La cuestión del desfile militar es una respuesta indigna a todas las víctimas de la guerra civil

Pocas veces en el trabajo de derechos humanos surge tan claramente la necesidad de conceptualizar un conflicto que significa, en sí mismo, una violación del derecho internacional de los derechos humanos y de las libertades civiles. Nos referimos al conflicto materializado por el Ministro de Defensa, José Bono ,y diversos miembros del Gobierno español en los días previos y posteriores al desfile militar del “Día de la Hispanidad” o “Fiesta Nacional”.

El Ministro de Defensa, José Bono, y el Gobierno español se encuentran en una posición indigna, que afecta a la legitimidad del poder público y más aún en un estado de derecho, y se encuentran en tal posición por propia decisión y sin que haya habido una situación previa que la prensa y los medios de comunicación hayan reflejado.

Simplemente los medios de comunicación no reflejan la realidad de un debate que está instalado en toda la sociedad española y que es bien conocido por parte del Gobierno, dado que organizaciones de víctimas y derechos humanos han mantenido reuniones en sede parlamentaria, tratándose por tanto de reuniones públicas y oficiales, reuniones que no han sido recogidas por ninguno de los medios de comunicación públicos o privados.

Esta situación es sólo una demostración más, de que en muchos casos la realidad no pasa por los medios de comunicación, sino que éstos construyen una realidad mediática que, como en este caso, hace aparecer al Ministro Bono y al Gobierno en una situación de esperpento.

El Ministro José Bono, representa la opción del gobierno que ha decidido hacer frente a la posición conjunta de la práctica totalidad de las organizaciones de víctimas de la guerra civil manteniendo un discurso que deja de lado el derecho internacional de derechos humanos y la propia legalidad internacional.

Para ello se hizo uso de un desfile militar con el cual manipular las emociones públicas y todo ello porque “Conviene a sus propósitos [los del Gobierno] el exhibir las consecuencias omitiendo sus causas. En eso consiste uno de los recursos del drama. Si se exhibieran los crímenes de los hombres al mismo tiempo que sus sufrimientos, el efecto escénico se destruiría fácilmente y el público se sentiría inclinado a aprobar, cuando no se desea más que su conmiseración”. [Palabras tomadas del discurso de Thomas Paine “Los derechos del hombre”, en nombre de la Asamblea Nacional francesa en respuesta a Edmund Burke en 1791]

Consideramos que la situación es de indignidad por lo siguiente:

1) El Ministro Bono falta a la verdad cuando dice que las víctimas estaban representadas en el acto militar del 12 de octubre de 2004.

En dicho acto no estuvo representada ni una sola de las asociaciones de víctimas de la Guerra Civil española ni de la II Guerra Mundial, y ello a pesar de que existen decenas de ellas en el Estado español y en el exterior.

2) El Ministro José Bono y el Gobierno han trasladado a la esfera militar el discurso de la reconciliación y de la recuperación de la memoria de las víctimas, tanto de la guerra civil como de los españoles que han muerto en el exilio, luchando en la II Guerra Mundial o en los campos de exterminio nacionalsocialistas o los que han sufrido el largo exterminio franquista y sus consecuencias sociales; con esto han incurrido en un acto de gran miseria moral, de una falta de ética que no tiene parangón y que, además, significa un escarnio para las víctimas y una suerte de intento de intimidación al renaciente discurso de las libertades civiles que el reconocimiento de las víctimas significa en todo país libre.

3) El Gobierno ha eliminado del discurso “la rehabilitación jurídica de las víctimas”, como queda claro si comparamos el comunicado oficial de la presidencia del Consejo de Ministros de 10 de septiembre de 2004, con el decreto de creación de la “Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo”, publicado en el BOE de fecha 20 de septiembre de 2004.

Es obvio que esa diferencia tiene un valor cualitativo. Refleja que en el seno del Gobierno triunfaron quienes se opusieron al análisis jurídico y garantizaron la implementación de otro discurso alternativo.

Hoy no tenemos ninguna duda acerca de cuál es el discurso y de quiénes lo representan. Han quedado reflejados en decenas de horas de publicidad televisiva y de utilización de los medios de comunicación de todo tipo y los nombres están en la mente de todos los ciudadanos españoles, muy especialmente de las asociaciones de víctimas y organizaciones de derechos humanos, tanto del Estado como del exterior.

4) La indignidad del Ministro de Defensa José Bono surge con total transparencia de sus declaraciones realizadas en el programa de Televisión Española “Los desayunos de TVE”, que reproducen los medios de prensa de todo el estado en sus ediciones del día 14 de octubre de 2004.

Dice el Ministro de Defensa, José Bono, en su defensa, que la presencia simbólica de la División Azul en el desfile mencionado se debe a que la Constitución "garantiza la igualdad de todos los españoles".

5) El Ministro José Bono, como todo funcionario público, no puede utilizar su ignorancia como atenuante de ninguna de sus acciones, y menos aún cuando éstas reflejan un discurso violatorio de las libertades civiles y los derechos humanos.

El Ministro sabe, o debería saber, que la igualdad de todos los españoles es ante la ley; ése es precisamente el problema.

Lo que el Ministro obvia en su discurso es su obligación, como integrante del Gobierno que representa al Estado español, de respetar el derecho internacional.

Eso es lo que no ha ocurrido con la presencia simbólica de la División Azul.

Y eso está también reflejado en los artículos 10.2 y 96.1 de la Constitución española. (“Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias ratificados por España”, y “ Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.”)

5) Pero el asunto es más grave porque esta cuestión no es competencia del Ministro de Defensa en ningún país que respete el estado de Derecho, y menos aún de ningún General a cargo del Estado Mayor .

Un Gobierno sólo debe garantizar el ejercicio de los derechos y la defensa de las libertades civiles, cosa que no ha ocurrido en este caso en la medida en que no se han respetado las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que obligan al Estado y al Gobierno desde una fecha tan lejana como 1946, ni las sentencias del Tribunal de Nuremberg.

Lo que se ha escuchado aquí es el sonido del silencio aprobatorio del Fiscal General del Estado, del Ministro de Justicia y del Presidente del Gobierno.

6) El tratamiento de las víctimas no es producto de la conmiseración del estado, es producto de las normas internacionales y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, por supuesto, tal tratamiento no es posible dentro del marco militar, sino en el de aplicación del derecho a la justicia y del discurso moral necesario para que un estado garantice que los crímenes contra la humanidad cometidos, no vuelvan a ocurrir. No hay nada más aberrante que trasladar esta discusión sobre los derechos de las víctimas al seno de un acto castrense en lo que pretende ser el “día nacional español”.

7) El Gobierno sabe, o debería saber, que desde la aprobación de la Constitución los actos jurídicos del franquismo son ilegales y ello por tres motivos a) porque así surge del derecho internacional que emana de las convenciones y las normas aprobadas por las Naciones Unidas; b) porque así surge de las Sentencias del Tribunal Internacional de Nuremberg , de las cuales se subrogó el Estado español, al igual que todos los Estados agrupados en torno al sistema jurídico de las Naciones Unidas y c), porque la Disposición Derogatoria de la Constitución española de 1978, en su punto tercero, dice textualmente: “Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución.”

8) Por todo ello, la presentación simbólica de la División Azul no es una cuestión a dirimir dentro del ámbito de un discurso militarista que creíamos olvidado y que, desde luego, intimida y asusta a los ciudadanos que sí tienen memoria de lo ocurrido en los últimos 65 años en España.

El reconocimiento simbólico a la División Azul lo es a una unidad militar que integró las fuerzas condenadas por cometer crímenes contra la paz por parte del Tribunal de Nuremberg y por varias resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptadas por unanimidad.

Y el Gobierno sabe, o debería saber, que los crímenes contra la paz son un tipo penal que está por encima del crimen de genocidio y, por lo tanto, son delitos imprescriptibles y no amnistiables en ningún sistema jurídico.

El señor Ministro de Defensa y el Gobierno tienen la obligación, como agentes del Estado, de dar cumplimiento a las normales legales de rango internacional e interno, y de proteger a las víctimas de estos crímenes.

Eso es precisamente lo que no ha ocurrido en este caso.

9) El Gobierno tiene conocimiento fehaciente, en términos jurídicos, de lo que las asociaciones de víctimas reclaman, que no es más que exigir que el Estado deje de actuar en un claro incumplimiento de las obligaciones derivadas del derecho a la justicia y proceda a llevar adelante todos los actos jurídicos y judiciales necesarios para que sea verdad que todos los españoles son iguales ante la ley.

Y un Gobierno no tiene ninguna manera de obviar su responsabilidad en la vulneración de principios constitucionales y de Derechos Humanos que derivan de las convenciones internacionales, a las que se ha ignorado y omitido.

El Gobierno sabe, o debería saber, que la omisión es un delito cuando la responsabilidad es gubernamental o judicial.

10) La situación creada tiene además unas implicaciones éticas, morales y políticas que deben ser motivo de la exigencia de depuración de la responsabilidad política y/o jurídica que corresponda, por lo que demandamos que el Parlamento, sede de la voluntad popular, tome las medidas previstas en un estado de derecho para que éstas se depuren.

Equipo Nizkor
Madrid, 14 de octubre de 2004

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