La polémica del Archivo de Salamanca

Archivos con fondos de la Guerra Civil española

• La memoria de la represión
• El presente: un inmenso barullo

La memoria de la represión

El Gobierno exige a las partes enfrentadas un gran acuerdo sobre el Archivo de Salamanca

EL PAIS | Cultura - 04-06-2004

JOSÉ ANDRÉS ROJO - Madrid

El Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca se ha convertido, una vez más, en campo de batalla de posturas encontradas. Durante los últimos días los teletipos han llenado las redacciones de los periódicos con diferentes declaraciones de políticos e historiadores que sostienen posiciones antagónicas sobre lo que debe hacerse con el material allí acumulado. El conflicto viene de largo y, de forma sintética, puede hablarse de dos posiciones extremas: la de quienes defienden que de Salamanca no debe moverse un solo papel, para conservar la unidad del archivo, y la de los que sostienen que los documentos deben devolverse a sus legítimos propietarios, con lo que se iniciaría un proceso que terminaría por desmembrar lo que se ha reunido en la ciudad que un día fue, durante la Guerra Civil, la capital de la zona rebelde.
Una de las últimas intervenciones sobre el contencioso ha sido la del propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que el miércoles pasado se comprometió en el Parlamento, durante la sesión de control del Gobierno, a "hacer efectivo" el acuerdo que se alcance con las instituciones implicadas en el conflicto sobre los fondos del archivo para decidir el destino de los documentos reclamados por Cataluña y el País Vasco. Es necesario llegar a una "solución estable y definitiva" sobre este complejo problema, dijo, y señaló que el camino para conseguirla requiere llegar a "un gran acuerdo" a partir de la proposición no de ley que respecto a esta cuestión fue aprobada por la Cámara hace dos semanas.
Los primeros pasos ya están dados. El próximo 15 de junio se ha convocado a la comisión permanente del Patronato del Archivo de Salamanca, que como primer punto debe nombrar al sustituto del vicepresidente del mismo después de la renuncia de hace unos meses del anterior, Pedro Schwartz, y a partir de ahí iniciar las conversaciones y propuestas pertinentes para acabar con un problema que, según la proposición no de ley citada, debe estar resuelto a final de este año.
El diálogo, la sensatez y la buena disposición de las partes van a ser imprescindibles para tratar una cuestión que desata pasiones. ¿De qué se habla cuando se habla del Archivo de Salamanca? ¿Por qué desata tanta furia en los debates un montón de papeles, cada vez más frágiles por el paso del tiempo, en una época en que se generaliza la digitalización de los fondos de los archivos y en la que la presencia física de los investigadores (y papeles) empezará a desaparecer poco a poco? ¿Cómo se acumularon los fondos que generan tantos quebraderos de cabeza?
Cuando las tropas franquistas estaban a punto de tomar Barcelona (por ejemplo) disponían ya de una relación detallada de aquellos lugares en los que podrían encontrar la vinculación partidista (o ideológica incluso) de los habitantes de la ciudad. Instituciones públicas, sedes de partidos, logias masónicas, casas del pueblo y de particulares con alguna relevancia política, cualquier lugar susceptible de tener ese tipo de información, estaban ya marcados en un detallado mapa, y los destacamentos de vanguardia del ejército nacional tenían órdenes de incautar cuanto antes todos los archivos que encontraran en su camino. El objetivo: localizar al enemigo -y enemigos eran cuantos no participaban en la causa de la cruzada nacional-católica- para liquidarlo.
Así, pueblo tras pueblo, ciudad tras ciudad, capital tras capital, se fue organizando la represión desde que en abril de 1937 se creó en la zona nacional la Oficina de Investigación y Propaganda Antimarxista (OIPA), que empezó a actuar durante la ocupación de Bilbao el 19 de junio de ese mismo año. No se trataba simplemente de acabar con las figuras destacadas del bando enemigo (ésas se conocían públicamente). Había que buscarlos a todos para asegurar la retaguardia de los lugares conquistados.
Y todo el material confiscado tenía esa finalidad: probar que éste o aquél había sido republicano o socialista o comunista o anarquista o masón o nacionalista o simpatizante de la otra causa (un simple donativo al Socorro Rojo delataba "peligrosas" tendencias antifranquistas). Esos archivos, de los que se apoderaron en todo lugar por el que pasaron las tropas franquistas a partir de la conquista de Bilbao, terminaron por llegar tarde o temprano a Salamanca.
Así que ése es el origen del hoy llamado Archivo General de la Guerra Civil Española, que ha permanecido en Salamanca -donde fueron a parar todos los documentos- y que como tal sólo funciona desde el año 1979. Antes, el actual archivo había sido, de manera oficial a partir del 26 de abril de 1938, la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos (de la zona republicana), y servía para establecer y confirmar quién había sido enemigo de Franco. Todos los documentos sólo estaban allí para hacer viable un ambicioso proyecto: reprimir al enemigo.
"En la organización de los documentos de Salamanca nunca se utilizaron criterios archivísticos", explica Aurelio Martín Nájera, director del Archivo de la Fundación Pablo Iglesias. "No es casual encontrar entre los legajos de Barcelona papeles que son de Madrid, y eso es así porque las sacas que incautaba el ejército nacional llegaban sin orden ni concierto y se abrían para buscar la información urgente para organizar la represión. Lo demás podía servir para cualquier cosa. Miles de carteles fueron quemados para combatir el frío".
Llegaban las tropas nacionales, arramblaban con todo lo que encontraban, y buscaban lo que les interesaba: las listas de nombres vinculadas a las organizaciones enemigas. Todo lo demás era superfluo: a veces se conservaba, a veces se tiraba, a veces se quemaba, a veces se enviaba a otro organismo, incluso se devolvía. Lo explica Josep Cruanyes, autor de Els papers de Salamanca. L'espoliació del patrimoni documental de Catalunya (1938-1939) (Ediciones 62): "Cuando los franquistas requisaron en Barcelona los archivos del Tribunal para la Represión del Contrabando del Gobierno legítimo, las autoridades nacionales separaron todos estos papeles y llegaron a publicar anuncios en los periódicos para que las empresas y particulares que eran investigados por actividades dudosamente legales pudieran recuperar sus títulos, acciones o lo que hubiera allí reunido".
El objetivo, finalmente, no era otro que organizar un fichero nominal con toda la información necesaria para poner en marcha la maquinaria represiva. "Rastreaban donde aparecía un nombre y lo apuntaban en una ficha", explica Cruanyes. "Así se sabía que tal señor había pertenecido, por ejemplo, a la CNT y se podía proceder contra él. Fue una tarea concienzuda que duró años y que se hizo con suma aplicación. He podido seguir en mi libro cómo la petición de una información a Salamanca, cursada en 1939, se realizaba con tanto rigor que seguía adelante año tras año conforme iban apareciendo nuevas referencias del personaje investigado. Es decir, que poco a poco se iba entrando en las sacas acumuladas y se ponía al día la información. De 1944 a 1958 se van clasificando todos los papeles hasta crear una relación de unos tres millones de fichas. Los tribunales, dependencias militares y consejos de guerra querían saber algo y lo solicitaban a Salamanca. La información fluía de inmediato y las instancias represoras procedían".
Actualmente, el Archivo General de la Guerra Civil Española está dividido en dos secciones. La sección político-social, donde se incluyó toda la información que se robó relacionada con partidos, sindicatos, instituciones nacionalistas o republicanas y agrupaciones de carácter civil, y una sección especial destinada a la masonería.
El historiador Nigel Townson, autor de La República que no pudo ser (Taurus), estuvo investigando largo tiempo en Salamanca. "Lo que necesitaba consultar eran todos los documentos que allí existen del Partido Republicano Radical, y que procedían de su sede central en Madrid, además de otras sedes dispersas en toda España, y de los papeles requisados en la casa de su fundador, Alejandro Lerroux. También me resultó muy útil toda la información sobre masonería, pues fue en ese partido donde hubo un mayor número de masones. Se trataba de un material que no tiene tanto que ver con la Guerra Civil como con la República, y quizá ahí resida uno de los equívocos. Lo que hay en Salamanca guardado sólo tiene en parte que ver con la guerra. Lo que hay está más bien relacionado con la República e, incluso, con periodos anteriores. Yo encontré algunas cartas fechadas a principios de siglo".
Santos Juliá también investigó en Salamanca. "Allí se encuentran todos los procesos que se pusieron en marcha después de la revolución de octubre de 1934", comenta. En cuanto a documentación específica sobre la Guerra Civil, considera, como Townson, que es mucho más rica la que se conserva en el Archivo Histórico Nacional (en Madrid), el Archivo General Militar (en Ávila) y el Archivo General de la Administración (en Alcalá), además de la que puede encontrarse en otros archivos.
No es, pues, demasiado correcto llamar al de Salamanca Archivo General de la Guerra Civil Española, pues lo que transmite ese nombre es que allí se encuentra el grueso de la información sobre el desarrollo del conflicto. Puede transmitir, además, la idea falsa de que la documentación sobre esa etapa tan dolorosa está centralizada. "Lo que hay, sobre todo, es una enorme dispersión", explica Townson. "Lo que importa, para un historiador, es que los archivos sean accesibles".
Es una de las vías que defiende también Aurelio Martín Nájera. "Digitalizar todo el material es un camino por explorar. Una vez reorganizado, pueden devolverse los originales a sus legítimos propietarios siempre que éstos garanticen que no van a guardarlos en un armario y que van a tenerlos a disposición pública".
"En 1944, el Archivo de Salamanca cambió de nombre y empezó a llamarse Delegación Nacional de Servicios Documentales", explica Josep Cruanyes. "Como tal funcionó hasta el 28 de octubre de 1977, en el que un decreto del Gobierno de Adolfo Suárez lo convirtió en el Archivo General de la Guerra Civil Española. El problema ha sido que la modélica transición española no llamó a las cosas por su nombre, y un archivo construido a partir de la rapiña franquista pasó a considerarse la memoria más completa del conflicto civil. Es importante saber, de todas formas, que sólo se ha conservado el 10% de lo que se incautó en Cataluña. Una parte de la documentación se devolvió a sus propietarios durante la guerra, como he explicado; otra fue a parar al Archivo Histórico Nacional cuando se realizó la Causa General; otros papeles fueron reclamados por los militares, y hubo otros que fueron a parar a manos de la brigada político-social. La historia del archivo cuenta con muchos episodios de traslado de documentos".
Si se hiciera ahora caso de las reivindicaciones de catalanes y vascos, el proceso sería imparable. También tendrían derecho a reclamar lo suyo otras organizaciones políticas y sindicales, e individuos particulares. "No puede mantenerse arbitrariamente la unidad de un material robado si los legítimos dueños quieren recuperar lo que es suyo. Tienen el derecho moral a exigir una reparación", dice Aurelio Martín Nájera.
"Las historias de los archivos son, además, muy distintas", continúa, "no puede aplicarse el mismo criterio a todos. Si tenemos en cuenta la situación del Archivo de la Agrupación Socialista Madrileña, éste se encuentra ahora escindido entre tres instituciones distintas: en Salamanca, en el Archivo Histórico Militar y en la propia Fundación Pablo Iglesias. En cuanto al Archivo de la Comisión Ejecutiva del PSOE, se llevó al terminar la guerra a París, donde fue incautado por los nazis, que lo trasladaron a Berlín, y de allí pasó a manos soviéticas. En su día se reclamó y fue devuelto. Otro caso distinto es el de la CNT. Sus archivos están en el Instituto Social de Holanda, en Amsterdam, y si no los han devuelto es porque la propia CNT se escindió y no podía partirse la documentación para restituirse a dos agrupaciones distintas que lo reclamaban bajo las mismas siglas".
La delicadeza de los problemas que rodean la polémica en torno al Archivo de Salamanca es inmensa, y la fórmula para arreglar el contencioso va a exigir que todos los implicados renuncien a parte de sus exigencias. Si se van devolviendo papeles, para cerrar viejas heridas, se podría terminar con un archivo que, tal como está, constituye un cabal reflejo de lo que fue la represión. La pregunta es ¿qué pesa más?, ¿reparar una grave afrenta o conservar un monumento que sintetiza la rapiña?

Políticos e historiadores sostienen posiciones antagónicas y apasionadas en el conflicto

EL PAIS | Cultura - 04-06-2004

J. A. R. - Madrid

Una cosa es lo que se conserva en el Archivo de Salamanca. Lo que hay en las calles y en el Parlamento es un inmenso barullo. Están las declaraciones de los políticos y las manifestaciones de los ciudadanos. En todo ello se mezclan dos materias altamente inflamables: la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y todo cuanto está relacionado con las identidades nacionales de los territorios reprimidos por la dictadura.
Detrás de todo ello, una voluminosa cantidad de papeles que se han reunido en varias plantas en la sede del Archivo en Salamanca. "El conflicto tiene algo de anacrónico", comenta el historiador Santos Juliá. "Con las nuevas tecnologías, la utilización directa del papel por parte de un historiador tenderá a desaparecer. De hecho, cada vez hay más documentos que se te quedan en las manos y que sólo se pueden consultar a través de fotocopias o de microfilmes. La digitalización de los archivos está en marcha y dentro de un tiempo ningún investigador tendrá acceso a los originales".
Son esos papeles originales los que motivan el conflicto. ¿Dónde tienen que estar? ¿En Salamanca? ¿Con sus dueños originales? ¿En un centro diferente que reúna también el material de otros archivos? El pasado miércoles, el portavoz del PNV, Josu Erkoreka, se interesaba en el Parlamento por las cartas privadas del primer lehendakari, José Antonio Aguirre, del histórico nacionalista Juan de Ajuriaguerra y de Manuel Irujo, que fue ministro republicano. Todas están en Salamanca, como muchos papeles del PNV. El 31 de mayo, en Barcelona, el candidato del PSC a las elecciones europeas, Raimon Obiols, reclamó que regresaran a Cataluña los documentos de su padre, incautados durante la Guerra Civil, y pedía también que se devolvieran los papeles que hay en Salamanca de "miles de catalanes".
Para entonces, según informaba Efe, se habían reunido ya 12.000 firmas de ciudadanos salmantinos que, gracias a una iniciativa de su Ayuntamiento, gobernado por el PP, expresaban su rechazo a que se moviera de allí un solo papel del archivo. Unos días antes, Juan José Lucas, vicepresidente segundo del Senado, había dicho de forma rotunda que "la dignidad de Castilla y León" no puede permitir que "se someta a mercado" el destino del archivo y que debían primar, sobre todo, consideraciones técnicas. También el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, había expresado su preocupación ante la posibilidad de que se devuelvan algunos documentos. Hace un par de días, informa Aurelio Martín, el PSOE de Castilla y León anunció la presentación de varias iniciativas en el ámbito parlamentario regional (sin descartar acciones judiciales) para aclarar el uso de fondos públicos en encartes en periódicos y pegatinas en favor de la unidad del archivo, auspiciados por el Gobierno autonómico que preside Herrera.
El problema ha llegado ya a los campos de fútbol. Ángel Villalba, secretario regional del PSOE, ha denunciado hace poco que los jugadores de la Unión Deportiva Salamanca saltaran al campo de juego, el domingo pasado, con una pancarta en la que se leía "Por la unidad del archivo".
La política entra de lleno en una cuestión tan delicada, en la que ni siquiera hay acuerdo entre los historiadores. En los últimos días se han pronunciado públicamente Ian Gibson -"la polémica es innecesaria", dijo, y opinó que "Cataluña tiene razón"- y Fernando García de Cortázar, que entiende que sería una "barbaridad" el "desguace" de los fondos sobre la Guerra Civil "por intereses políticos". El galimatías llega a tales dimensiones que el PP valenciano llegó a reclamar la devolución de los documentos de esta comunidad que están en Salamanca, mientras Mayor Oreja, cabeza de cartel del mismo partido en las elecciones europeas, hacía de la unidad del archivo una de las banderas de su actual discurso político.
"Quizá si en 1977 se hubiera reconocido que el archivo había sido fruto de un expolio, y se hubiera incorporado a las víctimas del mismo al patronato del recién formado Archivo General de la Guerra Civil Española, no se hubiera llegado a la situación de crispación que existe hoy", comenta el director del archivo de la Fundación Pablo Iglesias , Aurelio Martín Nájera.
Criterios científicos
Lo cierto es que el funcionamiento del archivo como un servicio que opera sobre una inmensa cantidad de documentos históricos con criterios científicos es relativamente reciente. Hasta 1977 su función era otra. Desde entonces es mucho lo que se ha hecho. Una parte de la documentación se ha microfilmado (aunque no sea fácil calcularlo, podría decirse que se ha trabajado ya sobre más del 50% de los papeles) y, poco a poco, empieza a digitalizarse. Las querellas políticas no deberían estorbar las tareas pendientes. Tampoco es demasiado lógico que fueran a empañar el verdadero desafío: el de proporcionar al estudioso la información más completa sobre la historia de España más reciente.
Mientras tanto, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Salamanca lanzaban ayer en sus páginas web diferentes mensajes en favor de la unidad del archivo, según Efe, e incluían enlaces con el manifiesto que han firmado diferentes representantes contra del acuerdo adoptado por el Congreso de los Diputados el pasado 18 de mayo. En 1995, ante las primeras reclamaciones, hubo numerosas manifestaciones en Salamanca contra la disgregación de la documentación. Unos años más tarde, el panorama no parece haber cambiado mucho.

Archivo General Militar de Ávila. Creado en 1994, su núcleo inicial se constituye con el antiguo «Archivo Histórico de la Campaña», que reunió en 1939 la documentación militar de los dos bandos de la Guerra Civil. Del nacional se conserva en Ávila la documentación del Cuartel General de Franco y de sus diferentes cuerpos de ejército, divisiones, etc., así como de las unidades de Falange y Requeté. Asimismo, la de la División Azul. De la zona republicana se conservan papeles del Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio de Propaganda, de las Direcciones Generales de Seguridad y de Carabineros, así como documentos de la Generalitat de Cataluña y el Gobierno vasco.

Archivo General Militar de Guadalajara. Creado en 1967, conserva la documentación de la Comisión Central de Penas del antiguo Ministerio del Ejército, que incluyen los expedientes de revisión de penas impuestas a presos del bando republicano entre 1936-1945 y los de penas de muerte conmutadas en el mismo periodo.

Archivo General de la Marina. Con sede en Viso del Marqués (Ciudad Real), posee la documentación sobre la historia naval de la Guerra Civil, procedente del Servicio Histórico de la Armada.

Archivo Histórico del Ejército del Aire. Tiene su sede en el Castillo de Villaviciosa de Odón (Madrid). Creado en 1972, guarda la documentación de la aviación de los dos bandos de la Guerra Civil.

Archivo Histórico Nacional. Tiene su sede en Madrid. Alberga los papeles de la «Causa General» y los archivos personales de destacadas figuras como Martínez Barrio y el general Rojo.

Archivo General de la Administración. Con sede en Alcalá de Henares, posee los expedientes de depuración franquista de funcionarios de todos los ministerios de la República y la documentación de juicios del Tribunal Central de Responsabilidades Políticas. También un gran fondo fotográfico.

Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores. Posee los fondos de los gobiernos franquista y republicano durante la Guerra Civil, y del republicano en el exilio.

Archivo de la Presidencia del Gobierno. Fondos de la Junta de Defensa Nacional, primer órgano de la zona franquista.

Otros archivos. Audiencias Territoriales y los antiguos Gobiernos Civiles, conservan fondos relativos a la represión. En diferentes dependencias militares, se conservan los consejos de guerra contra los vencidos