Comunicado sobre la situación de archivos y fondos documentales en Castilla y León

Esta Coordinadora por la reivindicación de la memoria histórica de Castilla y León nace con el propósito de compartir recursos y colaborar en las tareas de recuperación de la memoria histórica de las víctimas de la Guerra civil y del franquismo en el ámbito de nuestra región. Uno de los requisitos imprescindibles para ello es el fácil acceso de investigadores y particulares interesados a fondos de todo tipo que documenten la historia de esas épocas y ayuden a detallar y contextualizar los efectos de la represión franquista. Lamentablemente, una de las muchas trabas que afrontan las asociaciones existentes en Castilla y León tiene que ver con las dificultades de acceso a dicha documentación.

En algunos casos, los fondos se hallan almacenados fuera de nuestro territorio, como ocurre con los expedientes de los consejos de guerra celebrados en las provincias de las antiguas 6ª y 7ª regiones militares (Burgos y Valladolid), desde hace años almacenados en El Ferrol bajo la dependencia de una autoridad militar muy reacia a facilitar copias de los expedientes.

En otras ocasiones, los documentos se encuentran en un deficiente o muy deficiente estado de catalogación y y conservación, como sucede con los expedientes carcelarios de la prisión de Villanubla (Valladolid), Burgos (prisión Central y provincial) o los de Valdenoceda, entre otros. Lo mismo se puede decir de la documentación de los gobiernos civiles, allí donde existe.

Otras veces afrontamos el obstruccionismo de ciertas instituciones y autoridades, que dificultan o impiden el acceso a los documentos. La propia Ley de archivos y patrimonio documental de Castilla y León fija criterios muy restrictivos en cuanto a plazos vencidos para la consulta de documentos personales (100 años desde la fecha del documento o, alternativamente, 50 desde el fallecimiento de la persona), siendo mucho más exigente en este aspecto que las demás normativas autonómicas o estatales.

Los funcionarios encargados de los registros civiles a veces niegan ese acceso cuando se desea investigar las inscripciones de defunción; otras veces son los alcaldes o funcionarios locales los que arbitrariamente dan o niegan permiso para consultar fondos municipales; por no hablar de la documentación de la policía y de la Guardia Civil, de la que ni siquiera sabemos si se conserva. (Pues tampoco son escasos los ejemplos de documentación destruida o desaparecida, como ocurrió en algunos gobiernos civiles al acabar la propia Guerra Civil o en las secretarías del Movimiento durante la transición).

En resumen, como señalaba recientemente un documento de Amnistía Internacional, "ni las víctimas ni las familias han encontrado recursos ni facilidades para conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron los abusos. (…) Han sido numerosos los obstáculos para el acceso de las víctimas y las familias a archivos y fuentes documentales. Desde normas que impiden su acceso o son interpretadas en términos restrictivos por los funcionarios a cargo de su custodia, actuaciones negligentes por parte de tales funcionarios, hasta el hecho de su pérdida, sea por el transcurso del tiempo o por sustracción y en ausencia de medidas para la preservación de archivos y fuentes documentales” (Amnistía Internacional. España: poner fin al silencio y a la injusticia. La deuda pendiente con las víctimas de la Guerra Civil Española y del régimen franquista. Julio de 2005).

Siendo esta la deficiente situación de los archivos y de la documentación en Castilla y León, estimamos incomprensible la campaña orquestada por ciertas fuerzas políticas e instituciones oponiéndose a la restitución de los documentos de la Generalitat u otros de tipo personal, que se hallan actualmente en el archivo denominado "de la Guerra Civil" en Salamanca. Dicho traslado, finalmente decidido por las Cortes Españolas, es un signo de respeto y reconocimiento a las instituciones propias de otra comunidad, que así reivindican la unidad de sus archivos y la consolidación de su propia memoria histórica, ambos machacados por la brutal acción represiva del régimen franquista. La comunidad de Castilla y León de ningún modo verá afectada la integridad de su propio patrimonio documental a consecuencia de esa decisión, antes al contrario, si se logra transformar el archivo de Salamanca en un verdadero centro de documentación sobre la Guerra Civil y la dictadura, con aportación de fondos ahora dispersos en el extranjero o en manos de particulares.

Esta Coordinadora solicita a las autoridades y responsables políticos que pongan fin a la citada campaña, la cual sólo sirve para fomentar el enfrentamiento entre distintas comunidades y dar una penosa imagen de intolerancia por parte de nuestra región hacia otras. Con la misma energía reclama soluciones para los muchos problemas que aquejan a nuestros propios fondos documentales, esos sí, afectados por la falta de unidad y el descuido.

Sólo de este modo se podrá garantizar a las víctimas el “derecho a saber”, tal como lo planteaba el citado informe de Amnistía Internacional cuando recomendaba a las autoridades del Estado Español "adoptar todas las medidas para preservar los archivos y otras pruebas relativas a crímenes contra el derecho internacional, perpetrados durante la Guerra Civil española y el régimen franquista. A tal efecto se dispondrán medidas técnicas y de otra índole para impedir la sustracción, la destrucción, la disimulación o falsificación de los archivos. Se deberá proceder a un inventario, catalogación y reorganización, de ser el caso, con medios adecuados a la tecnología actual de los diversos archivos de contengan información relevante para recuperación de la memoria colectiva y para que las víctimas de abusos graves puedan ejercer sus derechos”.

Esta Coordinadora asume en su integridad dichas recomendaciones, cuya satisfacción es un requisito imprescindible para las demás actividades de recuperación de la memoria histórica del pueblo de Castilla y León.

Palencia, a 19 de noviembre de 2005

*Fuente: Coordinadora por la reivindicación de la memoria histórica de Castilla y León.

http://www.coordinadoramemoriahistoricacyl.org/