Debate parlamentario en el que el Partido Popular y el PSOE rechazaron el primer proyecto de ley sobre "víctimas del franquismo" que llega a sede parlamentaria.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE LA MEMORIA HISTÓRICA REPUBLICANA Y ANTIFASCISTA. (Número de expediente 122/000178.)

- DEL GRUPO PARLAMENTEARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, DE PROMOCIÓN DE LA RECUPERACIÓN Y FOMENTO DE LA MEMORIA Y CULTURA DEMOCRÁTICAS. (Número de expediente 122/000177.)

El señor PRESIDENTE: Seguimos con las proposiciones de ley: De Esquerra Republicana, sobre la memoria histórica republicana antifascista, y del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de promoción de la recuperación y fomento de la memoria y cultura democráticas, que van a ser debatidas de forma acumulada.

Turno a favor por quince minutos de los dos proponentes, primero el señor Tardá y en segundo lugar el señor Herrera.

El señor TARDÁ I COMA: Señor presidente, señorías, el progreso económico, político y cultural alcanzado por nuestra sociedad y el objetivo de garantizar un futuro pleno de libertades y de fraternidades entre las distintas naciones y pueblos deberían haber impedido que el Estado español continuara siendo una excepción en Europa, que continuara representando, en definitiva, una lamentable y peligrosa excentricidad, producto de tanta dejación para con la memoria antifascista. Vaya por delante que con nuestra proposición de ley no pretendemos una simple revisión del pasado histórico, al contrario, queremos que se evidencie legislativamente una firme voluntad de mayor progreso y mayor cultura democrática, todo ello a la manera europea, es decir, previa condena del fascismo, verdadera plaga en el pasado europeo, previa asunción por parte del Estado y de sus máximos dirigentes de la solicitud de perdón a las víctimas del totalitarismo, previo compromiso de fundamentar los valores de la convivencia presente y futura en la radicalidad democrática, tal como se llevó a cabo en el Estado alemán cuando a la par se sepultaron no solo el nazismo, sino también aquellos valores belicistas y unitaristas inherentes al prusianismo.

¿Creen ustedes sinceramente que si algo parecido y con la misma intensidad se hubiera desplegado a favor de la superación del franquismo durante los años de democracia que ya llevamos vividos sería posible que el Partido Popular pudiera desplegar con relativo éxito movilizador tanto odio y tanta discordia entre la ciudadanía del Estado español? Nosotros estamos convencidos de que la respuesta sería negativa, pero todo tiene su explicación y su razón. Por eso les pedimos que atiendan a lo que hoy desde esta tribuna les planteamos los republicanos catalanes. Les ofrecemos a consideración una proposición de ley que alcanza el conjunto de los ámbitos que a nuestro entender debe integrar una verdadera ley de la memoria.

En primer lugar, el referente a la represión política por parte de los tribunales, que incluye la anulación de las sentencias dictadas en consejo de guerre desde el 18 de julio de 1936, las sentencias dictadas por el Tribunal de Orden Público y por el Tribunal especial de represión de la masonería y el comunismo, para lo cual establecemos indemnizaciones de 12.000 euros para los descendientes de los ciudadanos fusilados y el libramiento de las certificaciones de nulidad de las sentencias judiciales. Un segundo ámbito plantea la resolución de las actividades antifranquistas, para lo cual debe repararse jurídica y moralmente a aquellas personas que formaron parte de las organizaciones guerrilleras o armadas antifranquistas. A ellas deberán asignárseles indemnizaciones y beneficios que correspondan por ley y de igual manera se incluirán las personas represaliadas que sufrieron prisión, internamiento, tortura y destierro, a las que se otorgará una indemnización de 12.000 euros para los descendientes de las que hubieren perdido la vida ante las fuerzas de orden público o ejército. En tercer lugar, planteamos la restitución de bienes y honores a los miembros de las instituciones y fuerzas de orden público republicanas: Guardia Civil, Guardia de Asalto, Cuerpo de Carabineros, Mossos d'Esquadra y Ertzaintza, a las instituciones como la Generalitat de Catalunya o el Gobierno vasco y la singularización del libramiento por parte del jefe del Estado al presidente de la Generalitat, Molt Honorable Pasqual Maragall, de la certificación de la anulación de la causa sumarísima del presidente de Cataluña, Lluís Companys, fusilado por el Ejército español. Asimismo, se proyecta en un nuevo título el reconocimiento de la aportación de la masonería a la causa de la libertad y del pensamiento social progresista y la restitución de todos sus bienes requisados a las actuales logias, todo ello complementado con la restitución de honores y bienes a los colectivos represaliados de naturistas, evangélicos, esperantistas, judíos, gitanos, ciudadanos que sufrieron persecución por su orientación sexual y aquellas entidades que fueron perseguidas por motivo de lengua y cultura.

No se obvian, por otra parte, las necesarias restituciones de los patrimonios expoliados, tanto los relativos al dinero incautado por el régimen dictatorial como los referidos a los bienes inmuebles incoados de acuerdo con la Ley de responsabilidades políticas, pero debe también contemplarse la devolución de la documentación incautada por las fuerzas represivas durante el franquismo, la que pertenecía a las instituciones públicas, en particular la relativa a instituciones de autogobierno de Euskadi o la perteneciente a los ayuntamientos de Aragón, País Valencià y Cataluña depositadas en Salamanca y la de carácter privado y particular, tal como queda reflejado en el artículo 13 de la proposición de ley que hoy se presenta ante sus señorías.

Deben además preservarse los lugares de la memoria, recuperación arqueológica y conservación de los lugares más significativos de la guerra, prisiones, campos de concentración, etcétera, la elaboración de un censo de personas afectadas, la museización del Valle de los Caídos u otros lugares emblemáticos y la retirada de los símbolos franquistas de los edificios públicos, complementado todo ello con la apertura de los archivos de la represión, que incluye que en el plazo de dos años se proceda a la identificación y catalogación de los fondos de las instituciones franquistas.

Por otro lado, se aborda en el título XIII la realización en el plazo de un año de un inventario de los fondos documentales relacionados por el exilio republicano y la recuperación moral y económica de los supervivientes. Tuvieron que transcurrir sesenta años para que un presidente de Gobierno español visitara en el año 2005 el campo de exterminio de Mauthausen, donde más de cuatro mil republicanos fueron asesinados. Diez años antes, otro presidente de Gobierno español, socialista, se había negado a asistir al 50º aniversario de su liberación. Hoy, pues, ha llegado el momento de reparar moral, jurídica y económicamente a los supervivientes y descendientes de aquellos ciudadanos, víctimas del nazismo, internados en campos de trabajo nazis por su condición de apátridas, fruto esta condición de los acuerdos bilaterales establecidos entre la cancillería hitleriana y el ministro falangista Serrano Súñer.

Evidentemente el texto que hoy les planteamos incluye, como no podía ser de otra manera, la necesidad de reconocer por ley la labor ejercida por los Estados y las organizaciones internacionales y personas que contribuyeron solidariamente a la causa antifranquista.

Finalmente, un conjunto de disposiciones adicionales fijan aspectos que hoy por hoy no deben soslayarse, de entre las cuales desearía remarcarles aquellas más significativas: Primera, compromiso del Gobierno español de apoyar cualquier reclamación nacida de entidades o ciudadanos en razón de posibles delitos cometidos durante la dictadura, dada la imprescriptibi-lidad de los crímenes contra la humanidad, consagrada por Naciones Unidas y el Derecho Penal Internacional a partir de la jurisprudencia de Nuremberg. Segunda, retirada por parte de la Iglesia Católica de los lugares públicos de lápidas o símbolos que discriminen a las víctimas.

Tercera, revisión e invalidación de todas las distinciones, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personajes ligados al régimen dictatorial. Cuarta, museización de las dependencias de la Jefatura de Policía de Barcelona de Vía Laietana, atendiendo a su significado como centro de detención y tortura de los presos políticos catalanes. Finalmente, una quinta a destacar, que por razón de su gran trascendencia deseo reproducir textualmente: Corresponderá al Jefe del Estado formalizar solemnemente en nombre del Estado español las demandas de perdón a las víctimas de las consecuencias del levantamiento militar contra la Constitución republicana.

Es evidente que todos los Jefes de Estado, en tanto en cuanto representación de la máxima autoridad institucional, asumen la continuidad de la organización estatal. El perdón solicitado por las máximas autoridades de la República Argentina, de la República Sudafricana, de la República Chilena o de la República Federal Alemana a todas y cada una de las víctimas no les implica o hace copartícipes de los desafueros y horrores cometidos por sus antecesores. Al contrario, les dignifica a ellos y a las sociedades a las que representan. Ese es el camino, máxime en el caso español, ya que la continuidad entre los regímenes dictatorial y democrático se dio de forma más evidente, en tanto en cuanto el actual Rey fue nombrado por el dictador, de hecho fue educado bajo su criterio, aceptó el nombramiento aun cuando significaba la alteración de la lógica sucesoria en la institución monárquica, y se imposibilitó que la ciudadanía española pudiera plebiscitar la conveniencia o no de la reinstauración del régimen legal republicano. En definitiva, solo pedimos una ley que haga justicia. Exigimos justicia en el año 2006, ahora y aquí, y se lo pedimos a la izquierda española, se lo pedimos al PSOE. En esta Cámara únicamente la derecha sabe y tiene plena conciencia de que debe decir no. Lo lamentamos y nos entristece, pero no podemos ignorarlo. Ellos son coherentes con sus ideas, con su herencia, con su pasado y con la actuación que protagonizan estos mismos días fomentando la discordia entre ciudadanos y comunidades nacionales, y ahondando en su cruzada contra las lenguas distintas a la española y en especial la catalana.

Ellos constituyen una importante fuente del problema por su falta de cultura democrática, pero, a nuestro entender, el verdadero problema se halla en el gran déficit de memoria histórica, que ha permitido que el franquismo sociológico haya podido consolidar una ecuación éticamente perversa y políticamente reaccionaria, que liga la restitución de honores y el reconocimiento de la condición de víctimas de las personas e instituciones democráticas a revanchismo, con la intención añadida de avanzar en las tesis del revisionismo histórico, que llega incluso al paroxismo de negar el holocausto. No obstante, serán ustedes, diputados y diputadas del PSOE, los que acabarían convirtiéndose en un problema para ustedes mismos si hoy nos dieran portazo, si impidieran que este Parlamento iniciase el trámite legislativo para que, por fin, después de 30 años de la muerte del dictador, esta Cámara no pudiera legislar aquella ley que hubiera tenido que convertirse en una de las primeras a emprenderse en los albores de la democracia. No es conveniente, nos repitieron una y mil veces en la década de los años ochenta del siglo pasado. No es posible, argumentaron posteriormente en la década de los noventa. Y ahora ¿qué nos va a decir el señor Jáuregui? ¿Qué nos dirán ahora? Puede ser, aunque nos resistimos a creerlo pese a las evidencias, que hayan olvidado los orígenes, que hayan olvidado sus fidelidades, pero deben reconocer que, más allá de las dignidades perdidas, la realidad es que el vacío de la memoria que ustedes no quisieron cubrir fue ocupado por el discurso de los posfranquistas, encabezados por el caudillo Aznar, convirtiendo lo que en los gobiernos de Felipe González fue amnesia histórica en desplegamiento entusiasta de un revisionismo histórico que busca la legitimidad del golpe de Estado en los hechos históricos de 1934 o que incluso llega a contaminar a ministros socialistas, como el inefable Bono, que insultan la inteligencia haciendo desfilar conjuntamente a un luchador republicano al lado de un filonazi. Deben saber que existía un compromiso con el señor Zapatero, un pacto, un acuerdo, una palabra dada a favor de la presentación de la ley de la memoria que no se ha cumplido.

Hemos esperado dos años, lealmente, pacientemente y, por el contrario, ni tan siquiera la vicepresidenta ha considerado oportuno convocar a este grupo parlamentario en alguna ocasión, aun cuando la comisión interministerial nació a raíz de una iniciativa de nuestro grupo parlamentario, conjuntamente con Izquierda Unida y el Grupo Mixto, que había solicitado la creación de una comisión parlamentaria que, a manera de comisión de la verdad, tuviera el encargo de abrir el Parlamento a la sociedad y elaborar el libro blanco de la memoria, justamente para que el Ejecutivo pudiera actuar en consecuencia. Voy terminando, señor presidente.

Después de dos años, nos vemos en la necesidad de traer a discusión nuestro propio proyecto. Esperamos que voten que sí. Y si no votan que sí, al menos suban a esta tribuna y comprométanse, por favor, a presentar el proyecto de ley al cual se comprometió el presidente del Gobierno antes de finalizar este período de sesiones. Se trata de una ley compleja jurídicamente, complicada políticamente, y alcanzado ya el ecuador de esta legislatura, solo podemos esperar finalizar la legislatura con la ley aprobada, si ustedes hacen los deberes, cumplen la palabra y presentan antes de finalizar el período de sesiones el proyecto al cual se habían comprometido. Muchas gracias.

(El señor Padilla Carballada: ¡La cólera de los débiles!—El señor Fernández Díaz pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Dígame, señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Para pedir que en el contexto del debate, la referencia…

El señor PRESIDENTE: Dígame la cuestión de orden, señor Fernández. ¿Exactamente cuál ha sido el desorden que ha producido?

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: El respeto a una persona muy importante para este grupo parlamentario y para el propio grupo parlamentario.

El señor PRESIDENTE: Yo no he notado que se haya producido. Ha habido afirmaciones duras. (Rumores.)

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Señor presidente… (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Es el presidente el que dirige los debates. No hay cuestión de orden. Lo lamento. Si el presidente hubiera observado algo, estaría en este momento ofreciéndole…

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Llamar caudillo a un presidente del Gobierno, señor presidente…

El señor PRESIDENTE: No es un debate que llegue hasta ese punto, según el criterio del presidente, que es el que dirige los debates y no ustedes. Yo soy buen presidente no solo cuando les doy la razón, también cuando se la quito. ¿Queda claro? (El señor Atencia Robledo: Tiene muy mal talante.—Rumores.) Están ustedes muy mal acostumbrados. (Un señor diputado: ¡Muy bien! —Aplausos.) El presidente es presidente de todos cuando les da la razón a unos y a otros. (El señor Fernández Díaz: Esto no es un colegio para que nos grite.) Por esa vía no obtendrán nada, se lo garantizo.

Adelante, señor Herrera.

El señor HERRERA TORRES: Muchas gracias, señor presidente.

Quisiera empezar esta intervención agradeciendo la presencia de personas, entidades y asociaciones que son expresión y muestra precisamente de lo que ha sido, de lo que es y de lo que representa la memoria y la lucha contra el franquismo.

Esta iniciativa que presenta nuestro grupo es una proposición de ley que intenta ordenar las políticas públicas por la recuperación de la memoria democrática, de la memoria histórica. Se presenta y se discute hoy porque nos interesa que el compromiso del Gobierno y del Congreso sea realidad. Por tanto, lo menos relevante hoy seguramente sea el voto; en cambio, lo más importante son las explicaciones en torno a los compromisos en el tiempo, en las formas y en los contenidos. El compromiso temporal, porque es cierto que esta ley de la memoria lleva mucho tiempo de retraso, más de un año a partir de cuando se tenía que haber presentado; y un compromiso en la orientación, haciendo que esa ley de la memoria sea a favor de las políticas públicas por la recuperación de la memoria republicana y demócrata, por la memoria de los que lucharon contra la dictadura, y no una ley equidistante entre fascistas, franquistas y los que hicieron que la democracia fuese una realidad. La propuesta se hace, por tanto, desde la convicción —escuchen bien— de que fue imprescindible el perdón y la reconciliación, porque sin perdón y sin reconciliación difícilmente hoy serían realidad los valores de la II República, pero entendiendo que perdón y reconciliación deben significar al mismo tiempo memoria democrática y memoria civil. Lo decía el señor Llamazares hace apenas dos semanas con la proposición de ley: Este año tiene que ser el año de la memoria.

Así, lo cierto es que en este país las cosas no funcionan del todo bien. Llevamos más de un cuarto de siglo de democracia y algunas encuestas arrojan datos más que preocupantes. Imagínense que un 56 por ciento de la ciudadanía muestra indiferencia —escuchen bien— por la figura del dictador, y la indiferencia ante un dictador tan solo puede ser fruto del desconocimiento. El problema, por tanto, no fue el perdón, sino el olvido posterior, y esto tiene aún consecuencias, como la que en este país no hay aún políticas públicas para la recuperación de la buena memoria histórica. El motivo no es tan solo la ofensiva de algunos historiadores que miran de echar agua al vino en la etapa más oscura de nuestra historia reciente, en la que la dictadura aparece como un intervalo autoritario. Quizás la razón esté en esa extraordinaria anomalía de vivir en el país de Europa que ha padecido más años de dictadura, pero en el que menos políticas ha hecho por la recuperación de esa memoria. Ha habido una historia silenciada, ha habido zonas opacas y oscuras. No lo digo yo, sino don Ramón Jáuregui en el debate de junio de 2004. Hemos acabado confundiendo perdón con el olvido, y no lo digo yo, sino el señor Semprún. Lo cierto es que el olvido se ha transformado en una cierta indiferencia por lo que fueron esos oscuros años, y lo más grave, indiferencia por lo que fue la lucha de centenares, de miles de personas para que en este país hubiese democracia.

Hubo víctimas de los dos lados. ¡Claro que hubo víctimas de los dos lados! Pero unos murieron por la democracia y otros en nombre del totalitarismo y del fascismo. Un Estado democrático puede honrar a todas las víctimas, pero debe reivindicar tan solo a los demócratas; es la función de un Estado democrático. Eso es lo que nos hace presentar esta proposición de ley, una ley de reconciliación, de perdón (El señor Fernández Díaz: Sobre todo de perdón.), pero clarísimamente una ley de la memoria.

Empezamos la legislatura con el convencimiento de que alguna cosa había cambiado y así continuamos pensándolo. De hecho han sido muchas las organizaciones, muchos los historiadores, muchos los ayuntamientos, las comunidades autónomas, que han puesto en la agenda la necesidad de afrontar uno de los principales déficits democráticos de este país. A estos esfuerzos se han unido varios grupos parlamentarios, también el nuestro, y lo cierto es que hemos trabajado con ahínco. Sin ir más lejos, en marzo de 2005, el Partido Socialista y el Gobierno se comprometían a incluir medidas que nuestro grupo estaba planteando en esa comisión para la reparación de las víctimas del franquismo. Las conclusiones deberían formar parte de ese compromiso que el Gobierno debía presentar. Lo cierto es que la comisión interministerial se ha creado, pero las conclusiones no han llegado; todos los plazos han saltado por los aires. Por ello en el 20-N, en el 30º aniversario del dictador —que lo era—, nuestro grupo parlamentario dijo que presentaba una proposición de ley porque entendíamos que no podíamos vivir con normalidad el 30º aniversario de la muerte del dictador sin tener unas políticas públicas para la recuperación de la memoria, sin tener todo lo que tienen todos los Estados democráticos. Lo presentamos porque nos preocupaba y nos preocupa que el Gobierno tuviese dudas en torno a la oportunidad de esta ley, de esta o de la que el Gobierno decida presentar.

Si así fuera, podría llegar a cuajar esa perversa ecuación que impulsan algunos ideólogos —todos ellos ideólogos de la derecha— cuando pretenden igualar memoria republicana con revanchismo; o se podría dar rienda suelta a ese curioso revisionismo histórico que exculpa el levantamiento y que lo explica como hijo de una época convulsa y conflictiva y no como lo que fue: el levantamiento fue un golpe de estado contra el Gobierno legítimo y democrático.

Este Gobierno tiene un compromiso, que es esa propuesta que tenía que llegar. La proposición de ley es, ante todo, una llamada de atención. El problema, señores diputados, señoras diputadas, no está en la dificultad de la ley sino en la voluntad política de que la ley sea una realidad. Es hora de que el Partido Socialista y el Gobierno se comprometan. Por eso hemos presentado esta proposición de ley. Una proposición de ley que para nosotros es importante, significa la recuperación y el fomento de la memoria y la cultura democrática. Es nuestra tarjeta de presentación, es como entendemos nosotros que tiene que ser esa política por la recuperación de la memoria y quiero dar las gracias a las gentes que la han hecho posible. Nuestra proposición de ley es posible gracias a Carlos Jimenez Villarejo, a Merche García Arán, a historiadores, a documentalistas, a mi amigo Joan Serra, que ha trabajado de forma infatigable, así como al trabajo de Jaume Bosch y al Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Es una proposición de ley que, sobre todo, demuestra una cosa: que es posible presentar una buena ley y que el problema de que no se presente es solo de falta de voluntad política.

¿Qué creemos? Que son prioritarios cuatro objetivos: impulsar una política pública que promueva la recuperación y el fomento de la memoria y la cultura democrática; constituir el instituto de la memoria y la cultura democrática; desarrollar los programas de fomento y recuperación de la misma memoria y, por último, promover la declaración de nulidad de las resoluciones y las sentencias que se dictaron durante el franquismo. Fíjense que el impulso de la política pública para la promoción de la recuperación y el fomento de la memoria y la cultura democrática significa que las finalidades básicas serían algo tan sencillo como preservar y reconocer la memoria de los miles de hombres y mujeres que sufrieron daño por la defensa del legítimo régimen republicano; divulgar que la democracia actual no hubiese sido posible sin la aportación del antifranquismo; crear una red informatizada que permita al ciudadano disponer de información completa sobre la ubicación de la información referente a las personas represaliadas por el franquismo o, por ejemplo, el acceso, la conservación y la actualización de los registros y archivos. Hemos de decir que este primer elemento de la ley no solo tiene que ir dirigido precisamente a aquellos que sufrieron cárcel y persecución, que se les tiene que damnificar, como no se ha hecho, por supuesto que sí. Sobre todo estas políticas públicas tienen que ir dirigidas a las personas más jóvenes que no conocieron el franquismo, porque precisamente para sacar lecciones históricas y democráticas deben saber lo que sucedió.

Segundo objetivo: constituir una arquitectura gubernamental que permita el desarrollo de estas políticas públicas; constituir, por tanto, el instituto de la memoria y la cultura democrática. Para ejercer y promover los mencionados programas se requieren precisamente esos objetivos, y nosotros planteamos algo que ya funciona en diferentes comunidades autónomas. Les voy a poner un ejemplo, el Instituto de la Memoria Democrática que se da en el programa del Memorial Democràtic del Govern de la Generalitat. Este es un buen ejemplo de aquello que no se ha hecho en más de un cuarto de siglo de democracia.

Tercer elemento: desarrollar los programas de fomento y recuperación. Por ejemplo, realizar un censo completo de los vestigios de la dictadura que se dé a conocer públicamente. Definir los criterios de señalización de los espacios emblemáticos de la represión franquista y de la oposición antifranquista. Plantear una actuación inmediata a medio plazo en el Valle de los Caídos, dado su alto contenido simbólico incompatible con nuestra cultura democrática. Esta claro que deberíamos remover la simbología que lo que hace hoy, en el año 2006, en un espacio que es patrimonio nacional…(El señor Aragonés Mendiguchía hace signos con la mano.) Un diputado del PP hace algo así como un signo de locura; seguramente lo que les propongo les parece una locura, pero ¿saben cuál es el problema? Señor Aragonés, ¿sabe cuál es el problema? Que lo que es una locura es que hoy, en un espacio que es patrimonio nacional, haya gente que vaya a hacer apología del franquismo. En ningún país democrático de Europa se permitiría, no se permitiría que en Mauthausen hubiese gente que fuese a hacer apología del fascismo. En este país pasa. Usted hacía así, como un signo de locura, a nuestra propuesta. ¿Saben lo que es una locura? Que hoy se permita eso. Por eso, hoy precisamente creemos que el Gobierno tiene que revisar las políticas públicas y hacer del Valle de los Caídos el centro del memorial de la libertad, hacer que allí esté la sede del instituto de la memoria democrática, que exista un museo de la represión, que hagamos como hacen en Buenos Aires en los cuarteles de la ESMA, que hagamos como hacen en Mauthausen, en Auswitch, como hacen en todos los espacios de recuperación de la memoria, y lo que es una locura es que 25 años después aún no se haya hecho. Es más, entendemos que se deberían promover medidas para que, de forma conveniada con los familiares, con los herederos de Franco y de Primo de Rivera, se trasladasen los restos mortales a los panteones familiares y no estuviesen precisamente esos restos mortales en el patrimonio nacional.

Cuarto elemento —y acabo, señor presidente, porque hay muchos más que me gustaría destacar—: es fundamental promover la declaración de nulidad de las resoluciones y de las sentencias que se dictaron durante el franquismo. En los artículos 17 y 18 planteamos precisamente la nulidad de los consejos de guerra, de los consejos de guerra con procedimientos sumarísimos que se dictaron entre 1936 y 1975 y la nulidad de pleno derecho de las resoluciones, cualquiera que fuese su denominación, dictadas por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo y por los organismos comisionados por el mismo. El fundamento jurídico es sólido, muy sólido. Lo ha propuesto en este caso el ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, que plantea que en los procesos militares hay argumentos lo suficientemente sólidos para sostener su radical nulidad formal y que en los procesos de los tribunales especiales no militares estos argumentos también se dan. Les recomiendo en este caso que se lean la exposición de motivos de la proposición de ley; exposición de motivos excelente y que además da argumentos jurídicos sólidos para explicar que, por ejemplo, la generalización y la imposición de la jurisdicción militar infringió todas y cada de las reglas orgánicas y procesales entonces vigentes, o que los tribunales para la represión de la masonería y el comunismo no se ajustaban precisamente a derecho. Argumentos sólidos existen y ruego que SS.SS. la lean.

Por último, establecemos diferentes disposiciones adicionales: una relativa a la restitución y la compensación a los partidos políticos de los bienes y derechos incautados; una disposición adicional cuarta sobre el régimen de subvenciones que garantice que estas se dan a entidades privadas o sin ánimo de lucro, excluyendo que dichas subvenciones promuevan actividades relacionadas con el fascismo, el nazismo o el franquismo; una disposición adicional sobre el delito de apología del franquismo pidiendo al Consejo de Estado que elabore un dictamen sobre la memoria, o una disposición adicional quinta sobre el retorno de la documentación incautada.

Para terminar, señor presidente, para nosotros esta proposición de ley es importante —es nuestra tarjeta de presentación— y no podemos esperar más a que haya una buena ley. Como les decía, para nosotros es fundamental el compromiso del Grupo Socialista de que esta ley se presente ya, en este periodo de sesiones, y a poder ser, en el mes de abril por el alto contenido simbólico que este mes tiene. (Rumores.) Sí, señorías, en el mes de abril porque llevamos muchos meses de retraso. ¿Qué es lo que no queremos? No queremos son propuestas equidistantes; no queremos propuestas que se identifiquen con aquel desfile militar en el que un miembro de la División Azul iba de la mano de un republicano. Esa no es nuestra ley. La ley que queremos es una ley que dé instrumentos precisamente para la recuperación de la memoria. En definitiva, una ley que permita que este país tenga políticas públicas para la recuperación…

El señor PRESIDENTE: Señor Herrera, debe ir concluyendo, por favor.

El señor HERRERA TORRES: Acabo ya, señor presidente. Ante tanta demora, lo único que pedimos en definitiva es que este Congreso no se quede de brazos cruzados, que este Gobierno no se quede de brazos cruzados y que, de una vez por todas, tengamos lo que no hemos tenido: memoria, buena memoria, memoria demócrata, memoria republicana. El perdón es compatible con la recuperación de lo que fue la lucha contra el franquismo, y lo que tiene que hacer el país que ha vivido la dictadura más larga de toda Europa es desarrollar las políticas activas para la recuperación de la memoria como están haciendo en el resto de la Unión Europea.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario desea ejercer su turno en contra? (Pausa.)

Si no es así, pasamos a fijar posición. Desde el Grupo Parlamentario Mixto me dicen que quieren repartir el tiempo entre la señora Lasagabaster, el señor Labordeta y el señor Rodríguez.

La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.

Yo también quiero hacer una breve intervención, sobre todo para dar la bienvenida al Congreso a tantas y tantas personas y asociaciones que llevan muchos años luchando y trabajando para que un acto de justicia pueda ver la luz en cuanto al reconocimiento, el resarcimiento —aunque este no cabe nunca por completo— y la reparación social, moral y económica de todas las personas que han sufrido a lo largo de tantos años de dictadura. Casi diría que mi intervención se dirige a esas personas y al esfuerzo que han realizado durante tantos años.

Querría plantear dos cuestiones de manera muy breve. En cuanto a la primera, el señor Atencia sabrá —porque hemos mantenido muchos debates, en algunos incluso hemos llegado a acuerdos transaccionales con iniciativas nuestras— que siempre hemos dicho que nosotros no planteábamos este tipo de iniciativas para que fueran contra nadie —lo recodarán ustedes-; lo que queremos es que se realice un deber pendiente de la democracia. Una dictadura nunca es un régimen democrático. En una dictadura hay personas que no pueden defender sus ideas y que son perseguidas por ello, y esto es una cuestión objetiva que no tiene que generar ningún tipo de problema a nadie. Lo que queremos es que esa situación, ese periodo absolutamente inadmisible en la historia, tenga su negro sobre blanco en esta casa y en las consecuencias de todo ello. Nadie se tiene que sentir ofendido porque un deber histórico que hasta ahora no se ha hecho por falta de voluntad o por falta de posibilidades —no lo vamos a juzgar ahora, ya llegarán otros tiempos para juzgarlo— no se pueda demorar más.

Hay cuestiones muy básicas. En primer lugar, aquellas personas que esa situación de dictadura les supuso graves problemas, vulneración de derechos, ausencia de sus lugares, exilio, etcétera, tienen que tener derecho a poder ser reparadas y reconocidas, y con eso tampoco alguien puede estar en contra. Es una cuestión de justicia. No va en contra de nadie, sino que simplemente va a realizar un acto de justicia que esta Cámara merece y debe hacer con esas personas. En segundo lugar, recuperar la memoria que tampoco va contra nadie. En tercer lugar, que nunca vuelva a pasar en el futuro. Vuelvo a decir, señorías, que es un acto de justicia, lleva mucho tiempo pendiente y nos hubiera gustado que la ley hubiera estado hoy aquí y como no está, vamos a votar a favor porque es lo único que podemos hacer. Hubiéramos rogado al Gobierno que lo hubiera hecho mucho antes, no lo ha hecho, luego no nos queda más remedio para hacer ese acto de justicia que votar a favor de las dos iniciativas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias. Su turno, señor Labordeta.

El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señor presidente.

Chunta Aragonesista va a votar a favor de las dos propuestas porque creemos que ha llegado el momento de la justicia para las gentes que sufrieron la represión. El señor Herrera ha dicho esta tarde una cosa que ha levantado un poco de polvareda, que hubo muertos en los dos lados. Efectivamente, hubo muertos violentos en los dos lados pero unos estuvieron colgados en las paredes de las iglesias durante 40 años y los otros tienen que esperar una carta de un soldado que participó en un pelotón de fusilamiento en 1940 y que, arrepentido de esa tragedia que el vivió, denuncia dónde están enterrados esos restos. Esta es la historia fundamental de esta circunstancia que vivimos en España. Creo que ha llegado la hora. Han desaparecido ya los caídos de un lado, de las paredes de las iglesias, pero todavía quedan muchos en las cunetas y sería conveniente que, por fin, no tuviéramos que buscar el testimonio del soldadito que estuvo en el pelotón de fusilamiento para decir dónde están enterrados aquellos muertos.

Pertenezco a una generación que sufrimos mucho el caídos por Dios y por España y que cantamos el cara al sol en nuestros colegios, éramos aquella generación española que se llamaba los de la cáscara amarga. Me gustaría que en este país no hubiera más gente de la cáscara amarga, que todos fuéramos españoles, que todos tuviéramos la dignidad de la democracia.

Como ha dicho el señor Herrera, en todos los países europeos donde hubo una represión, y en Argentina también, hay lugares de la memoria histórica. Ha llegado la hora de una vez por todas de que reivindiquemos esa memoria histórica y que no tengamos que sacar a oscuras a los muertos que cayeron en las cunetas. Que salgan con la dignidad con la que cayeron, muchos de ellos cayeron con una gran dignidad, defendiendo una España republicana, una España democrática y una España en libertad, frente a las grandes dictaduras que venían anunciándose por toda Europa.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Labordeta. Señor Rodríguez, su turno.

El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Si el Gobierno no actúa es normal que los grupos parlamentarios tengan la iniciativa, ya que existió un compromiso de actuación en el periodo anterior que no fue cumplido. Debemos recordar que el Bloque Nacionalista Galego defendió en este mismo Pleno una proposición no de ley el 1 de junio del año 2004 donde se instaba al Gobierno a tomar medidas en este aspecto. De allí salió un acuerdo que fue la realización de un informe con el estatus, con la situación legal a todos los efectos que tenían las víctimas del franquismo en toda su variedad y además se presentaría un proyecto de ley por parte del Gobierno que no acabamos de ver. Por eso, vamos a apoyar estas dos proposiciones de ley, entendiendo que es más exhaustiva, plural y, desde el punto de vista nacionalista, coherente la del Grupo de Esquerra Republicana y que intentaremos en el proceso del debate completar, ya que tiene algunas deficiencias desde el punto de vista de Galicia, en concreto la referencia a lugares simbólicos fundamentales en la represión del franquismo y del alzamiento militar, en concreto la isla de San Simón en Pontevedra, el castillo de San Felipe en Ferrol o el arsenal militar. No debemos olvidar que está en Galicia el principal archivo sobre las causas seguidas en procesos sumarísimos militares en contra de las personas adeptas al régimen legítimo de la República. Pero desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego pensamos que la memoria es clave y lo es por tres factores fundamentales.

En primer lugar, porque se está haciendo una revisión del pasado histórico que intenta naturalizar el régimen franquista, incluso ensalzándolo en manuales de historia o en debates de carácter televisivo. Pensamos que esto está determinado por una situación internacional involutiva y también porque en el Estado español no se asumen plenamente los valores democráticos. En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que nunca se dejó que los datos, los problemas, los perseguidos de la época del fascismo fueran conocidos públicamente ni fueran recompensados y no fuésemos víctimas todas las familias de la censura, del silencio y del miedo. Por tanto, estamos montados sobre una capa de censura, silencio y manipulación que hay que romper por el bien de todos. En tercer lugar, esta es una oportunidad para enfrentarnos con el pasado, un pasado que explica en cierta manera el presente y para prever y determinar un futuro donde la democracia, la plurina-cionalidad, la diversidad y la justicia social figuren como los valores fundamentales.

Para el Bloque Nacionalista Galego se pueden hacer todos los juicios que se quieran sobre el pasado, pero hay algo claro, algo indiscutible. En primer lugar, que hubo un alzamiento militar parafascista y así debe ser reconocido. Segundo, que hubo una guerra entre los defensores de la legitimidad democrática y los defensores de la brutalidad, de la fuerza contra el poder democrático establecido. En tercer lugar, que la República, aunque era un régimen republicano y no monárquico, estaba basada en algunas cuestiones que hoy son muy actuales. En concreto, el pluralismo político, el debate de cómo concebir la unidad de España y el problema del Estado plurinacional, que aún siguen siendo debates actuales. No hay más que revisar el pasado para ver hasta qué extremo el Estado español aún está enfeudado a los miedos, tabúes y recelos que dieron lugar a esa etapa tan digna de ser tenida en cuenta como al mismo tiempo de ser recuperada, pero en el sentido de dignificar a todos los que fueron perseguidos y también a las personas que quedan vivas darles las mínimas satisfacciones económicas a las que ya debieron haber tenido derecho hace muchos años. Por eso vamos a apoyar estas dos iniciativas parlamentarias y esperamos que sirvan de marco general apropiado para lo que van a hacer muchos gobiernos autonómicos como el Gobierno de Galicia. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez. Grupo Vasco. Señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.

Este asunto de la memoria histórica es recurrente en esta casa, en el Congreso de los Diputados, a través de diferentes iniciativas provenientes de diferentes grupos. Lo único que puede significar esto es que cuanto antes debe arbitrarse algo, debe tomarse una decisión, debe adoptarse una resolución en el ámbito legislativo que dé cabida a todas las inquietudes y solicitudes que ha habido y que están en el ánimo de la mayoría de esta Cámara. Urgimos al Gobierno, a pesar de que ha rebasado con creces el límite temporal establecido por esta Cámara para el envío de un proyecto de ley sobre la materia, que lo haga cuanto antes porque creo que puede ser interesante, con independencia de que se aprueben o no las iniciativas que hoy se han presentado para su discusión, con el fin de conseguir un texto que tenga el mayor consenso posible. No hay que extrañarse de que este asunto sea recurrente porque no es normal que en un país que ha sufrido una dictadura y que ha pasado a ser un país democrático sigan manteniéndose en vigor las sentencias, tanto de los tribunales militares como de los tribunales de orden público y de otro tipo, en contra de los defensores de la libertad. No es normal que en las calles y en las plazas de muchos de los pueblos de este país sigan estando vigentes los símbolos de la dictadura, los símbolos franquistas. No es normal que muchos nombres de calles —no es algo aislado o localista, sino general en algunas zonas del Estado— sigan siendo nombres de golpistas, de gentes que derrocaron el régimen democrático establecido. No es normal que haya tantos enterramientos desconocidos, o conocidos por muy pocos porque se hicieron en la oscuridad, de fusilados en cunetas o en paredes de los cementerios. No es normal que en las iglesias del país siga existiendo una placa con los nombres de aquellos caídos por Dios y por España, como haciendo una distinción meridiana entre los buenos y los malos.

Es lógico también que sea una iniciativa recurrente porque tuvimos una transición en la que, como se señala en una de las iniciativas, no hubo comisiones de la verdad, no se destituyó a jueces, policías, etcétera, de su cargo, aun habiendo estado implicados de manera muy intensa en la represión. En definitiva, no hubo ruptura y eso quiere decir que hay una continuidad jurídica del Estado y, por tanto, que hoy en día sí se pueden pedir responsabilidades al Estado actual, que sí puede responder este de las tropelías causadas por el régimen anterior. Con eso no estamos diciendo que el Estado actual tenga nada que ver en su funcionamiento, en su ser, con el régimen franquista, lo que estamos diciendo es que no hubo una ruptura, sino una transición, un continuo jurídico, una herencia del régimen anterior y, por tanto, creemos que es perfectamente posible desde el punto de vista jurídico que esas responsabilidades en materia económica y de otro tipo sean asumidas por el Estado actual, porque, insisto, el Estado se reformó, no se refundó.

Nos puede gustar más o menos la redacción concreta de las propuestas realizadas por parte de los dos grupos políticos —Esquerra Republicana e Izquierda Unida—, desde luego en muchos puntos estamos de acuerdo, pero lo que queremos manifestar es que todos los puntos que se han presentado son lo suficientemente razonables como para ser sometidos a discusión. Además, merecen nuestro apoyo por el hecho de que pueden y deben ser considerados como un toque de atención al Gobierno y pueden servir para impulsar al propio Gobierno a presentar esa iniciativa tantas veces anunciada incluso por el presidente. Este tipo de iniciativas abiertas, en el sentido de que caben enmiendas y cabe llegar a compromisos, siempre contarán con nuestro apoyo. En concreto, hay algunos puntos que coinciden con reivindicaciones reiteradamente sostenidas por nuestro grupo, como es el caso, por ejemplo, del punto 6.1 de la proposición de Esquerra Republicana, en el que se señala que el Estado debe proceder a restituir a la Generalitat y al Gobierno vasco honores y bienes que les fueron incautados por el franquismo. Nos hemos cansado de repetir —lo digo solo a modo de ejemplo— una y otra vez el caso de la sede del Gobierno vasco en París, en la Avenida Mar-ceau, ocupada en plena Guerra Mundial, que pasó de las autoridades nazis al Gobierno franquista y que hoy en día sigue estando en manos del Estado, en concreto convertida en sede del Instituto Cervantes. Es una reivindicación en la que seguiremos insistiendo y agradecemos a Esquerra Republicana que en la redacción inicial del texto refleje este tipo de cuestiones. Igualmente ocurre en el artículo 13.1, en el que se afirma que serán restituidas a instituciones públicas, entidades privadas o particulares, fondos documentales requisados durante la guerra o la dictadura franquista y actualmente conservados en archivos u otras instituciones del Estado. Quiero señalarles que estamos especialmente dolidos por la —considero que es adecuada la palabra— desfachatez de la ministra de Cultura, que recientemente señaló que el Gobierno vasco no tiene derecho a la devolución de los papeles de Salamanca porque su constitución fue realizada después del alzamiento franquista. Si el Gobierno español considera que la legalidad republicana fue finiquitada por el mero hecho del alzamiento franquista, desde luego mal vamos. Ese no puede ser —espero— un punto de partida para buscar un consenso en la rehabilitación de la memoria franquista. La legalidad republicana se mantuvo durante bastantes años más y, desde luego, nadie puede negar que la constitución del Gobierno vasco fue realizada en el marco de esta legalidad republicana, legalidad legítima. No podemos —como hizo la ministra de Cultura— dar legitimidad al régimen político de un levantamiento militar; la legitimidad era de la República, y dentro de ese régimen legal fue creado el Gobierno vasco.

Nos alegramos también de que en el punto 18.1 se hable expresamente de la resistencia de las culturas catalana, gallega y vasca contra el franquismo. Porque lo que no se dice muy a menudo es que aquí hubo más de una guerra civil y que la guerra civil fue vivida de manera muy diferente en unos lugares y en otros de la geografía del Estado. Muchas veces se quiere decir que aquí se luchaba genéricamente por las libertades democráticas, y es cierto en un sentido extenso, pero les aseguro que en Euskadi —es el caso que más conozco— y en Cataluña no solo se luchaba por las libertades democráticas; en Euskadi también se luchaba por las libertades nacionales del pueblo vasco. Muchos dieron su vida en ese conflicto por las libertades nacionales del pueblo vasco. Los gudaris vascos, el Gobierno vasco, leal a la República, luchaban por la libertad nacional vasca y por Euskadi. Evidentemente, hay muchas cosas que reparar, muchas cosas que recordar, a muchas personas que honrar y dignificar. Privadamente se hace; lo intentamos hacer unos y otros en la medida de nuestras posibilidades. En el ámbito autonómico también se han hecho algunos intentos, e incluso es noticia que la semana que viene va a haber una delegación del Senado que se va a sumar a los actos en el distrito federal de México en conmemoración del 60.º aniversario de la elección de Martínez Barrio como presidente en el exilio de la República, por cierto, a instancia de los presidentes vasco y catalán, Aguirre e Irla. Estos son también gestos por parte de las Cortes. Nuestro grupo considera que ya es hora de que el Estado a través de una ley haga gestos en este sentido. Para terminar, como ya he dicho, votaremos a favor de las dos iniciativas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Estaban. Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar la posición ante estas dos proposiciones de ley presentadas por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. En primer lugar, quiero manifestar el alto interés que siempre ha tenido el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para afrontar la necesaria actualización y afloramiento de la memoria histórica. Hay una prueba irrefutable de este interés. Hace un año el Pleno de este Congreso discutía y votaba —no llegó a adoptar— una proposición de ley de Convergència i Unió, la primera de esta legislatura, sobre el tema que hoy estamos discutiendo. Hace un año Convergència i Unió hizo también una aportación para la necesaria actualización y puesta al día de lo que hoy estamos discutiendo; hubo discusión posterior a algunas proposiciones no de ley que llevaron a un compromiso del Gobierno, un compromiso que se ha incumplido, un compromiso que en aquel momento nos llevó a retirar nuestra proposición de ley, porque el señor Jáuregui se comprometió desde esta tribuna a que el Gobierno presentara un proyecto de ley antes del mes de junio del año 2005. Es mejor decir las cosas por su nombre y frontalmente: ha habido un incumplimiento desde hace meses de aquel compromiso. Ahora estamos en la mitad de la legislatura y además de la aportación de Convergència i Unió nos encontramos con la aportación de otros grupos parlamentarios, y en la mitad de esta legislatura especialmente crispada creemos que es el momento que de forma urgente, absolutamente urgente, el Gobierno tome el liderazgo, el Gobierno se plantee una vocación de consenso y lo forje entre los distintos grupos parlamentarios interesados en avanzar hacia la búsqueda de la verdad histórica y de su actualización.

Esta tarde en este Congreso de los Diputados hemos sentido desde los bancos de una parte de esta Cámara una frase: el odio es la caverna de los débiles. Esta tarde en este Congreso de los Diputados una vez más parece que se respira el ambiente de la crispación, de algunas falsedades y de algunos fantasmas sobre la unidad de España en la evolución democrática. Pues bien, ahora, a diferencia de hace un año cuando presentamos nuestra proposición de ley, es urgente que este tema lo afronte el Gobierno desde la unidad para resolverlo bien, porque la guerra civil y el franquismo supuso una ruptura civil emocional e institucional, una violación de la lengua, de la cultura y de las identidades. Para nosotros, como partido nacionalista catalán, una buena resolución de todo esto supone una buena resolución del signo catalán que tuvo, porque Cataluña como pueblo y sus instituciones fueron derrotadas y aniquiladas. Se requiere en estos momentos una resolución por consenso y no solamente por la aportación más que respetable de dos grupos parlamentarios.

Señorías, llevamos 30 años diciendo que la transición fue un acto de amnesia selectiva para hacer posible el avance hacia la democracia. Lo dijimos en el momento de la transición, lo dijimos hace un año en la presentación de nuestra proposición de ley, pero después de 30 años debemos hacer aflorar verdades que quedaron a medias, verdades todas ellas que debemos poder afrontar con serenidad y con sinceridad, con una serenidad y una sinceridad que no preside precisamente el ambiente político de esta legislatura por algunos sectores y algún grupo político. Si me permiten, después de 30 años también podemos decir algo más. Debe aflorar la verdad para la recuperación de la memoria histórica que debe servir para observar todas las contradicciones y todas las desgracias de la guerra civil y el franquismo. Sí, este proyecto de ley urgente que debe presentar el Gobierno también debe servir para aflorar todas las contradicciones y todas las desgracias que supuso la guerra civil y el franquismo. Nuestro grupo parlamentario, que para nada es partidario de las posiciones revisionistas que en estos momentos se plantean, tiene las cosas claras respecto a lo que supuso un golpe de Estado contra la legitimidad evidente de la República.

Nuestro grupo parlamentario está integrado por dos partidos, uno de ellos Unió Democrática de Catalunya, presente en las Cortes de la II República, leal a la II República y con un parlamentario (Carrasco i Formiguera) asesinado por su lealtad a la República y a la vez por la lealtad a sus ideales democratacristianos, y esto ilustra lo que les decía, lo que supusieron las desgracias y las contradicciones colectivas de la guerra civil. Este partido, Unió Democrática y Convergència Democrática, nacido precisamente de la oposición al franquismo, nacido desde el antifranquismo desea que se resuelva, y que se resuelva bien, esta situación y que se afronte la totalidad del drama y de la desgracia —alguien dirá sobre este delicado tema; no—. Sobre este tema crucial en la historia de España del siglo XX que se debe afrontar, que se debe actualizar, que debe aflorar la verdad y que se debe superar parte de aquella amnesia colectiva en la cual hemos vivido durante estos años, se debe decir que en estos últimos años se han hecho aproximaciones a esta realidad desde visiones bastante parciales. Debemos afrontar esta actualización desde la verdad, pero también desde la generosidad y a la vez, señorías —este es al menos el punto de vista de mi grupo parlamentario—, no invalidando ni el recorrido ni el trabajo hecho hasta ahora.

La exposición de motivos de la proposición de ley de Esquerra Republicana de Catalunya, si me permiten una muy breve cita, en un momento determinado dice: Ni la muerte del general Franco el 20 de noviembre del año 1975 ni el periodo de la transición significaron una auténtica reconciliación después de la larga dictadura militar. Nosotros, señorías, somos partidarios de la puesta al día, de la afloración de la verdad que aún no se ha afrontado, pero a la vez pensamos que en aquel momento se dieron unas condiciones, no sé si suficientes, seguramente mínimas, seguramente en la línea de aquella amnesia colectiva, selectiva desde los distintos sectores políticos y sociales, pero se tiene que hacer un reconocimiento de la reconciliación en aquel momento y se tiene que expresar también una voluntad evidente de dar un paso adelante. ¿Qué paso adelante? He hecho referencia a ello. Nuestra propuesta, que puede servir y que nos gustaría que sirviera también para este necesario debate es la proposición de ley que presentamos hace un año ante este Pleno y que fue retirada antes de su votación ante el compromiso del grupo de la mayoría y del señor Jáuregui de la presentación de un proyecto de ley por el Gobierno. Pues bien, si hace un año considerábamos necesario que el liderazgo y el consenso en esta materia fuera forjado por el Gobierno, más lo consideramos hoy. Por esto quiero terminar exponiendo cuatro condiciones para la fijación de nuestro voto.

En primer lugar, la confianza en que se expondrá por el grupo de la mayoría la voluntad, esta vez sí y sin más dilaciones, de la presentación de un proyecto de ley de recuperación de la memoria histórica que recupere los elementos presentados por los distintos grupos parlamentarios y también los elementos de nuestra proposición de ley de hace un año.

En segundo lugar, hoy más que nunca necesitamos del liderazgo y del impulso del Gobierno ante este momento de crispación y de revisionismo en algunos aspectos, pero también, como les decía, de aproximación parcial a una situación altamente compleja.

En tercer lugar, esperamos ser consultados por el grupo de la mayoría y del Gobierno sobre la presentación final de este proyecto de ley.

En cuarto y último lugar, esperamos que durante este periodo de sesiones se presente este proyecto de ley.

Señor presidente, señorías, termino. Ramón Trias Fargas, nacionalista catalán exiliado que fue diputado en el periodo constituyente en estas Cortes, que fue consejero del Gobierno de la Generalitat y que fue senador, en lo que podemos definir como su testamento político, en la pieza oratoria seguramente más importante de su trayectoria política dejó escrito para las nuevas generaciones: Tened la generosidad del que merece la victoria. Es evidente que hay una verdad que merece la victoria y que hoy, 30 años después, esta victoria debe aflorar.

El señor PRESIDENTE: Señor Xuclà, le ruego que termine.

El señor XUCLÀ I COSTA: Señor presidente, termino ahora mismo, simplemente diciendo que esta verdad que debe aflorar desde la generosidad debe hacerlo como hace 30 años, y ahora mejor que entonces, desde la serenidad y desde el sentido común.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xuclà. Grupo Parlamentario Popular, señor Atencia.

El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señor presidente.

Señoras y señores diputados, en primer lugar, si me permite, señor presidente, me gustaría solicitar la retirada del «Diario de Sesiones» de la referencia al presidente Aznar que se ha hecho por un diputado de esta Cámara mencionándolo como caudillo, expresión que en el contexto del debate que celebramos no solo es peyorativa, sino manifiesta y claramente ofensiva para un presidente democrático de este país y un miembro durante muchos años de esta Cámara. Por tanto, señor presidente, le solicitaría que después lo reconsiderara. (Aplausos.)

Las iniciativas que hoy se someten a nuestra consideración en el fondo coinciden con la iniciativa legislativa que hace dos semanas discutíamos en esta misma Cámara; son diferentes en su contenido, pero coincidentes en el fondo, por tanto me bastaría reiterar los argumentos que en su momento esgrimí para fijar la posición de nuestro grupo, contraria a esa iniciativa, o simplemente me podría remitir a ese debate. En cualquier caso, antes de entrar en el fondo del asunto me gustaría recordar por qué estamos aquí hoy y por qué se debate esta iniciativa. Se debate por dos razones concretas: en primer lugar, porque el Gobierno no ha mandado el proyecto de ley a que se había comprometido con el conjunto de la Cámara y especialmente con algunos grupos y, en segundo lugar, porque tampoco ha mandado el estudio que el pasado mes de junio de 2004 tenía el compromiso de enviar como consecuencia de un mandato parlamentario. Pero hay una tercera razón, y es que algunos grupos siguen empeñados en su estrategia de suplantación de la historia de España y en un revisionismo, especialmente de nuestra transición política; aquellos a los que no les gusta la transición quieren que todos comulguemos con su posición y rectifiquemos las nuestras y parezca que tenemos que pedir perdón por haber hecho una transición política ejemplar que nos permite tener en este momento la democracia consolidada que tenemos y por haber tenido los mejores años de progreso económico, social y político que ha tenido España en su historia.

Nos encontramos básicamente con unas iniciativas sesgadas, que tratan de segar una tierra que no debiera tocarse. Los términos en que están planteadas y en los que se han defendido no coinciden en nada; nada tienen que ver con el espíritu y la letra de aquel acuerdo unánime que alcanzamos el 20 de noviembre de 2002 y que en otros momentos ha sido utilizado por alguna de SS.SS. como antecedente de la iniciativa que plantean en esta Cámara; y nada tienen que ver con el espíritu con el que se abordó la transición política y especialmente con el que se alcanzó el pacto constitucional. Por tanto, este grupo es coherente con sus decisiones, con sus hechos y con sus votaciones, y el 20 de noviembre de 2002 se acordó cerrar un debate político, culminar un conjunto de iniciativas y trasladar a los historiadores cuestiones que están en nuestra historia; se acordó que todos, unidos en la libertad, en la Constitución y en la democracia, decidíamos alejar del debate político de una vez y para siempre la II República, la guerra civil y la dictadura de Franco. Por tanto, no hace falta que yo recuerde más, simplemente es oportuno remitirnos a las intervenciones que aquel día se produjeron en la Comisión Constitucional, y especialmente, por no citarme, las del señor López Garrido en nombre del Grupo Socialista y del señor López de Lerma en nombre de Convergència i Unió.

Señorías, el pacto constitucional —ahí está la gran cuestión, la clave del proceso político y la clave de la posición del Grupo Popular— significó un pacto de reconciliación sin reconciliación. Frente a los que pretenden negarlo, lo es, aunque algunos grupos lo quieran negar en la exposición de motivos. Además fue un pacto de convivencia y libertad y no supuso dar la espalda a la historia, sino aprender de los errores del pasado para huir de su repetición. Por tanto, nada de amnesia en relación con nuestra historia; precisamente los constituyentes, los que intervinieron en el pacto constitucional tuvieron muy presente el pasado para no cometer los errores que se habían cometido en los años treinta del siglo XX.

Señorías, no nos engañemos; aquí se proponen simple y llanamente dos cosas: por una parte, revisar el proceso político de la transición democrática y, por otra, liquidar el pacto constitucional que entre todos alcanzamos. Pues bien, ni para lo uno ni para lo otro cuenten con el Grupo Parlamentario Popular, para eso no cuenten SS.SS. con nosotros. Con la excusa de la mal llamada memoria histórica, se pretende revisar nuestra historia, se pretende construir una nueva verdad oficial, se pretende decretar desde los poderes públicos la historia oficial de España en vez de dejarla para los historiadores y se quiere construir por algunos, como en el franquismo, una nueva verdad histórica. Eso es lo que subyace en el fondo de las dos iniciativas que hoy estamos debatiendo. Señorías, conviene que recuerden que la tan usada y recurrente memoria histórica no es otra cosa que la utilización, si no la manipulación, de la historia con fines partidistas, y eso al Grupo Popular le parece un tremendo y profundo error, pero no solo al Grupo Popular, sino que hay personas de todas las ideas políticas que lo han dicho por activa y por pasiva. El otro día ponía el ejemplo del testimonio de Nicolás Redondo Terreros, pero hay muchos testimonios que dicen que es un profundo error pretender escarbar en el pasado, en la historia. Como decía antes, durante el proceso de nuestra transición no hubo amnesia, sino precisamente mucha memoria. Todo el mundo tuvo presente el pasado reciente de España y en todos los actos de la transición hubo la voluntad de no caer en los errores que se habían cometido en los años treinta.

Señorías, las iniciativas de los grupos Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds no permiten entrar en el fondo del asunto, pero en cualquier caso me gustaría plantear una serie de cuestiones. Señor Herrera, con todo mi respeto, usted es catalán y le voy a hacer una pregunta a efectos meramente dialécticos. ¿Qué hacemos con las víctimas de la represión en la España republicana, concretamente en Cataluña, durante el periodo de la guerra civil, que no eran del otro bando? ¿Qué hacemos con ellas, señor Herrera? Aquí se habla de antifranquismo —el otro día tuve la oportunidad de hablar un poco de ello— y nadie discute que el Partido Comunista al que ustedes representan fue antifranquista, pero ¿está tan claro que luchara en todo momento por la democracia? (El señor Aragonés Mendiguchía: No, no.) Es un asunto que se puede debatir en términos políticos en todo momento, pero en cualquier caso en el trasfondo de su iniciativa, y especialmente en la de Esquerra Republicana, se hace un esfuerzo de amnesia parcial realmente curioso. Las iniciativas que se someten a nuestra consideración están llenas —no sé de qué otra forma calificarlas— de despropósitos, especialmente la de Esquerra Republicana, que algunos han dicho que la respaldan porque es más prolífica. Pues precisamente el hecho de que sea más detallada hace que la iniciativa se aleje de la realidad, de la necesidad de la democracia española y del sentir de los ciudadanos. Solo voy a citar dos referentes. En el artículo 3.1 de la iniciativa de Esquerra se habla de actividades antifranquistas, susceptibles de reconocimiento moral y jurídico y de una indemnización económica; se señala expresamente a las organizaciones armadas antifranquistas. Usted se refiere a ETA, aparte de a otros grupos; pues están ustedes muy atinados, porque el hecho de ser antifranquistas no significa que no fueran terroristas, que no fueran unos delincuentes. Sus señorías quieren no solo que los reconozcamos moral y jurídicamente, sino que encima les paguemos dinero. ¿Se puede permitir mayor escarnio? ¿Se puede causar un agravio más fuerte a las víctimas del terrorismo de ETA? Señorías, quítense la careta. (Aplausos.) Además en este iniciativa se quiere equiparar a los terroristas de ETA y de otras organizaciones terroristas con los niños de la guerra; fue una iniciativa con el respaldo unánime de todos los grupos, fruto de un trabajo entre todos, de una visita que se hizo a Rusia, referente a los niños de la guerra. El Grupo de Esquerra propone que equiparemos a los niños de la guerra (unos pobres niños que tuvieron que irse como consecuencia de la desgracia de la guerra civil y criarse fuera de su patria, a los que ahora reconocemos, que lo hicimos precisamente en la iniciativa del 20 de noviembre de 2000 y de la que ha partido esa ley) con los terroristas, o con los asesinos. Para eso no cuenten con nosotros, y espero que tampoco, por sentido común, con la mayoría.

Además en la segunda propuesta, en la que S.S. habla de excentricidades —yo no me atrevería a llamarle excentricidad, me parece una cosa excesivamente suave, es mucho más grave, cuando literalmente hace referencia a ella en la exposición de motivos—, y al final lo plantea en el propio texto de su ley, hace una petición de perdón personificada en Su Majestad el Rey. Nuestra posición aquí es clara. Espero que el grupo de la mayoría, que sostiene a un Gobierno que entre otras cosas tiene que defender las instituciones del Estado, haga la defensa que le corresponde hacer aquí. Para eso por supuesto no cuente usted con nosotros.

Señorías —con esto termino—, señor presidente, el Grupo Popular, como es obvio, natural y coherente, votará que no a esta proposición, y lo haremos no por razones de forma o de oportunidad. Lo haremos ahora y en todo momento por razones de fondo, porque nos parece un tremendo error el debate y la iniciativa que se plantea; porque estamos claramente, entonces y ahora, por el pacto constitucional; porque además nos sentimos muy orgullosos de nuestra ejemplar transición democrática; y porque no estamos ni por el revisionismo histórico, ni por revisar la transición, ni por reescribir la historia, y nuestra posición por cierto coincide absolutamente con el sentir muy mayoritario de la sociedad española.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Atencia. Por el Grupo Socialista, señor Jáuregui.

El señor JÁUREGUI ATONDO: Señor presidente, señoras y señores diputados, bienvenidos invitados de la recuperación de la memoria histórica.

Hace solo unas horas charlaba con un productor cinematográfico español, se llama Elías Querejeta, ustedes le conocen. Él está preparando una película sobre la guerra civil española y me decía que cada vez que ve las imágenes del documental que trata para hacer este film se queda más impresionado por la enorme dureza de las imágenes de todo lo que fue la guerra y la represión posterior. Estamos hablando, efectivamente, de una herida que sigue presente en la piel de España, y no puede ser para menos porque tres años de guerra, más de un millón de muertos, hermanos contra hermanos, guerra que cabe calificar de ideológica o de territorios, o de religión, de todo, represión posterior, dictadura, cuarenta años de opresión a las personas, a los pueblos, a los derechos y a la libertad en suma, pesan sobre la piel de España, como una herida que sí queremos cerrar y que hemos cerrado, pero que ha dejado una cicatriz y que está presente en nuestra piel. Hay una actitud política frente a esta realidad que en gran parte ha expresado la última parte de la intervención del señor Atencia y que, con todo respeto, querría rebatirla.

No cabe enfocar este hecho absolutamente dramático de nuestra historia bajo el criterio de que aquello ya pasó, de que todos sufrimos, o que la culpa fue de todos, o que el pacto constitucional cerró esa página de nuestra historia, porque eso no es verdad. Por cierto, si hablamos de revisionismo histórico yo tengo que denunciar aquí la aparición cada vez más rampante de una versión que trata de culpar a la República de la guerra. Yo tengo que decir, señoras y señores diputados, en nombre del Grupo Socialista, que esa sí que es una manipulación histórica impresentable e intolerable, y que se parece mucho a ese revisionismo histórico con el que determinados funda-mentalismos, bien de extrema derecha, o bien, por ejemplo, islámicos, en este momento pretenden cuestionar la realidad del holocausto contra el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial. Aquello es tanta manipulación histórica y tanto revisionismo histórico falso y manipulador como esta pretensión de culpar a la República de nuestra guerra civil. Por eso no es superfluo en este 70 aniversario que celebramos en este año en esta Cámara y en esta ocasión proclamar, primero, que en España hubo una sublevación militar contra la democracia y contra el pueblo hace 70 años. Esa sublevación fue ilegal e ilegítima y provocó una guerra civil horrible. (Rumores.) Por favor, no hagan burla con estas manifestaciones, porque no merecen burla, señores diputados del Grupo Popular. El ejército ganador de esa guerra instauró un régimen de represión cruel contra los perdedores de la guerra (Rumores.): exilio, fusilamiento, cárceles, campos de concentración, etcétera. La dictadura instaurada con la victoria militar duró 40 años, hasta que murió Franco y fue posible la transición a la democracia. Quienes ganaron la guerra, honraron a sus muertos, compensaron a sus víctimas; quienes perdieron no pudieron hacerlo. Una parte del país se acomodó al régimen y otros lucharon para que acabase y volviese la democracia, entre otros los comunistas españoles, que también lo hicieron antes que muchos (Aplausos.), y quien diga lo contrario de esta verdad histórica o insinúe o quiera sugerir lo contrario sencillamente es un mentiroso. (El señor Aragonés Mendiguchía: Yo digo lo contrario.—Rumores.) Estos son los hechos… (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Jáuregui.

Señor Aragonés, le ruego que no inicie un diálogo desde las bancadas. Simplemente escuchen cada uno los argumentos del otro, pero no inicien diálogo desde la bancada, se lo ruego, por favor.

El señor JÁUREGUI ATONDO: Gracias, señor presidente.

Esos son los hechos, señorías. Es cierto que hay otro hecho que es también verdad, y es que hicimos una transición a la democracia a través de un pacto de perdón (he dicho de perdón, no de olvido), a través de una reconciliación y de un consenso político para transitar a la democracia. Señorías, han pasado 30 años desde entonces, y poco a poco la democracia fue restañando muchas de esas heridas, compensando a muchas de las personas o de los colectivos que en el bando republicano había sufrido: los que murieron en la guerra, los militares a los que se les reconoció su grado militar, los mutilados en la guerra, quienes sufrieron represión en cárceles o campos de concentración, los niños de la guerra, etcétera. La primera pregunta surge hoy en este debate. ¿Es que quedan deudas pendientes? ¿Es que la democracia española tiene todavía deudas con los supervivientes de la guerra y de la represión? La respuesta del PSOE es que sí y que quedan cosas por hacer. La segunda pregunta que hay que hacerse es: ¿Debemos abrir, debemos abordar estas cuestiones? ¿Al hacerlo abrimos alguna herida que pueda resultar peligrosa para nuestra convivencia? Nuestra respuesta es que no abrimos nada, porque lo que estamos haciendo es responder con la justicia a una demanda pendiente. En junio de 2004 este Parlamento se comprometió a ello.

Quiero reconocer aquí que el Gobierno, a quien remitimos una petición de toda la Cámara, excepto del Grupo Popular —que no se opuso, por cierto, señor Atencia, porque se abstuvo, y con eso dejó la puerta abierta a un consenso que yo quiero formalmente reclamar en esta materia—, en el mes de septiembre creó una comisión interministerial. El Gobierno está realizando un trabajo que me atrevo a calificar de minucioso e ingente, porque ha habido que hacer muchas consultas con muchas asociaciones, con muchos expertos, con muchos ministerios, para hacer un informe que el Gobierno debe a esta Cámara. La tercera pregunta que surgía era precisamente si esta respuesta a estas deudas pendientes tenemos que hacerla unos contra otros o todos juntos; esta es la cuestión. La respuesta de nuestro grupo es que esto hay que hacerlo entre todos, no unos partidos respecto de otros (Aplausos.), sino toda la Cámara, todos los partidos políticos de este país, todo el arco parlamentario unido para dar justicia a una demanda justa.

El Gobierno —quiero decirlo aquí— no ha cumplido sus compromisos. Tengo que reconocerlo porque es la verdad, pero tienen que comprender también que ha habido, como he dicho antes, una tarea inmensa, un recorrido y un trabajo ingente y minucioso de multitud de encuentros, de atención a multitud de reivindicaciones personales y colectivas. El Gobierno prepara un informe que traerá a esta Cámara y que incorporará derechos económicos y compensaciones a colectivos afectados, exhumaciones de restos humanos ocultos, recuperación de la dignidad de quienes sufrieron penas y sanciones dictadas sin justicia y sin una garantía penal mínima, y acceso documental a distintos archivos. El presidente del Gobierno anunció el pasado día 10 de febrero un paquete de 28 leyes que llegarán a este Congreso en este periodo de sesiones y, entre ellas, estará esta.

Para finalizar mi intervención, señorías, les anuncio que el Gobierno va a cumplir su compromiso, y se lo digo a todos los grupos para que tomen su decisión respecto a la toma en consideración de esas proposiciones de ley a la vista de este compromiso que, formalmente y mucho más que yo, ha asumido el presidente del Gobierno. Habrá informe del Gobierno, habrá ponencia y habrá ley de memoria histórica en este país. (Aplausos.) Los habrá, pero vamos a hacerlo bien, señorías, vamos a hacerlo entre todos. Señor Tardá, no es justo que si yo le pedí hace poco menos de un año a Convergència i Unió que retirara su proyecto de ley —que lo tenía— sobre esta materia, a la espera del informe del Gobierno, hoy tenga que pedirle que vote su propuesta cuando sigue a la espera del proyecto del Gobierno. Es elemental hacer esa espera, porque este proyecto de ley hay que hacerlo por consenso, repito, no con el protagonismo de unos partidos sobre otros, no de unos partidos contra otros, sino entre todos. Proclamo solemnemente la voluntad del Partido Socialista de que sea posible un consenso, inclusive de que el informe del Gobierno se convierta en una proposición de ley unánime de esta Cámara para poder compensar a las víctimas de la dictadura y recuperar la memoria histórica.

Termino, señorías. Habrá informe del Gobierno, y lo haremos de manera que no haya heridas ni afanes vengativos, sin sectarismos ni partidismos, sin trasladar al presente viejas divisiones que la sociedad española ni quiere ni admite hoy: lo haremos con una mirada franca y abierta a la verdad de nuestra historia y a la justicia con sus víctimas; lo haremos porque estamos convencidos de que la recuperación consensuada de nuestra memoria histórica nos hace más fuertes en los fundamentos de nuestra democracia, porque el conocimiento de los hechos y el reconocimiento del pasado no ofende, sino que hace grande la verdad. La historia, señorías, no daña a los pueblos; los corrige y los ayuda a evitar repetir errores. Las heridas curan con la verdad y con la justicia y no con el ocultamiento y con el olvido. Habrá ley de memoria histórica, señorías, porque la van a impulsar el Gobierno y el Partido Socialista.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.

*Fuente: Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, Pleno y Diputación Permanente, VIII Legislatura, Diario núm. 152, Sesión plenaria 141 de 21feb06