CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 2004 VIII Legislatura Núm. 134

CULTURA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CLEMENTINA DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA

Sesión núm. 7 celebrada el miércoles, 10 de noviembre de 2004

Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

SOBRE MEDIDAS ENCAMINADAS A LA CONSERVACIÓN Y CATALOGACIÓN EN LOS ARCHIVOS CIVILES Y MILITARES DE LOS EXPEDIENTES Y SUMARIOS INSTRUIDOS CONTRA LOS REPRESALIADOS DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC). (Número de expediente 61/000159.)

-       La señora PRESIDENTA: Señoras y señores diputados, se abre la sesión. En primer lugar, procedo a comunicarles que la proposición no de ley correspondiente al Grupo Parlamentario Vasco, por la que se insta al Gobierno a la devolución de los fondos documentales incautados durante la guerra civil en el País Vasco y actualmente depositados en el Archivo histórico de Salamanca, y la proposición no de ley de Grupo Parlamentario de Izquierda Verde- Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para depositar los documentos incautados en el País Valencià del Archivo General de la Guerra Civil española en los archivos de la Generalitat Valenciana, ambas proposiciones no de ley quedan aplazadas, debido a dificultades de los portavoces para comparecer hoy. Vamos a comenzar con el orden del día,
si bien a petición de los propios grupos se solicita a esta Presidencia que haya una alteración en el orden del día, de tal forma que la proposición no de ley que figura en tercer lugar, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, pudiera pasar a ser debatida en primer lugar. Por tanto, tiene la palabra su portavoz Joan Tardà i Coma para la defensa de esta proposición no de ley, sobre medidas encaminadas a la conservación y catalogación en los archivos civiles y militares de los expedientes y sumarios instruidos contra los represaliados de la guerra civil española. Señor Tardà, tiene la palabra. 

  -     El señor TARDÁ I COMA: Si me permiten, obviaré hacer un resumen de la exposición de motivos por cuanto es evidente que nos repetiríamos si tenemos presentes las últimas semanas, en que han convergido múltiples iniciativas provenientes de diversos grupos parlamentarios, todas ellas encaminadas a restablecer la dignidad de tantos y tantos represaliados por la dictadura y a revitalizar la memoria de un periodo de nuestra historia. Debo decir que nuestro grupo parlamentario lamentó que fuera rechazada la petición, que hicimos al cabo de unas semanas -pocas- de haberse constituido este periodo legislativo, de creación de una comisión parlamentaria de carácter no permanente que tuviera como responsabilidad la elaboración del libro blanco, con el cual nosotros creíamos que finalmente el Estado y el Gobierno español hubieran podido pasar página a la historia, pero es cierto que una moción subsiguiente a la interpelación formulada por la diputada de Eusko Alkartasuna dio lugar a la creación de una comisión interministerial que, si se cumplen los compromisos pronto, presentará la planificación de todo aquello que se abordará para que, de una vez por todas, se hagan los deberes que no se hicieron en décadas pasadas, y fíjense que hablo de décadas. Nuestra proposición no de ley tiene una doble vertiente: la segunda -que no por repetida deja de ser fundamental para nosotros- es instar que el Estado avance en aquello que para nosotros es fundamental como es la nulidad de las causas sumarias y sumarísimas que llevaron a
tantos miles de demócratas al paredón, más otras penalidades que tuvieron que sufrir otros tantos miles de demócratas. Entendemos que esa discusión está englobada en otra que ya hicimos en pleno hace pocas semanas, a raíz de otra proposición no de ley presentada por nuestro grupo, que tenía como finalidad la derogación de la causa
sumarísima al presidente de Cataluña Lluís Companys. Por su singularidad, se presentaba al margen de otras, pero era evidente que la causa que perseguíamos respecto al presidente Companys no era otra cosa que el ariete de lo que debería ser la restitución del honor de tantos miles de represaliados. En la proposición no de ley pusimos otro apartado que hacía referencia a la necesidad de mantener los archivos en un estado de policía aceptable; digo estado de policía porque todavía hoy día en algunos archivos militares y también en alguna audiencia provincial el estado de los fondos documentales es deplorable, no por falta de profesionalidad de los trabajadores sino por falta de medios, los inventarios por hacer, los catálogos faltos
de apéndices que los complementen, por no hablar de las condiciones de salubridad en que se encuentra la documentación que, por estar en papel, sufre un deterioro enorme. Hay otras situaciones francamente deplorables que tienen que ver con el acceso a la documentación por parte de los investigadores. Podemos afirmar que faltan inventarios, que las consultas no se pueden hacer por municipios, que existen casi unas 100.000 causas sumarísimas que no se pueden fotocopiar, que el investigador, el historiador o el familiar que busca información se pierde en un laberinto de documentación más almacenada que inventariada. Además existen problemas tan domésticos como que no se puede fotocopiar ni escanear, no existen índices, en definitiva, un problema gravísimo. Debo decir que en algunos archivos militares las cosas funcionan mejor -sería falta de decoro no reconocerlo-. Por ejemplo, existe un convenio entre las autoridades militares y la Generalitat de Catalunya y se está avanzando, aunque despacio, por lo que respecta al Archivo de la Capitanía Militar de Cataluña, aunque debo decir que hay archivos en otras sedes en donde está casi todo por hacer. En definitiva, ¿qué pedimos? Pedimos que la memoria histórica fundamentada en la documentación archivística pase a formar parte del frontispicio de lo que entendemos que la comisión interministerial adoptará como medida prioritaria como es destinar fondos económicos para que los profesionales tengan capacidad logística para hacer todo aquello que un Estado moderno y rico como el nuestro debe hacer con el patrimonio documentado por la necesidad de conservarlo y para facilitar su acceso a las nuevas generaciones -básicamente de historiadores, pero también de personas que, de alguna manera u otra, se sienten vinculadas a algún aspecto contenido en la documentación, sea por razones familiares o por razones estrictamente ideológicas - sin ningún tipo de cortapisa. Nuestra petición forma parte de los deberes de los grupos parlamentarios de tradición republicana o democrática y debe hacerse sin ningún reparo en este inicio de siglo; esperamos que la comisión interministerial acoja nuestra demanda en el plan estratégico que esperamos ver anunciado prontamente. Debo decir que el Grupo Socialista nos ha pasado un texto que contiene unas aportaciones, que, por su inmediata entrega, no hemos podido acabar de estudiar, pero nuestra voluntad sería que, antes de finalizar la sesión, pudiéramos llegar a un acuerdo en la medida en que nuestra demanda y nuestros objetivos pueden adecuarse a los del Grupo Socialista. Desearíamos tener unos minutos para estudiarlo. 

  -     La señora PRESIDENTA: En primer lugar y al ser autor de una enmienda, por el Grupo Socialista tiene la palabra su portavoz don Domingo Tabuyo Romero. 

  -     El señor TABUYO ROMERO: Nuestro grupo comparte el espíritu que late en esta iniciativa y que pretende rescatar la historia silenciada, partiendo del convencimiento de que la historia de las sociedades y de los pueblos no se construye desde el olvido sino desde la verdad, nunca desde la ocultación sino desde la claridad. Quiero recordar la famosa referencia del ex ministro Jorge Semprún en la que reconocía que no podemos confundir perdón con olvido. Sin pretenderlo, nuestro pasado reciente, caracterizado por su afán de dejar cicatrizar todas las heridas, pudo ofrecer una cierta imagen de silenciar una parte de la historia común, justo aquella que causó grandes sufrimientos a una importante parte de nuestra sociedad. El acceso a la información, a la documentación que permita establecer contactos para la recuperación de restos o para el conocimiento de las circunstancias de muchos de los represaliados es un elemento fundamental para la construcción no sólo de la realidad individual sino de la realidad colectiva y, como tal pieza clave, debe seguir estando custodiada, conservada y catalogada para facilitar la recuperación del conocimiento, el destino y la dignidad de muchos hombres y mujeres que sufrieron represión, exilio, inhabilitación y condena. En la pasada legislatura, la respuesta del Gobierno a una pregunta del Grupo Socialista, contestada en marzo de 2003, sobre los archivos del Estado en los que se encuentra información sobre consejos de guerra, consejos sumarísimos y ejecuciones de sentencias en las distintas provincias españolas puso de manifiesto que todos los expedientes, diligencias e informaciones producidas por los juzgados togados o tribunales militares durante la guerra civil y posguerra han sido conservados en instalaciones militares y bajo la responsabilidad de la Administración militar y del Ministerio de Defensa, hasta que se aprobó la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, adaptándose a la exigencia constitucional de separación de poderes, incluyendo la custodia y administración de los archivos de la justicia militar. Los nuevos tribunales y juzgados militares heredaron casi íntegramente los archivos de los órganos jurisdiccionales militares precedentes, dependiendo de ellos en la actualidad la custodia y el acceso a los expedientes de años treinta y cuarenta, excepto los referidos a los juzgados del Ejército del Aire, que están en el archivo histórico del mismo ministerio, al que fueron trasladados antes de la aprobación de la nueva ley orgánica. Existen cinco tribunales militares territoriales con sedes en Madrid, Sevilla, Barcelona, A Coruña y Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, para facilitar a los interesados documentación que acredite su paso por campos de concentración con motivo de la guerra civil, se han firmado convenios con la Generalitat de Catalunya, el Govern de las Illes Balears y la Comunidad de Castilla-La Mancha y está previsto otro con la Comunidad del País Vasco. Dicha documentación se encuentra en el Archivo General Militar de Guadalajara y estas colaboraciones han permitido agilizar la búsqueda de expedientes y la remisión de los certificados correspondientes. Una parte de la documentación judicial producida por
los órganos de la jurisdicción militar durante la guerra civil y el franquismo se encuentra actualmente en los archivos históricos militares. En ellos, en lo que respecta a conservación y tratamiento de dicha documentación, se siguen los mismos criterios que se aplican de modo general al resto de los fondos. Se trata, en primer lugar, de preservarlos y garantizar su conservación física y, en segundo lugar, de facilitar su recuperación mediante la elaboración de los pertinentes instrumentos de control y descripción que permitan un mejor acceso a la información contenida en ellos. Esta documentación judicial custodiada en archivos históricos militares está accesible a la consulta de los ciudadanos con las únicas limitaciones que marca la ley. El pasado 1 de junio, decía Ramón Jáuregui que las heridas cicatrizan con el aire de la verdad y el oxígeno del reconocimiento histórico y social. Desde el Grupo Socialista reivindicamos una recuperación consensuada de nuestra memoria histórica para poder ser una sociedad más fuerte y concienciada, como resultado de haber mirado de frente a nuestra historia más reciente. Somos una sociedad madura, que debe ser capaz de incorporar a su acervo sociocultural la experiencia adquirida también de lo negativo sufrido y aprender y enseñar a nuestra ciudadanía que, cuando el poder no está animado por la pluralidad y la diversidad y no está amparado en valores democráticos, solo genera abusos y sistemas para perpetuar el dominio a cualquier precio. Si desde una cierta desmemoria se construyó la realidad compartida que ahora disfrutamos, hoy la sociedad reclama la reparación moral, hacer justicia con la memoria de las víctimas, devolverles su nombre y su dignidad y reconocer que la prudencia de la transición no implicó en ningún caso ni abandono ni olvido. En este
sentido, el pasado 1 de junio de 2004 el Pleno del Congreso, con la abstención del Grupo Popular y el voto afirmativo del resto de los grupos, acordó ahondar en esta recuperación de la memoria histórica mediante facilitar el acceso a la información que figure en archivos públicos y privados, prestar apoyo en la búsqueda de datos personales que permitan recuperar la verdad y, con carácter general, rememorar y proyectar en la cultura social de nuestro país lo ocurrido en la guerra y posterior represión franquista. A este efecto deberán destinarse medios materiales y humanos suficientes. La constitución, el pasado mes de septiembre, de la comisión interministerial creada para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo debe ser, desde nuestro punto de vista, el órgano que permita estudiar, analizar y coordinar las diversas iniciativas tendentes a reparar los agravios cometidos y llegar a conseguir así su rehabilitación tanto moral como jurídica, debe ser el cauce que dirija las medidas a adoptar basadas en los informes jurídicos pertinentes y que permitan avanzar por la senda de la certeza jurídica hasta el destino de la rehabilitación definitiva. Se trata, señorías -como decíamos al principio-, de la recuperación de la memoria histórica, la que preserva la identidad y la continuidad de los pueblos y de las sociedades, basada en no olvidar ni lo aprendido ni lo sufrido. Si algo nos ha enseñado la historia contemporánea de Europa en su conjunto es que, dentro de la galería común de la memoria, debe haber un lugar de privilegio para la memoria herida. Presentamos esta enmienda y esperamos llegar a una transacción con el Grupo de Esquerra Republicana. Incide en estos puntos que acabamos de exponer. Primero, que se continúe adoptando las medidas necesarias para garantizar la custodia, conservación y tratamiento de la información judicial producida en la jurisdicción civil y militar durante la guerra civil y el régimen franquista. Segundo, que la documentación judicial custodiada en archivos históricos civiles y militares esté accesible a la consulta de los ciudadanos, y especialmente de los investigadores, sin más limitaciones que las que marque el ordenamiento jurídicovigente. Tercero, prestar apoyo en la búsqueda de aquellos datos personales que permitan recuperar la verdad de los casos particulares y, con carácter general, rememorar y proyectar en la cultura social de nuestro país lo ocurrido durante la guerra civil y posterior represión franquista. Cuarto -que tendría una nueva redacción -, iniciar en el seno de la comisión interministerial creada para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo las iniciativas y estudios que permitan en la medida de lo posible avanzar en las fórmulas jurídicas precisas para la revisión de las causas y sentencias.

-     La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Robles Orozco.

-     El señor ROBLES OROZCO: En primer lugar, quiero decirles que esta proposición no de ley, en un momento en el que se están debatiendo en otras esferas temas relacionados con la política archivística, no aporta elementos necesarios de serenidad, de objetividad y de criterios técnicos, que son los que deben presidir en todo momento este debate. No los aporta porque, coincidiendo en los argumentos que han utilizado en algunos aspectos tanto el ponente como la enmienda socialista, en lo que se refiere a las cuestiones técnicas, científicas, de medios, de acceso, mezcla otros criterios de carácter político. Los dos puntos de la proposición no de ley son diametralmente opuestos, no complementarios, por tanto, no aportan ni la serenidad ni el debate técnico necesario para abordar esta política. No es una proposición no de ley oportuna, y ya anuncio que nuestro grupo se abstendrá en su votación. 5 Quiero decirles que para nosotros determinados criterios deben de regir la política archivística. Debe ser fundamentalmente criterios científicos y técnicos donde, por encima de los avatares, de las opiniones y de las circunstancias, debe prevalecer el criterio científico y profesional, que los tenemos y muy buenos. Esa política técnica, además, debe custodiar de una forma clara el patrimonio común de todos los españoles, por supuesto con arreglo a la verdad, pero también con arreglo a los criterios de prudencia y de sensibilidad a la hora de abordar estos temas. Siempre nos han regido el criterio de la pluralidad y el criterio de lo técnico. Hemos recordado en todas nuestras intervenciones las recomendaciones de la Unesco, las recomendaciones de la junta de archiveros, las recomendaciones de las diferentes comisiones técnicas que se han ido creando y la necesidad de desvincular todas estas cuestiones de otros aspectos que, siendo legítimos, deben de tener otros cauces, deben de tener otros foros y debe de tener una plasmación distinta de lo que son en este momento las reivindicaciones vinculadas a las cuestiones archivísticas. Es evidente -y hay una parte en la que vamos a coincidir- que lo importante es continuar con la política que se ha seguido durante estos años de acuerdos, de desarrollos técnicos, de convenios entre diferentes administraciones, de recursos materiales, de inversión en tecnología. El portavoz socialista ha hecho una serie de relatos que conectan con todo lo que se ha venido haciendo en estos últimos años en cuanto a la política de desarrollo de todos estos archivos, conexiones y potenciación de lo que hoy básicamente es el principal archivo general de la guerra civil española, el Archivo de Salamanca. Vamos a coincidir en la necesidad de seguir potenciando el Archivo General de Salamanca (potenciando, no desmembrando), vamos a coincidir en la política de dotarle de mejores medios, de dotarle de la mejor tecnología, de facilitar el acceso al archivo no sólo a los investigadores sino también a las personas individuales, como así ha venido siendo en la historia. Hay que recordar que ese archivo ha servido para dotar de certificados a miles de personas que han podido documentar su situación y de la cual se ha derivado resarcimiento no
solamente de carácter moral sino también de carácter material. El Archivo General de Salamanca ha cumplido una finalidad extraordinariamente positiva, por tanto, vamos a coincidir en la capacidad del archivo, de servir a la recuperación no sólo de la memoria, como se dice, sino también de los derechos individuales de las personas, vamos a coincidir con la necesidad de que tenga los mejores medios materiales para cumplir sus objetivos como una parte de la investigación y de la memoria de nuestro país, como patrimonio común de todos los españoles y con el criterio científico técnico que debe avalar este archivo, en conexión directa con las recomendaciones de la Unesco y de las recomendaciones de las comisiones de expertos, que ya son muchas las que se han ido creando a lo largo de estos años. No vamos a coincidir en otros fines distintos que deben de tener otras expresiones, que deben de tener otros cauces y que ya se han manifestado repetidas veces en esta Cámara. Por todo esto, creemos que esta proposición no de ley no aporta serenidad al debate ni tampoco elementos nuevos que recomienden su toma en consideración. 


-     La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez, en nombre del Grupo Mixto. 


-     El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar la iniciativa de Esquerra Republicana porque nos parece que es una consecuencia lógica de lo que hemos aprobado en el Pleno de la Cámara y de las actuaciones que tiene que llevar adelante la comisión interministerial creada al efecto para recuperar la memoria histórica y para rememorar y devolver la debida dignidad a todos los represaliados durante la guerra civil. Esto es así porque, sin duda alguna, nosolamente hay un aspecto que tiene que ver con la historia, por tanto con el conocimiento y no con el silencio y la ocultación, sino también con la prevención e incluso la predisposición a que los familiares de las víctimas que quieran restaurar no solamente la memoria de sus familiares sino también la consecución de algunos de los derechos, a los que tendrán acceso a partir de la nueva legalidad, puedan acceder a los archivos de todo tipo en unas condiciones mínimamente aceptables. En este aspecto hay dos cuestiones clave, una de ellas es que los archivos estén perfectamente cuidados y en disposición de poder ser utilizados, y la otra es que todos los que estén a su frente tengan claro que no pueden obstruir sino que deben
de facilitar todo tipo de consultas y entrega del material acreditativo que sea necesario. Digo esto porque aún hay archivos que, a pesar de que la legalidad es contundente respecto del acceso a ellos, siguen mostrando cierta reticencia, renuencia e incluso hostilidad, a dejar consultar por ejemplo causas de juicios sumariales. En el caso del archivo de la zona marítima del Cantábrico, se producen fenómenos consistentes en que, por querer salvar el conocimiento por el público de qué familias de una ciudad estuvieron involucradas en actos de terror fascista se quiera seguir ocultando 60 años más tarde determinado tipo de documentación. En el caso de Galicia esto es muy importante porque allí no tuvimos una guerra de trincheras, sino que hubo una guerra interna gravísima donde solamente un bando fue víctima de asesinatos; en concreto, en la comarca donde yo vivo, nos criamos en una atmósfera donde veíamos tumbas anónimas que no sabíamos de quién eran, incluso en el cementerio católico, y sospechábamos, por rumores existentes, que había gente enterrada en fosas comunes fuera de los cementerios e incluso sabíamos que nuestros antepasados habían sido represaliados de alguna manera, algunos directamente a través de juicios sumarísimos y otros prácticamente asesinados como maquis en el monte. Por todo ello pensamos que es muy importante que se predisponga todo el aparato burocrático a favor no sólo de la no ocultación sino también a favor de las consultas y los certificados acreditativos que puedan surtir efecto al amparo de la nueva legislación, que suponemos que dará amplia cobertura a los derechos de las familias. 

  -     La señora PRESIDENTA: Llega a la Mesa una enmienda transaccional del Grupo Socialista, redactada por este grupo y el grupo proponente de la proposición no de ley, que procedo a leer. Dice lo siguiente: Primero, que se continúen adoptando las medidas necesarias para garantizar la custodia, conservación y tratamiento de la información judicial producida en la jurisdicción civil y militar durante la guerra civil y el régimen franquista. Segundo, que la documentación judicial custodiada en archivos históricos, civiles y militares esté accesible a la consulta de los ciudadanos y especialmente de los investigadores sin más limitaciones que las que marque el ordenamiento jurídico vigente. Tercero, prestar apoyo en la búsqueda de aquellos datos personales que permitan recuperar la verdad en los casos particulares y, con carácter general, rememorar y proyectar en la cultura social de nuestro país lo ocurrido durante la guerra civil y posterior represión franquista. Cuarto, iniciar, en el seno de la comisión interministerial creada para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo, iniciativas que permitan avanzar en las posibilidades jurídicas para la anulación de las causas y sentencias. ¿Señor Tardá?


-     El señor TARDÁ I COMA: Señora presidenta, como grupo proponente desearía decir que nuestro grupo parlamentario desea que conste en acta que es una muestra de buena voluntad por nuestra parte haber aceptado la enmienda transaccional del Grupo Socialista, a la espera de que no nos defraude el plan estratégico que presentarán la comisión interministerial y la vicepresidenta del Gobierno, que no nos
defraude.

-     La señora PRESIDENTA: Espero que no defraude.  


(...) Proposición no de ley sobre medidas encaminadas a la conservación y catalogación en los archivos civiles y militares de los expedientes y sumarios instruidos contra los represaliados de la guerra civil española.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:

votos a favor, 20; abstenciones, 12. 



* fuente: www.congreso.es

documento completo PDF : http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/DS/CO/CO_134.PDF