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Judíos y masones muestran su preocupación por las obras sobre la fosa común del cementerio de Valencia
La decisión de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, de construir un millar de nichos sobre una fosa común del Cementerio General no sólo ha causado indignación entre colectivos republicanos y en los partidos de la oposición, que han exigido la paralización de las obras y un monumento en memoria de los fallecidos. La comunidad judía de Valencia, familiares de librepensadores represaliados por el franquismo y el supremo consejo de los masones muestran su preocupación por la actuación del gobierno municipal del PP y avanzan que pedirán información y respeto por los enterrados. El gobierno local del PP ha hecho oídos sordos a las reiteradas peticiones del Fòrum per a la Memòria del País Valencià, y de los grupos municipales del PSPV y EU-L'Entesa, para que se preserve la fosa común sobre la que se levantarán los nichos, se estudien los restos y se erija un monumento en memoria de las víctimas republicanas. La concejal de Medio Ambiente, María Jesús Puchalt, zanjó el asunto en el pleno del pasado viernes alegando que con las sucesivas exhumaciones en esa zona del camposanto ya no quedan restos de la posguerra española e ignoró cualquier consideración sobre la memoria y el valor histórico del lugar en el que las máquinas ya han comenzado a trabajar. El PP tampoco permitió al Fòrum colocar una placa en otra parcela del antiguo cementerio civil donde el colectivo asegura que yacen cientos de asesinados por el franquismo y en el que hace unos años desaparecieron lápidas y señalizaciones para que creciera el césped. Ahora el debate en torno a las obras en el Cementerio General se ha extendido hacia otros colectivos y religiones preocupadas por el destino de sus familiares y conocidos. Así, Isaac Sananes, presidente de la comunidad judía de Valencia, expresa su "preocupación" por la actuación municipal y pide una "investigación" que aclare si hay restos de fallecidos de su confesión en las zonas afectadas. "Por nuestra religión y cultura, donde hay un judío enterrado es tierra santa", indica Sananes, que ha puesto el caso en manos de la Federación de Comunidades Judías de España y avanza que revisará los registros del cementerio. Los judíos de Valencia reclaman desde hace décadas un lugar en el cementerio para sus muertos, recuerda su presidente. Sus familias han sido sepultados tradicionalmente en el cementerio civil. Su religión exige que yazcan en tierra y la posible exhumación de sus restos sería "una ofensa", ya que el judaismo sólo lo acepta si el destino del fallecido es Israel. Sananes no tiene constancia de que los cambios realizados en el cementerio civil hayan afectado a alguna sepultura judía y desconoce si hay restos en la otra fosa común, pero exige que se investigue y garantice el respeto a la religión y memoria de los fallecidos. Además, considera que "por solidaridad" con otras creencias o tendencias políticas debe abordarse una solución. "Queremos que se paren las obras y se cree una mesa para ver una solución, que se investigue", abunda Galo Sánchez, delegado de comunicación del Supremo Consejo del Grado 33 para España, organización masónica que también expresa su preocupación por las obras en el Cementerio General de Valencia. Sánchez se muestra convencido de que en las fosas comunes de Valencia "hay restos de masones", también represaliados en la posguerra, y considera que deben ser identificados. "Si hay tumbas masónicas que van a desaparecer, algo tendremos que decir y por eso pedimos la palabra", subrayó Sánchez, quien destaca el ejemplo de Madrid, donde "en el cementerio civil se ha conservado todo". En la zona civil de Valencia hay masones ilustres como el escritor Vicente Blasco Ibáñez, enterrado muy cerca de otra fosa común modificada hace unos años por el Ayuntamiento de Valencia. "Es una zona para la memoria", enfatiza Sánchez. El Supremo Consejo mantendrá una reunión esta semana para analizar la situación y decidir qué acciones emprenderá para preservar el lugar. La polémica en torno a las obras del cementerio valenciano se agudiza así medio año después de que el gobierno local aprobara la construcción de 1.030 nuevos nichos sobre una fosa común. El Fòrum per a la Memòria, tras analizar el libro de registro del camposanto, entre otros documentos, considera que hay indicios suficientes para afirmar que en los primeros años de la posguerra víctimas de ejecuciones y fallecidos en las cárceles acabaron en esa fosa común. La presidenta del Fòrum, Amparo Salvador, insistió el pasado viernes en que se paren las obras para que "no se destruya la única prueba que queda del exterminio franquista". La desaparición de posibles restos, cuya existencia niega la concejal responsable de cementerios, cerraría las puertas a la investigación del Fòrum, subraya Salvador, y dejaría a las familias que creen que ahí yacen sus muertos "sin la posibilidad de ir a llorarlos".
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