente el traslado de los documentos, tal como solicitó la Junta de Castilla y León, aunque éstos ya se encuentren en Madrid.

Reacciones adversas de los partidos catalanes y complacencia en las instituciones de Salamanca

EL PAÍS / AGENCIAS - Madrid

Las reacciones a la paralización del traslado de los documentos del Archivo General de la Guerra Civil a Cataluña no se hicieron esperar. Nada más conocerse la noticia, entre los primeros en manifestar su opinión, el PSC consideraba que el traslado "es legal, y confiamos en que al final se haga esta valoración", según un portavoz de esta formación. El portavoz del Partit dels Socialistes de Catalunya ha atribuido esta situación a "campañas de agitación y de odio impulsadas por el Partido Popular que no benefician a nadie". Por su parte, el departamento de Cultura de la Generalitat valorará hoy la decisión adoptada ayer por la Audiencia Nacional. Un portavoz ha añadido, antes de hacer una valoración, que los asesores jurídicos del departamento examinarán la resolución adoptada a instancias del Ayuntamiento de Salamanca. En Esquerra Republicana de Cataluña no quisieron pronunciarse sobre el asunto y declinaron hacer de momento una valoración. El portavoz de Convergencia Democrática de Cataluña, David Madí, considera que la decisión "contribuye a enrarecer el clima que ya se está generando en torno a este asunto". "No esperábamos una sorpresa tan desagradable como ésta", afirma.

En el otro lado de la moneda, la Junta de Castilla y León exigió ayer diálogo y negociación y resaltó que lo importante es que con esta medida se pone de manifiesto el normal funcionamiento de las instituciones democráticas. La vicepresidenta segunda y portavoz de la Junta, María Jesús Ruiz, afirmó también que se trata de una buena noticia para los ciudadanos, porque con este auto "se ha impuesto el sentido común". Para la vicepresidenta del Gobierno regional la decisión judicial no deja lugar a dudas de que hace falta tiempo para llegar a un acuerdo, "lo que hasta ahora se nos ha restringido a todos los españoles". En esa misma dirección, el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Rodríguez, destacó que "esa decisión demuestra que hay que tener fe y confianza en el Estado de derecho". Añadió que lo decidido por la Audiencia Nacional "demuestra que el Ayuntamiento tenía razón y que el Gobierno estaba incumpliendo la ley", así como pone en evidencia "la chapuza y precipitación del Gobierno". El secretario regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, dijo que ahora entiende "las razones por las que el Gobierno tenía tanta prisa en sacar los documentos".

El Gobierno espera que la Audiencia ratifique el lunes el traslado de los 'papeles' de Salamanca

La Generalitat achaca la paralización a la estrategia del PP.- El Ayuntamiento salmantino insite en calificar el traslado como "expolio"

AGENCIAS - Madrid

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ha expresado la "tranquilidad" del Gobierno y su convicción, desde la convicción de que le asiste "la razón en derecho", de que el próximo lunes la Audiencia Nacional ratificará el traslado de los papeles de Salamanca tras escuchar al Abogado del Estado. Por su parte, la Generalitat catalana se ha tomado con "tranquilidad" la paralización del traslado de los documentos del Archivo General de la Guerra Civil a Cataluña, decretada anoche por la Audiencia. En todo caso, ha relacionado la paralización con "un paso más de la estrategia del PP para poner obstáculos al cumplimiento de la ley". Por su parte, el Ayuntamiento de Salamanca ha emitido un bando en el que insiste en calificar el traslado de “expolio”. Mieras ha asegurado que “sabemos que la ley [que establece el traslado] nos ampara y, por tanto, podrán impedirlo unos días o unas semanas", pero los "papeles pronto estarán en el Archivo Nacional de Cataluña". La consejera ha explicado que, "desde el principio" intentaron aprobar una ley "que no requiriera decretos o acuerdos de Gobierno porque esperábamos esta oposición rotunda, y en el proceso de ejecución de la ley pueden producirse recursos pero, en cualquier caso, confiamos en la justicia, este es un Estado de derecho y hay que dejar muy claro que esto no tiene nada que ver con la suspensión de la ley, es una orden de traslado recurrida", ha explicado. Caterina Mieras ha señalado que el lunes los servicios jurídicos de la Generalitat se pondrán en contacto con los del Gobierno para colaborar en este asunto porque, ha recordado, "la iniciativa jurídica" corresponde a la administración central.

El Ministerio de Cultura no ha querido valorar el asunto ya que "está en manos de la Justicia". Precisamente, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ha asegurado que el Gobierno actuará con "serenidad y tranquilidad" a través de su servicio jurídico, que es el abogado del Estado, ante las resoluciones de la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional por las que se suspende cautelarmente el envío de los papeles de Salamanca. López Aguilar ha dicho que “el abogado del Estado actuará en el momento que corresponde, es decir, el próximo día 24 de enero, en el que la sección VII de la Audiencia Nacional va a resolver sobre esa petición de suspensión cautelar".

En todo caso, el ministro ha dicho de que "ninguna de las dos resoluciones afectan al fondo, sino a la ordenación del procedimiento, y frente a las dos resoluciones el Gobierno actuará por su procedimiento y por su causa y desde la convicción de que le asiste la razón en derecho", ya que el Gobierno aplica la Ley de Restitución de documentos con el traslado de esa documentación. A su juicio, "ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ni la jurisprudencia del Constitucional contemplan la posibilidad de suspender una Ley del Estado porque se interponga un recurso de inconstitucionalidad". Ha dicho que se trata de "actos que aplican una Ley adoptada por el Parlamento, que es la soberanía popular, y por tanto perfectamente conformados en derecho y que no existe ningún interés superior al de la aplicación de la Ley, ni ninguna apariencia de perjuicio".

Un día triste para Salamanca

Desde el otro lado, el Ayuntamiento de Salamanca, gobernado por el popular Julián Lanzarote, ha emitido hoy un bando en el que insiste en calificar el traslado de los documentos a Cataluña de "expolio" que tiene como "único objetivo satisfacer un compromiso político con quienes no creen en España". Lanzarote, que ha leído el texto del bando en una convocatoria institucional, no ha querido comentar la paralización del traslado, ya que es un "tema jurídico" del que hablará el portavoz del equipo de gobierno, Fernando Rodríguez, como especialista.

El bando recuerda que el día 20 de enero será una "jornada triste para Salamanca", ya que sus ciudadanos sufrieron una "humillación innecesaria" por parte del Gobierno, que propició que "sin despertar el nuevo día" el "expolio" ya estuviera "consumado".

*Fuente: El País, 21 de Enero de 2006