La Junta crea una comisión interdepartamental para la reparación de las víctimas del franquismo

1.700 personas se han acogido a las indemnizaciones por sufrir cárcel más de tres años

I. P.

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer la creación de una comisión interdepartamental (con la implicación de ocho consejerías) para el reconocimiento de las víctimas de la guerra civil y el franquismo, similar al órgano interministerial del Ejecutivo central. Aunque en Andalucía se habían dado ya algunos pasos -indemnizaciones a ex presos y cobertura a las asociaciones- con este nuevo organismo se quiere dar una respuesta global a un tema nunca cerrado, y "pagar la deuda moral", en palabras de su coordinador, el consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías.

La comisión interdepartamental pretende ser mucho más ambiciosa que el comité técnico, dependiente de la Consejería de Justicia, constituido el pasado mes de junio, después de varias iniciativas aprobadas en el Parlamento en este sentido. Este comité, integrado por las asociaciones de recuperación de la memoria histórica y expertos, había acordado ya trabajar sobre dos proyectos, aunque el presupuesto (300.000 euros en 2004) es insuficiente. Las iniciativas autorizadas son un mapa de fosas comunes, con la colaboración de las universidades, y la colocación de placas conmemorativas.

Gaspar Zarrías explicó ayer que el comité pasará a formar parte de la comisión, como un instrumento más, y avanzó que su intención es crear un centro documental sobre la resistencia antifranquista y la reconciliación de Andalucía. El órgano es similar a la comisión interministerial que preside la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aprobado el pasado septiembre.

Las funciones de la comisión andaluza, que presidirá Zarrías, además de coordinar la actuaciones del resto de las administraciones, son elaborar propuestas al Consejo de Gobierno sobre la reparación moral de los daños causados a las víctimas y profundizar en el estudio de sus derechos. La Junta ha indemnizado ya a 1.700 personas que estuvieron en cárceles y campos de concentración por periodos superiores a tres años, y que quedaron fuera del decreto del Gobierno central de 1990. Las cuantías de las indemnizaciones oscilan entre un mínimo de 1.800 euros y un máximo de 9.015 euros, dependiendo del tiempo de condena. De ellas podrán beneficiarse en torno a 2.500 personas, tanto víctimas directas como cónyuges viudos. La Consejería de Justicia tiene previsto destinar a este fin nueve millones de euros.

El consejero dijo que con medidas como éstas el Gobierno andaluz no pretende tanto "mirar atrás, como tratar de que podamos reconocernos mejor en nuestra memoria histórica", al tiempo que calificó el decreto como una manera de hacer "justicia" y de "pagar la deuda moral" que toda la sociedad española y andaluza tienen con unos hombres y mujeres que lucharon e por la democracia y la libertad. Según Zarrías, Andalucía se sitúa a la "vanguardia" de las autonomías en el reconocimiento de esa memoria histórica.

En cuanto a la composición de la comisión, además de por el consejero de la Presidencia, estará integrada también por la consejera de Justicia, María José López (que actuará como vicepresidenta) y por representantes de estos dos departamentos y de los de Gobernación, Economía y Hacienda, Innovación, Ciencia y Empresa, Igualdad y Bienestar Social, Educación y Cultura.

Declaración parlamentaria
Zarrías explicó que el decreto aprobado ayer es una respuesta del Gobierno en línea con la declaración institucional que aprobará hoy el Parlamento, en la que se reclama a la Junta que adopte "cuantas medidas sean precisas para el estudio de las víctimas de la guerra y de la dictadura" y que aborde "de manera global y definitiva la reparación de la memoria y la dignidad de los andaluces que sufrieron afrentas, represión y muerte".

La declaración institucional, consensuada por todos los grupos, insta también al reconocimiento y honor del "padre de la patria andaluza", Blas Infante, y estudiar las vías para la anulación de la sentencia del Tribunal de Responsabilidades Políticas de 1940 que condenó a muerte a Infante, cuatro años después de su fusilamiento. La declaración habla del reconocimiento de de la nominación del precursor del andalucismo en la última de las asambleas preautonomistas de la República como "presidente de honor de la futura autonomía", aunque este extremo podría ser modificado, ya que en realidad lo fue como "presidente de honor de la Comisión Ejecutiva Pro-Estatuto".