Madrid, 24 de enero de 2005

Señor Kofi Annan
Secretario General de las Naciones Unidas

Las asociaciones de víctimas, derechos humanos y libertades civiles que suscribimos esta carta hemos tomado nota del acto que se celebrará el 24 de enero de 2005, consistente en que la Asamblea General se reunirá por primera vez desde su creación, en sesión extraordinaria, para conmemorar el 60 aniversario de la liberación de los campos de exterminio nacionalsocialistas. Este acto nos merece la más alta opinión.

Consideramos de suma importancia que se recuerden aquellos hechos que están en el origen de la creación de las Naciones Unidas y, especialmente, los que tienen relación con los terribles actos de exterminio que ocurrieron en Europa en aquellos años.

Este hecho, señor Secretario General, nos ha motivado a dirigirle esta carta, mediante la cual procedemos a solicitarle su mediación de buena voluntad ante el Estado y el Gobierno del Reino de España, precisamente con relación a las víctimas españolas de la II Guerra Mundial y del franquismo.

Las Conferencias de Potsdam y San Francisco calificaron como regímenes criminales a los que componían las denominadas potencias del Eje y a sus sistemas políticos, haciendo especial referencia al nacionalsocialismo alemán, al fascismo italiano, al franquismo español y al nacional imperialismo japonés.

Como antecedente para solicitar su intervención de buena voluntad hemos tomado en cuenta las siguientes resoluciones de las Naciones Unidas:

• a) Resolución 32 de la Asamblea General de la ONU, de 9 de febrero de 1946
• b) Resoluciones 4 (1946) del Consejo de Seguridad de 29 de abril de 1946 y 7 (1946), de 26 de junio de 1946.
• c) 35ª y 36ª sesiones plenarias de la Asamblea General de 24 de octubre de 1946.
• d) Resolución 39(I) de la Asamblea General de la ONU, de 12 de diciembre de 1946

A pesar de estos antecedentes y de que, desde 1978, el Estado español tiene un régimen democrático constitucional, la situación de las víctimas continúa si tener un tratamiento acorde con las normas internacionales de tratamiento de víctimas de crímenes graves contra los derechos humanos o de delitos contra la humanidad.

Algunas de las cuestiones que nos preocupan vienen a reflejar muy claramente cuál es la problemática que nos lleva a pedir su mediación de buena voluntad:

• 1) No ha habido reconocimiento jurídico alguno de las víctimas españolas de la Segunda Guerra Mundial.
• 2) La legislación franquista de represalia a los combatientes españoles que participaron en las fuerzas aliadas se ha mantenido hasta la fecha. Esto es así hasta tal punto que a los españoles que lucharon contra el nazismo en los ejércitos aliados no se les ha restaurado en sus derechos civiles, ni se les ha devuelto su nacionalidad.
• 3) No ha habido reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo, manteniéndose, a todos los efectos, las represalias y condenas legales y judiciales que se adoptaron durante todo ese régimen.
• 4) Se ha negado, por acción o por omisión, el derecho de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos y exterminio a recuperar los restos de sus parientes y amigos en condiciones que reúnan todas las garantías jurídicas necesarias.
• 5) Se ha mantenido sin solución el problema de la pérdida de derechos civiles y de la nacionalidad de los exiliados y refugiados republicanos en países que no reconocieron diplomáticamente al régimen franquista.
• 6) Se han mantenido sin solución los actos de saqueos, expolios y otras acciones ilegales de esta naturaleza sin que hasta la fecha haya un reconocimiento por parte del Estado y una acción de restauración de derechos violados.
• 7) No se han reconocido los campos de trabajo forzoso franquistas, ni a sus víctimas, permaneciendo esta cuestión en una total ilegalidad a pesar de que estas acciones tuvieron lugar incluso después del final de la II Guerra Mundial.

La organizaciones firmantes elaboramos un documento denominado La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas" que trata de analizar en profundidad la cuestión de las víctimas.

En la introducción a dicho documento se dice expresamente:

"No es posible que un estado de derecho permanezca silencioso y sus representantes minimicen la situación de los represaliados, encarcelados, asesinados, desaparecidos, así como la de los que pasaron por el sistema de campos de concentración franquistas, nacionalsocialistas o murieron en los campos de internamiento franceses, y también la de quienes sufrieron exilio y extrañamiento.

Tampoco es posible que los familiares de las víctimas que han visto pasar los años de democracia en silencio y humillación, vean que se les va la vida entre las manos sin conocer el destino final de los que sufrieron los actos planificados de exterminio y que no puedan, aún con los datos históricos en la mano, proceder a la recuperación de sus restos en forma legal, legítima y con los honores que les corresponden, llegando al absurdo jurídico de jueces que se niegan a proceder de conformidad con las normas legales vigentes y que, muchas veces, ni siquiera haya un letrado dispuesto a asistirles.

De la misma manera, es necesario que se adopten las medidas oportunas en los campos legislativo y jurídico para poner fin al despropósito que significa el que se hayan podido alterar las causas de las muertes en los libros de los registros civiles. Esta práctica ha tenido la finalidad de ocultar a los familiares qué es lo que realmente ocurrió en las zonas campesinas donde se exterminó y se saqueó a la población civil, mediante burdos procedimientos legales instrumentados para quedarse con sus bienes y humillar a los sobrevivientes, reduciéndolos mediante el hambre y la pobreza.

También es necesario abordar, con justicia y verdad, la cuestión de quienes, siendo niños, fueron trasladados fuera de España para protegerles del avance del régimen fascista, de quienes fueron entregados en adopción separándolos de sus familias y a quienes les fue ocultado el cambio de sus nombres y apellidos, modificados en aras del salvacionismo político-religioso.

Igualmente, es necesario adoptar las medidas necesarias para que las fosas de enterramiento de las tropas regulares de los ejércitos sean recuperadas en las condiciones previstas por las normas internacionales, o aquéllas que la propia sociedad española pueda darse, y ello con vistas a regularizar la memoria de lo realmente ocurrido.

Es necesario que se entienda que la justicia es lo contrario de la venganza. Es necesario que no se equipare, en un discurso perverso, el concepto de justicia al de venganza, pues ello posibilita que se considere al olvido como una de las bases del estado social de derecho. Ninguna sociedad puede sobrevivir al desconocimiento de su propia historia, por horrible que ésta sea.

El presente informe no pretende ser la solución a la cuestión de la impunidad, sino una aproximación a la cuestión y a los problemas aún por resolver. Es también una manera de aportar una base de análisis y de discurso a las víctimas y sus familiares, abandonados por las instituciones del Estado, por los partidos políticos y por parte de la sociedad civil, que ha preferido practicar el olvido.

El discurso de derechos humanos y libertades no se recuperó aún de la pérdida de libertades que significó el alzamiento nacional".

Señor Secretario General, ninguno de los Gobiernos hasta la fecha, ha utilizado las numerosas normas que el Sistema de Naciones Unidas ha elaborado para la solución de este tipo de cuestiones y, actualmente, sabemos que no existe la voluntad política de hacer frente a los mismos.

Han pasado 60 años desde el término de la Segunda Guerra Mundial y más de 30 desde la instauración de un régimen democrático en España sin que las víctimas del franquismo tengan el más mínimo reconocimiento jurídico y sin que se les otorgue participación activa en la búsqueda de soluciones acordes a la profundidad de la cuestión.

Es evidente que en los últimos años la sociedad española se ha sensibilizado por la situación de la víctimas de la represión franquista, lo que ha dado lugar al surgimiento de numerosas asociaciones relacionadas con estos hechos.

A pesar de los años transcurridos, cualquiera que se acerca a esta cuestión se encuentra con la dejación por parte del Estado de la cuestión de las víctimas, de la memoria y de los derechos humanos.

Y es precisamente desde el discurso de derechos humanos desde donde se puede hacer frente a la situación concreta y exigir al Estado la justicia necesaria para poner fin a la situación de desmemoria, dejación e impunidad a que se ha reducido esta cuestión de forma, muchas veces, intencionada.

El derecho a saber el destino final de lo ocurrido a las víctimas de la represión en España, no consiste solamente en el derecho individual que toda víctima, o sus parientes o amigos, tiene a saber qué pasó en tanto que derecho a la verdad. El derecho de saber es también un derecho colectivo que tiene su origen en la historia, para evitar que en el futuro las violaciones se reproduzcan.

Es por todo ello, Señor Secretario General, que aprovechando la conmemoración del comienzo de la liberación de los campos de exterminio y del fin de la II Guerra Mundial, solicitamos su mediación de buena voluntad ante el Gobierno del Reino de España, para que las únicas víctimas de Europa Occidental que no han recibido ningún reconocimiento hasta la fecha puedan recuperar su memoria, su dignidad y sus derechos civiles.

Las asociaciones de víctimas, derechos humanos y derechos civiles que firmamos esta solicitud le aseguramos que nuestra acción está motivada en no olvidar nunca lo ocurrido y en recordar siempre a aquéllos que dieron su vida para defender nuestras libertades.

Atentamente,

• Gregorio Dionis, Presidente del Equipo Nizkor
• Ana Viéitez Gómez, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo - AFARIIREP
• Mario Osorio, Secretario de la Agrupación Gragero de León
• Félix Rodríguez Sanz, Secretario del Instituto Republicano de Derechos Humanos,.
• Dolores Cabra, Secretaria General de la Asociación para la creación del Archivo de la Guerra Civil, las Brigadas Internacionales, los Niños de la Guerra, la Resistencia y el Exilio Español. AGE (Archivo Guerra y Exilio).
• Montse Astray, Secretaria del Ateneo Republicano de Galicia (ARGA)
• Fermín Sánchez Martín, Secretario de la Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia,.
• Floren Dimas Balsalobre, presidente regional de la asociación Amigos de los Caídos por la Libertad (1939 - 1945), Memoria histórica de la región de Murcia
• José María Pedreño, Presidente, Foro por la Memoria.