El Supremo rechaza revisar 72 ejecuciones del franquismo al estimar que no fueron ilegales.

La mayoría de los fusilados en juicios sumarísimos y sin garantías eran de Figueres y Girona

La reclamación ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo de la revisión de 72 penas de muerte dictadas por los tribunales franquistas por el procedimiento sumarísimo, ha sido desestimada con unos argumentos en los que se sostiene implícitamente la legalidad del alzamiento militar de Francisco Franco en julio de 1936.. La asociación demandante, formada por familiares de los fusilados, argumentaba que las penas de muerte -dictadas en muchos casos por acusaciones ideológicas y sin delitos de sangre- deberían revisarse porque Franco actuó contra la legalidad constituida, encarnada en las instituciones de la II República Española. El auto rechaza este argumento y mantiene que no hay nuevas pruebas que demuestren que se cometió un error en el fallo a causa de que dichas pruebas fueron desatendidas en su momento.

Esther Llorenç , impulsora de la Asociación de Familiares Represaliados por el Franquismo e hija de uno de los ejecutados para los que se reclamaba la revisión de su causa sumarísima, se mostró ayer muy dolida por el auto judicial y aseguró que "tras 25 años de democracia, muchas cosas todavía siguen igual [que antes con el franquismo]". La asociación pretende ahora llevar la revisión de penas al Tribunal Constitucional. La mayor parte de los ejecutados eran ciudadanos de Figueres y Girona, pero también había personas procedentes del resto de Cataluña.

La Sala Militar del Supremo considera en su resolución del pasado 15 de junio que las diversas proposiciones no de ley aprobadas por el Congreso de los Diputados, con las que la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo pretendía demostrar la ilegalidad del alzamiento de Franco y reclamar la revisión de 72 condenas a muerte, son "tan sólo un juicio de valor político y ético sobre los hechos históricos a que las proposiciones de ley se refieren". En el apartado de razonamientos jurídicos, el auto añade: "Las proposiciones no de ley alegadas por la parte son hechos, pero hechos políticos, declaraciones de intenciones programáticas. No podemos, por ello, darles más valor que el que parlamentariamente les corresponde, y, en consecuencia, ningún alcance pueden tener para producir la modificación de los hechos declarados probados en la sentencia en la que se centra la pretensión revisora...".

Carles Rahola
Llorenç mantiene que el Tribunal Militar desacredita incluso al Parlamento español al menospreciar el valor de sus proposiciones votadas de manera mayoritaria. El abuelo de Llorenç , Juan Lorenzo Alcalde, fue condenado, según explica su nieta, "por marxista, anarquista y masón; tres cosas que no pueden ir juntas". Además, añade, en la sentencia se le definía como "jefe del populacho de Gerona", cuando, según su nieta, vivía en Figueres y ni siquiera tenía coche para poder desplazarse.

En las 72 peticiones de revisión de sentencia que han sido rechazadas se encontraba también la del escritor y publicista gerundense Carles Rahola , símbolo de la cruel represión franquista, que fue fusilado en 1939 acusado de ser catalanista y haber escrito unos artículos -ciertamente moderados- en el periódico L'Autonomista .

Rahola , de espíritu generoso y tolerante, decidió en febrero de 1936 no cruzar la frontera, como le aconsejaban sus allegados, confiado en que su actitud pacífica y respetuosa con todas las ideologías le libraría de toda represalia cuando los franquistas entraran en Girona. No obstante, fue ejecutado por ser el símbolo del republicanismo y el catalanismo cultural.

La Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo se fundó hace un año en Figueres y ya agrupa a unas 130 personas de toda Cataluña. Además de organizar homenajes a las víctimas, su lucha se centra en el desagravio: la revisión de los juicios arbitrarios con que se condenó a sus familiares. "Se llegaba a juzgar a 24 personas en tres horas. No había defensa posible, se trataba de un ajusticiamiento vengativo con un simulacro de legalidad", asegura Llorenç .

Los familiares de los represaliados han tenido hasta ahora enormes dificultades para acceder a las sentencias de los consejos de guerra en los que pueden leer las acusaciones que llevaron al paredón a sus allegados. Incluso ahora, las cosas no son fáciles: "No podemos ni siquiera hacer fotocopias. Yo voy al archivo militar de Barcelona con una cámara y después saco copias en papel con un escáner para hacerlas llegar a los miembros de la asociación", explica Llorenç .

La asociación ha podido sufragar el coste del letrado que les ha llevado el caso gracias a una subvención de unos 15.000 euros que les otorgó la Generalitat de Cataluña.