Proposición de Ley sobre la declaración del año 2006, como Año de la Memoria Histórica — DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA DECLARACIÓN DEL AÑO 2006 COMO AÑO DE LA MEMORIA HISTÓRICA. (Número de expediente 122/000180.) El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la declaración del año 2006 como año de la memoria histórica. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.—Rumores.) La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, por favor, vamos a continuar con la sesión plenaria. Toma en consideración de proposiciones de ley. Comenzaremos con la del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre declaración del año 2006 como año de la memoria histórica. Tiene la palabra —y les pido silencio, señorías, para que haga convenientemente uso de ella— el señor Llamazares. El señor LLAMAZARES TRIGO: Señorías, comparezco en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds para presentar la proposición de ley que pretende declarar este año 2006 como año de la memoria histórica. Dos son las razones fundamentales para esta propuesta: el aniversario de la II República española, antecedente de la democracia española que hoy disfrutamos, y el aniversario de la guerra civil como consecuencia de la sublevación ilegítima contra la República española. Bastaría esta efemérides para justificar nuestra propuesta, la propuesta de que este año sea el año de la memoria histórica, pero hay antecedentes que también lo justifican. En esta Cámara, sobre todo a lo largo de los últimos años, podríamos decir que a lo largo del final de los años noventa y el principio del siglo XXI, se han sucedido iniciativas de justicia, de reparación y de memoria de lo que ha sido el olvido de la democracia republicana, del antifranquismo y del exilio. Esas iniciativas han sido aprobadas por esta Cámara y han supuesto reparaciones parciales tanto de la memoria como de la justicia. Esperamos que este año, el año 2006, en que se produce el 75º aniversario de la II República y el 70º aniversario de nuestra guerra civil, sea el año en que esta Cámara dé satisfacción a los ciudadanos de este país y permita la recuperación de un relato compartido sobre nuestra memoria y sobre nuestra historia. Algunos pensarán que esta iniciativa es una iniciativa para reabrir heridas o una iniciativa de venganza. Nada más lejos de la realidad. Esta iniciativa se hace desde la convicción de que fue imprescindible el perdón y fue imprescindible la reconciliación. Sin perdón y sin reconciliación difícilmente hoy habría un régimen democrático en nuestro país, difícilmente se hubieran vuelto a hacer realidad los valores democráticos de la República. Nada más lejos de esta iniciativa que retomar lo que fue un gran acierto de la transición democrática. Pero perdón y reconciliación no son contradictorios con la memoria; muy al contrario, perdón y reconciliación significan al mismo tiempo memoria, memoria democrática y memoria civil. (Rumores.) La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): ¡Silencio, por favor! El señor LLAMAZARES TRIGO: Para que se haga cierto el perdón y la reconciliación también tiene que haber reconciliación con la memoria de los demócratas, con la memoria de los republicanos y con la memoria de los antifranquistas españoles. Por eso esta iniciativa para declarar el 2006 año de la memoria pretende ser también la iniciativa puente con el compromiso del Gobierno para presentar ante esta Cámara la ley de la memoria histórica, que estamos convencidos que avanzará de forma clara en la justicia, en la memoria y en la reparación, tanto a los republicanos como a los antifranquistas y exiliados, que hoy son ancianos y que hoy todavía no han recibido la reparación democrática necesaria a su esfuerzo y a su compromiso. Esta iniciativa pretende ser una iniciativa puente por la que, de forma simbólica, se declare este año 2006, aniversario de la República y también aniversario de la guerra civil, como año de la memoria. Es, en nuestra opinión, el año de la memoria democrática, el año de la memoria en que, como diría López Piñeiro, independientemente de los aciertos y errores de la República, la democracia española de la Constitución actual se reconcilia con sus antecedentes democráticos, su principal antecedente democrático, la Constitución republicana y la II República española, dotada de los mismos valores y de las mismas aspiraciones de modernización y de participación democrática que la Constitución de 1978. Es un año también de reconciliación con la memoria democrática de nuestro país para que se produzca un relato que aún no tenemos. Por nuestras calles, el imaginario colectivo sigue siendo el imaginario colectivo fracturado, donde la amnesia prima en relación con la II República, en relación con el antifranquismo y en relación en definitiva con los demócratas. El imaginario colectivo no es todavía el imaginario de todos y el relato democrático en nuestro país no es aún tampoco el relato de una sociedad democrática, sino el relato de una sociedad demediada, donde el relato comienza con la transición democrática y se pierde en la nebulosa, en la época republicana y en la época de la lucha antifranquista. Dice Javier Cercas que para que en nuestro país exista un relato compartido tiene que haber, por una parte, verdad histórica y, por otra, tiene que haber también las distintas memorias: la memoria de los que fueron vencedores mediante un golpe ilegítimo y la memoria de los que fueron vencidos y defendieron la democracia y la República a lo largo de décadas en la larga noche del franquismo. Por eso, esta proposición pretende ser el puente con la iniciativa pendiente por parte del Gobierno en torno a la verdad, a la justicia y a la reparación y el puente necesario con la memoria para que tengamos un relato compartido basado en la verdad histórica, compartido desde las diferentes visiones, no únicamente desde una sola visión y desde un solo imaginario colectivo. Ese es el sentido de esta iniciativa parlamentaria, que estamos convencidos que va a ser respaldada por esta Cámara porque en buena parte cumple con otra recientemente aprobada en este Parlamento; cumple con la propuesta de memoria histórica aprobada en este Parlamento y aún pendiente —estamos convencidos de que se presentará en las próximas fechas— y cumple también con la declaración solemne de este Parlamento del año 2002 donde no solamente se condenaba el franquismo, no solamente se reconocía la memoria moral y política de los antifranquistas, sino que además se mandataba a las instituciones para recuperar esa memoria de los antifranquistas. Este es un acto de recuperación de la memoria: el acto de reconocer el año 2006 como año de la memoria histórica, año de la memoria democrática y republicana de nuestro país. Muchas gracias, señorías. La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Llamazares. ¿Algún grupo parlamentario desea ejercer un turno en contra? (Pausa.) Pasamos al turno de fijación de posiciones. Comenzamos con el turno del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, tiene la palabra el señor Labordeta. El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, vamos a defender y a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley porque ya va siendo hora de que lo que ha dicho el señor Llamazares se vaya cumpliendo en este país. Hace unos días se ha hablado de que a través de la Fábrica de Moneda y Timbre se hagan unos sellos como recordatorio de aquellos momentos, de aquellas figuras importantes que han desaparecido casi en la historia de España. Es curioso como estos días un periódico de tirada nacional está sacando sellos de aquellos años y mientras los sellos de la República reproducían grandes figuras de la historia, de la cultura y de la investigación española, en los sellos del franquismo sacaban solamente a Franco, Franco, Franco. Yo creo que ha llegado el momento, lo digo con toda sinceridad y con todo respeto, de que cambie aquella frase que circulaba en el año cuarenta y tantos entre los soldados de la República que habían sufrido heridas graves, que decían: Mientras unos son caballeros mutilados, nosotros somos putos cojos. Creo que ha llegado la hora de que todos aquellos que participaron en la guerra y que lucharon en un bando y en otro sean considerados como caballeros mutilados de guerra; que nos dejemos ya de este enfrentamiento, que por fin las calles vuelvan a recuperar nombres de gente heroica que estuvo en la lucha y enfrente del franquismo y que también vayan desapareciendo muchos de los nombres de gente que utilizó fundamentalmente las armas cortas para acabar con muchos ciudadanos que defendían la República. Muchas gracias, señora presidenta. La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Labordeta. Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez. El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta. El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar la toma consideración de la proposición de ley presentada por Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Lo vamos a hacer porque se trata de una iniciativa puente entre los objetivos finales que todos perseguimos, que estaban plasmados en concreto en las decisiones de este Parlamento de hacer un estudio general sobre la situación de los derechos reconocidos por la legislación estatal y autonómica a víctimas de la guerra civil y a las perseguidas y a represaliadas por el régimen franquista. También vamos a hacer por el deseo de que hubiese un proyecto de ley de solidaridad con las víctimas que sufrieron daños personales en el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas prohibidos por el régimen franquista y reconocidos posteriormente por nuestra Constitución. Mientras se llevan a cabo el proyecto de ley y estudio sistematizador, pensamos que no podemos esperar más a que se utilice el año 2006 como un año homenaje y de rememoración de una etapa histórica fundamental, la de la República, que acabó con un alzamiento militar, un golpe de carácter fascista y una guerra civil posterior con represión cruenta durante muchos años en nuestro país. En este aspecto, la proposición de ley Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene una intención muy comedida de carácter puramente simbólico que solamente obliga al Gobierno a promover y a apoyar actos precisamente de recuperación de la memoria histórica. Como gallego tengo que decir que esta recuperación de la memoria histórica es fundamental para todos pueblos del Estado español y en especial para el que este momento represento, por lo menos en uno de esos sectores. Decimos esto porque hay una casuística engañosa en el alzamiento militar y en la posterior guerra civil, que llevó a considerar que hubo unas partes del Estado español que se alinearon con la República y otras que prácticamente fueron el granero del franquismo. Este tipo de interpretación de la historia del Estado español es simplista como falsa. El problema estuvo, señorías, que la memoria debe de indicar que hubo territorios Estado español que por no gozar precisamente de marco autonómico de autogobierno, fácilmente debido a una posición muy timorata y ambigua de las autoridades la República y a la indefensión de todos los ciudadanos que querían defenderla, cayeron prácticamente en manos de los militares alzados en armas; por tanto, sufrieron alzamiento militar, con la posterior represión. Otras partes del Estado español pudieron participar en defensa de República porque sus instituciones estuvieron a la altura de las circunstancias y después en todo caso participaron en una guerra y, cuando se impusieron definitivamente los armados, en una represión posterior. Todo el conocimiento del pasado en este aspecto es fundamental para recuperar también determinado tipo de estereotipos y argumentos que valieron de forma desconsiderada para atacar un régimen constitucional, legal y plenamente democrático en nombre de que había que oponerse al comunismo y a la desmembración de España. Este último pretexto recuerda muchos de los argumentos que hoy se dan para ir en contra de un nuevo Estatuto en Cataluña o para situarse de forma beligerante y agresiva contra propuestas democráticamente enunciadas en las instituciones de representación popular. Por eso consideramos que todo lo que se haga por rememorar la historia, por recuperar la conciencia perdida y por dignificar un periodo histórico fundamental de nuestra evolución democrática bienvenido sea y, desde luego, el Bloque Nacionalista Galego lo va a apoyar de forma entusiasta, mucho más cuando se va a hacer en colaboración con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, alguno de los cuales tienen ya preparada una batería y una planificación importante de actos en función de clarificar este pasado, de homenajear a los demócratas de todos los momentos históricos desde el año 1931 y de no ocultar lo que fue nuestro pasado por bien de nuestro presente. Muchas gracias. La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Rodríguez. Señor Esteban, es su turno en nombre del Grupo Parlamentario Vasco. El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora presidenta. Intervendré muy brevemente, porque la posición de nuestro grupo en estos temas es de sobra conocida, para apoyar absolutamente la propuesta que se ha hecho por el diputado señor Llamazares. Insisto en que ya es conocida la posición de nuestro grupo; de hecho a impulso del mismo el Pleno de la Cámara aprobó en junio de 2004 una resolución en la que se pedía al Gobierno que elaborara un informe sobre la situación en que se encontraba el reconocimiento de todos los represaliados durante la dictadura franquista por parte de los distintos poderes del Estado y por parte de las comunidades autónomas y sobre cuál podría ser la ley que pudiera reparar —proponiendo propuestas concretas y programas específicos— la dignidad y mejorar la situación de las personas que sufrieron daños personales y también económicos en esa dictadura. Volvemos a reiterar en ese sentido la petición que ya hicimos en diciembre del año pasado para que el Gobierno presente cuanto antes esta documentación y este proyecto de ley. Ya ha pasado más de un año desde que lo debería haber hecho. Esperemos que en esta ocasión se cumpla la promesa del presidente del Gobierno de presentarlo en este periodo de sesiones. Mejor antes que más tarde, porque el tiempo va pasando para todos, también para aquellos supervivientes de tan dramáticas circunstancias. Nos parece que, como complemento a esa resolución del Congreso, sería un broche perfecto en este periodo de sesiones esta propuesta que hace el Grupo de Izquierda Unida de declarar este año como año de la memoria histórica, en homenaje y reconocimiento a la II República y a toda la gente que sufrió en esos duros tiempos. Muchas gracias, señora vicepresidenta. La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Esteban. Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Tiene la palabra el señor Tardá. El señor TARDÁ I COMA: Señora presidenta, señorías, celebramos la coincidencia con Izquierda Unida de que el año 2006 debe ser un año clave para la recuperación de la memoria histórica. Si nuestro grupo presentó en julio del año pasado una proposición no de ley en la que se instaba a la conmemoración durante el año 2006 del 75º aniversario de la proclamación de la II República española, los compañeros y compañeras de Izquierda Unida nos traen a debate hoy una proposición de ley en la que se pretende declarar este año como el año de la memoria histórica, coincidiendo con la efemérides citada. En definitiva, es una coincidencia de fondo y contenido que nos permitirá ponernos de acuerdo en uno de los temas clave de la presente legislatura: la recuperación de una memoria histórica que supere la amnesia colectiva a la que nos obligaron cuarenta años de cruel dictadura. Ahora bien, para llevar adelante este proceso necesitamos el apoyo del Gobierno español y del grupo mayoritario de la Cámara. De hecho, uno de los motivos por los que los republicanos dimos nuestro apoyo a este Gobierno y a su presidente fue su compromiso con la recuperación de la memoria histórica. Hoy, cuando estamos rozando el ecuador de la legislatura, ha llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos. El Grupo de Esquerra Republicana ha sido paciente con este Gobierno. Hemos esperado para que la Comisión creada para estudiar la recuperación de la memoria histórica trabajara con calma y sin presiones por urgencias. Hemos confiado en el trabajo que realizaban, delimitados por las propias fechas que el Gobierno español decidió establecer para tener unas conclusiones definitivas. Estas fechas se han cumplido y comenzamos a mostrarnos impacientes, porque ni el Gobierno español ha presentado la ley de la memoria histórica a la que se comprometió, ni ha anunciado una fecha para hacerlo. Nuestra paciencia ha sido demostrada, pero el tiempo para el cumplimiento de los compromisos de la presente legislatura nos apremia y ya no podemos esperar más, máxime cuando el gran compromiso del presidente español con el pueblo de Cataluña, el compromiso de aprobar el Estatut de nuestro Parlament, no ha sido cumplido. No queríamos que nos aprobaran un Estatut, queríamos que nos aprobaran el Estatut. Ahora no queremos que hagan una ley de la memoria histórica, sino que queremos la ley de la memoria histórica, sin recortes. Consideramos que sería un paso adelante que hoy voten la presente proposición de ley que han traído hasta aquí nuestros compañeros de Izquierda Unida y que durante este año se conmemore el 75º aniversario de la proclamación de la República española, nuestra República; que se editen monedas o sellos o que se realicen toda una serie de actos o actividades que rememoren la legalidad republicana y la negra etapa de terror de la dictadura fascista. Pero no será suficiente y no lo será hasta que exista una ley integral de recuperación de la memoria que no solo desentierre verdades, sino que reconozca jurídicamente la condición de víctimas a todas las personas que sufrieron represalias, a todos los luchadores y luchadoras que sacrificaron su bienestar o su vida en defensa de la República, en defensa de la democracia, en defensa de la libertad. La España democrática debe hacer un ejercicio de reconocimiento de su pasado para cerrar las viejas heridas de aquellas personas que lucharon por la libertad y por la democracia, que fueron reprimidas, expulsadas de su tierra o asesinadas. Es un deber recuperar las historias individuales que conforman la historia más reciente del Estado. No se trata de un ejercicio de venganza, ni mucho menos, no reclamamos que los culpables de represión y genocidio sean juzgados y castigados por ello, aunque, como saben, los crímenes contra la humanidad nunca prescriben. No pedimos eso. Lo que reclamamos es que la actual ciudadanía del Estado conozca qué fue la dictadura franquista para que no vuelva a repetirse, que conozca la lucha de un pueblo por la democracia y las libertades para que valore la democracia y las libertades que hoy tenemos, y que finalmente reconozca el trabajo de las personas que defendieron la legalidad republicana a las que la historiografía y el sistema franquista han criminalizado, para que sus familias, lejos de sentirse humilladas de su pasado, se sientan orgullosas de él. Solo se pueden sentir ofendidos aquellos que protagonizaron la represión franquista o aquellos que se sienten herederos de ella. La España democrática de las izquierdas o de las derechas debe reconocer y restituir la lucha por la democracia en los años treinta. La izquierda española debe ser suficientemente valiente para hacerlo y la derecha española debe ser suficientemente democrática para condenar la dictadura franquista y reconocer la labor de los defensores de las libertades. Si no es capaz de hacerlo es que no es suficientemente democrática, es que no ha roto con el pasado franquista, es que se sienten herederos de él. La España democrática, pues, debe hacer un ejercicio de pedagogía entre su propia ciudadanía; en este sentido iban buena parte de las proposiciones no de ley que hemos presentado en esta legislatura, como la de realizar una serie de televisión en horario de máxima audiencia que explique tanto la II República española como la represión de la dictadura franquista; la que hacía referencia a la incorporación en los libros de texto escolares de la memoria histórica de la II República y la dictadura franquista; otra que hacía referencia a la reconversión de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona en un centro memorial y documental sobre la represión franquista; otra declarando el 14 de abril día de la República, o la proposición no de ley sobre la conmemoración del 75º aniversario de la proclamación de la República, coincidente con la de nuestros compañeros. Vamos a trasladar el contenido de estas proposiciones no de ley como enmiendas a esta proposición de ley que esperamos que hoy se apruebe, porque si bien consideramos que es una iniciativa interesante y un punto de partida, creemos que hay que completarla para que el año de la memoria histórica tenga una mayor difusión y para que permanezca en el tiempo con material educativo y espacios conmemorativos a lo largo de la geografía del Estado. Por todo ello, por la coincidencia con nuestras iniciativas, por la idoneidad de la efeméride y por las aportaciones que pensamos realizar a lo largo del trámite parlamentario y que esperamos sean bien recibidas por el grupo proponente, vamos a votar a favor de la proposición de ley de Izquierda Unida, y ello sin dejar de insistir al Gobierno y al grupo mayoritario de esta Cámara en que ha llegado la hora de pasar de los hechos a las palabras y que esperamos que presenten en breve plazo la ley de recuperación de la memoria histórica y antifascista, donde se reconozca y restituya —repito, donde se reconozca y restituya— jurídica, moral y económicamente a las luchadoras y luchadores por las libertades y la democracia. Piensen que ya estamos enterrando a los hijos de los fusilados y las fusiladas por el fascismo y todavía no han sido anuladas las causas sumarísimas que los llevaron ante un pelotón de ejecución. Muchas gracias. La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Tardá. Continuamos con el turno del señor Xuclà, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Adelante, señor Xuclà. El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para anunciar de entrada el voto positivo de mi grupo parlamentario a esta proposición de ley del Grupo de Izquierda Verde, que creemos ajustada, oportuna y acertada. Es una iniciativa breve pero con un alto valor declarativo, con un alto valor político. Valoramos y apreciamos como justos y apropiados estos tres artículos y estas dos disposiciones, que además nos permitirán durante su tramitación parlamentaria algunas aportaciones por parte de distintos grupos parlamentarios, también por parte del que represento, el cual desde el inicio de esta legislatura y también desde hace unas cuantas legislaturas viene proponiendo distintas medidas justo en la misma línea y que además en esta legislatura estaba convencido —y había depositado la confianza en el Gobierno y en el grupo de la mayoría— de que se tramitarían con más celeridad y con un mayor exactitud. Creemos que es el momento de reconocer, desde la máxima dignidad que supone este Parlamento, a las víctimas de la guerra civil y también a los que padecieron la persecución y fueron víctimas de la dictadura franquista. Como saben sus señorías, en el momento de la transición existió un pacto —que muchas veces se ha dicho tácito, pero yo creo que es más que tácito, que forma parte ya de los libros de historia— de una amnesia colectiva selectiva. Después de un cuarto de siglo de convivencia democrática creemos que ha llegado el momento de afinar la verdad histórica. También valoramos muy positivamente algunos pasos que ha dado este Parlamento, este Congreso de los Diputados, durante la presente legislatura sobre toda la verdad histórica. Por ejemplo, valoramos positivamente el reconocimiento de lo que supuso el fusilamiento del presidente de la Generalitat de Cataluña. Valoramos muy positivamente el debate que trajo ante este Pleno el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre lo que supuso también el fusilamiento del que fuera diputado de estas Cortes, el señor Carrasco i Formiguera. En definitiva, debemos analizar y valorar los claroscuros que hubo en la parte de la legitimidad republicana. Creo que este viaje hacia el valor histórico de la verdad lo estamos haciendo en los debates parlamentarios de esta legislatura y que a mejorarlo contribuirá la tramitación de esta proposición de ley sobre la memoria histórica por la cual se instaura el año 2006 como el año de la memoria de los hechos acaecidos durante la guerra civil, la República y la larga noche del franquismo. Dicho esto, señorías, señora presidenta, me gustaría hacer una referencia final no sobre los puntos positivos, aquello en lo que hemos avanzado durante esta legislatura, sino sobre los incumplimientos importantes por parte del grupo de la mayoría y del Gobierno. Empezamos esta legislatura con el debate, en el mes de junio de 2004, de una proposición no de ley con un importante valor político, por la cual instábamos al Gobierno a presentar una iniciativa para la reparación moral, política y económica de las víctimas de la guerra civil y del franquismo. No se ha dado cumplimiento a aquella proposición no de ley de principios de legislatura. Pero estamos especialmente decepcionados, nos sentimos defraudados y, si me permiten sus señorías, nos sentimos engañados ante lo que fue la máxima aproximación a la posibilidad de tramitación de un proyecto de ley para la reparación de los daños causados a las víctimas de la guerra civil y del franquismo. En el primer periodo de sesiones del año 2005 este grupo parlamentario presentó una proposición de ley, más amplia incluso que la planteada en estos momentos por Izquierda Unida, con propuestas concretas para la reparación de los daños causados a las víctimas de la guerra civil y del franquismo. El grupo parlamentario de la mayoría, el Grupo Socialista, nos pidió que retiraramos esta proposición de ley con un compromiso firme, con un compromiso desde la tribuna, con un compromiso del diputado Ramón Jáuregui de presentar un proyecto de ley antes del mes de junio del año 2005. Estamos en el mes de febrero del año 2006 y estamos a punto de llegar al ecuador de la legislatura. Insisto, nos sentimos profundamente defraudados, nos sentimos engañados respecto al compromiso del grupo de la mayoría. Queremos aprovechar, pues, la toma en consideración de esta proposición de ley para presentar en forma de enmiendas aquellas iniciativas que el Gobierno se había comprometido a impulsar y aquellas iniciativas a las que la Comisión interministerial de la memoria histórica está dando vueltas, pero sobre las que no está encontrando el acierto para elevarlas en forma de proyecto de ley antes estas Cortes Generales. Bienvenido sea, pues, este nuevo paso adelante hacia la verdad histórica desde la concordia que ha presidido estos 25 años de vida democrática. Esperemos que a partir de esta iniciativa parlamentaria resolvamos la falta de impulso político del Gobierno en esta tan sensible e importante materia. Muchas gracias, señora presidenta. La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Xuclà, muchísimas gracias. Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra para ello el señor Atencia. El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señora presidenta. Señorías, al abordar la cuestión que hoy se plantea uno tiene la sensación de que algunos vienen aquí a dar lecciones no solo de historia sino de todo. Si me permiten una pequeña digresión, desde mi punto de vista, aquí no hemos venido a dar lecciones de antifranquismo, porque a mí no me las van dar ni me van a dar lecciones de pedigrí democrático. Cada uno tiene su historia y su experiencia. Yo estuve en la Coordinadora democrática, en la Platajunta en Granada luchando por la libertad y la democracia. Yo, humildemente, como estudiante, todavía joven —no pude votar, la primera vez que voté fue en el referendo constitucional, porque antes no podía votar—, lo que pude observar —y sacar una experiencia personal de ello— fue el proceso de transición política que de forma tan generosa se abordó por todos y que nos permitió lograr el pacto constitucional y la reconciliación, cerrar heridas, mirar hacia delante y superar problemas del pasado que venían de mucho tiempo —y no voy a circunscribirme a la cuestión histórica que usted plantea— y, por tanto, fundamentalmente, entre todos construir un futuro en libertad y en democracia. Me parece muy relevante que preservemos aquellos acuerdos que están en los pilares básicos del sistema democrático y constitucional en el que nos desarrollamos y que nos han dado el periodo de libertad y prosperidad más amplio de toda la historia de nuestro país. Hoy nos encontramos con la iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que se ha defendido con un tono equilibrado y mesurado por el señor Llamazares, y después están las interpretaciones de los que se suman y que inmediatamente o abren la intención real de esa iniciativa o, por supuesto, la mandan a otros derroteros. Cuando se habla de la iniciativa concreta del Grupo de Izquierda Unida y cuando se habla de memoria histórica creo que lo primero que hay que recordar es que la historia tiene un afán de objetividad. La memoria en cambio es subjetiva y además selectiva. La historia se escribe contra el olvido y la memoria se acuerda de unas cosas y se olvida de otras. Por eso considero que plantea usted un debate excesivamente complejo y, sobre todo, en cuanto a lo que propone el fondo de su iniciativa, a mí no me parecen mal las conmemoraciones que se puedan realizar. Nosotros estamos a favor, como es natural, de cuantas iniciativas de carácter académico, histórico, editorial o cultural se añadan a las que ya están en marcha con ocasión del 70º aniversario de la guerra civil o del 75º aniversario de la proclamación de la II República española. De hecho, la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales —creada por cierto durante el Gobierno del Partido Popular— tiene previsto celebrar un congreso de carácter académico sobre la guerra civil, creo que en noviembre de este año. Pero eso parece que no es lo que importa a las señorías que plantean esta iniciativa y a las que hasta ahora la han respaldado. Quiero dejar claro —no quiero que quede ninguna duda— que este grupo parlamentario no puede apoyar la iniciativa que se somete a la consideración de la Cámara. (Un señor diputado: ¡Qué raro!) Los términos en los que se ha planteado esta iniciativa y especialmente los que se han defendido por quienes se adhieren a ella en nada coinciden ni con el espíritu con que se ha abordado este tipo de cuestiones desde la transición democrática ni concretamente —y luego me referiré a ello— con la forma en que se abordó la resolución unánime del 20 de noviembre de 2002 cuando en la Comisión Constitucional aprobamos un texto, por cierto, redactado o propuesto por el Grupo Parlamentario Popular y acordado entre todos. Ustedes pretenden ahora que respaldemos sus iniciativas que están llevadas —por lo visto— por muy nobles sentimientos. Y la verdad es que aquella resolución del año 2002 que habla de la guerra civil, de sus consecuencias, de las víctimas de la represión franquista, yo creía que era un acuerdo de caballeros, un acuerdo político, reflejado solemnemente por la intervención del señor López de Lerma y del señor López Garrido y de quien intervino en nombre del Grupo Popular —que es quien les habla—, con el que se acordó cerrar y culminar aquel debate en términos políticos y que todas las cuestiones que tenían que ver con nuestra historia reciente quedasen fuera del debate político y para el análisis de los historiadores. Ese fue el acuerdo claro y de futuro, recuperando el consenso de la transición que alcanzamos en aquellas fechas. Esta iniciativa utiliza como antecedentes, aparentemente así lo hace en la exposición de motivos del texto que se somete a nuestra consideración, prácticamente párrafos literales de aquel texto pero en nada respeta aquel acuerdo, ni en su planteamiento ni en su defensa ni en las valoraciones y adhesiones que hoy ha recibido. Por eso me quedo con algunas palabras, creo que del diputado de CiU, señor López de Lerma, donde se decía que uniéndonos en la libertad, en la Constitución y en la democracia habíamos acordado alejar del debate político de una vez y para siempre la II República, la guerra civil y la dictadura de Franco. Pero parece que eso no vale, parece que hay que recuperar o recurrir a la llamada memoria histórica. Señorías, entiendo que lo que se llama engañosamente memoria histórica, y especialmente su recuperación, es justo lo contrario de lo que entre todos hicimos en la transición política española y que esta iniciativa se enmarca en un proceso de revisión de ese proceso político. ¿Ahora queremos revisar la transición política española? Señorías, para eso no cuenten con el Grupo Parlamentario Popular. No nos puede extrañar a los diputados de esta Cámara que lo propongan los que no se incorporaron a ese proceso, los que incluso se han arrepentido de la posición que mantuvo en su momento el Partido Comunista de España y el señor Carrillo, pero no quien fue protagonista, que a algunos ya hemos oído y a otros esperamos oírles después. Señorías, la llamada recuperación de la memoria histórica significa utilizar el pasado como arma política y solo tengo que referirme a las intervenciones que se han producido. Eso significa ir claramente contra el pacto constitucional, que no es una cuestión menor o al menos a mí no me lo parece. A nosotros, como a muchas personas de distintas ideas, nos parece un enorme error escarbar en el pasado, y nos parece peor que se pretenda construir una especie de verdad oficial desde los poderes públicos para establecer la verdad histórica, curiosamente esos anhelos que están en la iniciativa de su señoría. Sinceramente nos parece que esta iniciativa supone un ataque frontal, si no la pretensión de liquidación —parece que va por ahí—, al pacto constitucional al que me he referido. En este momento recuperar y decir que el pacto constitucional fue un pacto de convivencia y libertad, me parece que no significa en modo alguno dar la espalda a la historia, porque lo que pretendía y lo que buscaba ese pacto era aprender de los errores del pasado, tratar de superarlos y huir de su repetición. Precisamente por eso se alcanzó, y creo que las cosas han ido bien y cuando van bien no es bueno volver a cometer errores. Me parece oportuno traer el testimonio de alguien que no es sospechoso de ser del Partido Popular, alguien con un pasado político y familiar muy respetable como Nicolás Redondo Terreros que, en un artículo en la prensa nacional, hace menos de un año, hablaba del peligro de escarbar en la historia. Hablaba de la experiencia de su abuelo, que sufrió la represión franquista, las privaciones y la cárcel, y decía: Observando, por tanto, el producto de esa experiencia llena de grandeza, de valor, de privaciones, de una acción continúa y tenaz en defensa de sus ideas, rechazo con contundencia la utilización del pasado como arma política. Los partidos políticos nunca nos evitan ni imponen responsabilidades contraídas por nuestros antepasados. Cuando alguien manosea y utiliza esas responsabilidades a favor o en contra de los demás siempre es con la voluntad y el deseo de encontrar beneficios partidistas. Finalmente, llamaba al necesario consenso si algo se quería hacer entre todos, pero por lo demás entendía que cuando las cosas se hacían sin consenso o sin acuerdo se corrían riesgos excesivos, riesgos que no compensan la satisfacción que con ello pueda obtener una de las partes. Creo que es un testimonio relevante de alguien que no es de nuestras ideas y que dice cosas muy sensatas, y que, por cierto, coinciden con el sentir mayoritario del conjunto de la sociedad española, y me remito a las encuestas del CIS, concretamente a la de octubre del año 2005. Por todo lo que acabo de decir, y voy terminando, señora presidenta, no vamos a respaldar la iniciativa, en primer lugar, porque nos parece que, en todo caso, el consenso del pacto constitucional y los acuerdos unánimes de esta Cámara nos marcan una línea, y esto se plantea en otra absolutamente diferente; en segundo lugar, porque el régimen de 1931 no es ni mucho menos antecedente de la Constitución de 1978. Cronológicamente estará cuando esté, pero precisamente el proceso de la transición política pretende superar errores de mucho tiempo. Por cierto, la Constitución de 1978 se alcanzó entre todos por primera vez en la historia. Desde el año 1812 todas las constituciones eran impuestas de unos a otros con más o menos mayoría, y es la primera vez que se alcanza una Constitución entre todos. El gran éxito de la Constitución de 1978 fue precisamente haber superado la efímera historia de nuestra Constitución, que era la hegemonía de una parte frente al pacto de todos. En tercer lugar, señorías, nos parece adecuado esperar a que otros muevan ficha. El Gobierno ha dicho que va a traer un proyecto de ley. No somos muy optimistas respecto al planteamiento que se ha dado, pero, en cualquier caso, existe un compromiso del Gobierno de alcanzar el consenso. Si quiere plantearse algo, que se ofrezca, como hizo el Grupo Socialista —no se lo he oído al Gobierno—, a los grupos parlamentarios, pero, señorías, no nos parece que esto corresponda al sentir mayoritario de la sociedad española ni a las necesidades de la sociedad española. En cualquier caso, quiero reiterarles que el Grupo Parlamentario Popular está por el pacto constitucional y no por abrir heridas y traer división. Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!—Aplausos.) La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Atencia. Finalizamos con el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Muñoz.
El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, la lección de historia interesada que nos ha dado el historiador señor Atencia debe ser puesta en sus justos términos con una intervención que vaya al fondo de la proposición de ley que nos plantea el Grupo de Izquierda Unida, proposición de ley que trae nuevamente al pleno del Congreso el debate del exilio, el debate de los luchadores contra la dictadura franquista y el debate de la II República. En primer término queremos decir que el Grupo Socialista comparte el reconocimiento que se contiene en la proposición de ley sobre la recuperación de la memoria, sobre la recuperación de los luchadores contra la dictadura franquista y sobre la puesta en valor de lo que significó la II República. Como ha dicho el señor Atencia, efectivamente, cada grupo político, cada formación política tiene su historia. Yo estoy en esta tribuna representando al Partido Socialista Obrero Español creado en mayo del año 1879, que ha tenido siempre como seña de identidad permanente la lucha por la democracia, la lucha por la recuperación de la democracia cuando ésta no existía y especialmente la lucha contra la dictadura franquista cuando, de forma unánime, todos los que componían la organización del Partido Socialista o sufrieron la represión o la persecución o el exilio. Desde nuestro fundador, Pablo Iglesias, que en el año 1910 obtiene el acta de diputado en este Congreso —entonces era el único diputado de esta Cámara que pertenecía a nuestro partido—, hasta la proclamación de la II República, en el año 1931, tras unas elecciones municipales que en las principales ciudades ganan las candidaturas republicanas y socialistas, en un ejemplo que ha sido definido por algún autor, como Tuñón de Lara, como una situación de júbilo general y de ensoñación colectiva, estaba clara la postura a favor de la democracia de nuestro partido, el Partido Socialista, recorriendo el pueblo español, todo ese terreno y todo ese tiempo. El PSOE, como organización política, dio sustento a la República. Se comprometió con la legitimidad republicana y se implicó allá donde los ciudadanos, en cada uno de los momentos, le pusieron. El historiador Alvar ha escrito: Cuando se haga el balance de lo que cada uno de los partidos dieron a la República, se verá claramente que el Partido Socialista fue quien más puso y quien más supo renunciar, que es el heroísmo más difícil. Cuando en julio de 1936 se produce la sublevación militar contra la República y cuando después llega la victoria, que no la paz, y comienza la historia de la represión franquista, se inicia el camino del exilio español, un camino que abre el drama de una generación de españoles que contemplaron cómo eran barridos por un vendaval absolutamente autoritario y antidemocrático los ideales republicanos de modernidad, de educación y de regeneración de la vida política. Afirmaba entonces Azaña, ya desde el exilio: Se tejerá una historia oficial para los vencedores y, acaso, una antihistoria, no menos oficial, para los proscritos. Como ha escrito nuestro compañero Alfonso Guerra en el prólogo al libro El exilio español, España vivió en los años treinta una tragedia nacional sobre cuyas responsabilidades individuales no hay que volver, pero cuyas raíces y evolución deben ser objeto de estudio para el conocimiento de todos. La recuperación de la memoria es el combate contra el olvido. A esa generosidad de los vencidos responde hoy parte de la derecha con la mentira sobre la historia. Nuestro compañero Alfonso Guerra se preguntaba: ¿Cometimos un error con el consenso de la transición? Y respondía: No lo creo. Pienso que la presión psicológica que ejercía en nosotros la guerra civil primó sobre la visión a corto plazo. Pensamos más en nuestros nietos que en nosotros mismos. Pero aquella visión de futuro supuso olvidar a los exiliados y a los defensores de la democracia. La historia de los exiliados y de la resistencia antifranquista es la historia de la dignidad. Cuando las Cortes democráticas, en el año 1977, aprobaron la Ley de Amnistía, estaban aprobando esa ley con el voto unánime de la izquierda y estaban haciendo que corriéramos un velo en relación con la responsabilidad penal y política de aquellos que actuaron en la represión, pero lo hicieron en beneficio del conjunto del pueblo español, y el esfuerzo colectivo de las fuerzas democráticas que sí participaron firmando la Constitución de 1978, respaldándola y trabajando en ella, se vio luego recompensado en el referendo constitucional celebrado el 6 de diciembre de 1978, que instauró además, y así quedó plasmado en el artículo 1.3 de la Constitución, el régimen de la monarquía parlamentaria. En ese sentido es en el que el Partido Socialista inscribe el voto favorable a la toma en consideración de esta iniciativa, en el respeto al pacto constitucional, precisamente lo contrario de lo que se afirmaba por el Partido Popular. El Partido Socialista y el Gobierno socialista en este caso lo hacen como continuación de aquel acuerdo unánime —eso sí se ha dicho— de la Comisión Constitucional del día 20 de noviembre de 2002 y con el precedente fijado ya en esta legislatura cuando nuestro compañero Ramón Jáuregui subió a esta tribuna el 1 de junio de 2004 en cumplimiento del mismo. Aquí se ha dicho que no se estaba cumpliendo, y a lo mejor era verdad en cuanto a los plazos, pero no en el espíritu, porque ahí está el decreto 1891/2004, por el que se crea la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de la guerra civil y del franquismo. Ciertamente, y así lo reconoció, como acabo de decir, el presidente del Gobierno ante una pregunta del portavoz del Grupo Vasco al final del anterior periodo de sesiones, se acumula un retraso en la elaboración de ese informe, pero también es verdad que no es un retraso porque sí, es un retraso que tiene su causa y su origen precisamente en los trabajos que viene desarrollando esa Comisión, en las más de 40 reuniones con asociaciones y con interesados y afectados; en eso, en la elaboración de ese trabajo, en la magnitud de ese trabajo, en lo ingente del trabajo es donde está la causa del compromiso no cumplido en cuanto al tiempo, pero sí políticamente aceptado y que aquí reafirmamos y lo hacemos también con la toma en consideración de esta proposición de ley. El propio presidente del Gobierno respondía al portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) que en este periodo de sesiones se traería a la Cámara el informe solicitado. Entendemos, eso sí, la angustia de muchos de los afectados. Sabemos que muchos de ellos tienen una edad avanzada, y apelamos a su comprensión, pero tenemos que decir que el Gobierno ya está avanzando en relación con la conmemoración de estos eventos. Tenemos que decir que la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales organizará y promoverá este año varias actuaciones en relación con estos temas. Con motivo del 25º aniversario de la llegada del Guernika a España se realizará una exposición. Con motivo del 75º aniversario de la II República y de las misiones pedagógicas se realizará también una exposición con documentales y mesas redondas. Un congreso internacional estudiará la guerra civil, bajo la dirección del profesor Santos Juliá; una exposición en el año 2006 recordará también a Juan Negrín en el cincuentenario de su muerte, así como se recordará el 70º aniversario de la Brigada Lincoln. Se continuará con la labor de homenaje y recuperación de diversas personalidades, entre ellas Francisco de Ayala y Ortega y Gasset, que sufrieron también el exilio. Por tanto, acciones concretas del Gobierno, como lo son también la aprobación en el mes de diciembre del año pasado de la orden del Ministerio de la Presidencia para que tanto las asociaciones como los grupos de personas físicas pudieran acceder y tener la capacidad de optar a subvenciones para realizar actividades en torno a la recuperación de la memoria. En este ámbito se inscriben todas estas actividades del Gobierno. Por ello, nuestro grupo, en la convicción de haber participado en todos los procesos democráticos, en la convicción de un historial democrático intachable, desde la legitimidad que le da el tiempo transcurrido luchando por y para la democracia, por y con los españoles, tomará en consideración esta iniciativa. Pero decimos al resto de los grupos parlamentarios que el compromiso del Gobierno de traer el informe es claro, y que nosotros entendemos que en su momento utilizaremos el cauce de las enmiendas o buscaremos la fórmula para que ese informe de la comisión ministerial conlleve la integración de esta proposición de ley. Muchas gracias. La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Muñoz. Llamamos a votación, señorías. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Vamos a votar. Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre la declaración del año 2006 como año de la memoria histórica. Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 176; en contra, 131. El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración. Congreso 7 de febrero de 2006.—Núm. 146 FUENTE: CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS TEXTO COMPLETO DE LA PROPOSICIÓN DE LEY
A la Mesa del Congreso de los Diputados Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición de Ley sobre la declaración del año 2006, como Año de la Memoria Histórica, para su debate y votación en el Pleno de la Cámara. Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2005.-Gaspar Llamazares Trigo y Joan Herrera Torres, Portavoces del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Exposición de motivos Hace tres años se conmemoró el primer cuarto de siglo de vigencia de la Constitución de 1978. Van ha transcurrir setenta años desde el comienzo de la guerra civil de 1936. Apenas quedan supervivientes de la gran tragedia. Y por supuesto, nada queda en la sociedad española del enfrentamiento civil porque, consciente y deliberadamente, se quiso pasar página para no revivir viejos rencores, resucitar odios o alentar deseos de revancha. Por otra parte, en estos más de veinticinco años se han dictado numerosas disposiciones, aunque aún insuficientes, tanto por parte de la Administración General del Estado, como por parte de las Comunidades Autónomas, dirigidas a reparar, en la medida de lo posible, la dignidad de las personas que padecieron persecución durante el régimen franquista y a proporcionarles los recursos necesarios.
Dentro de este grupo de personas que padecieron las terribles consecuencias de la guerra se encuentran los exiliados. En septiembre de 1999, el Congreso aprobó una Proposición no de Ley sobre conmemoración del 60.º aniversario del exilio español con ocasión de la finalización de la guerra civil. En la diáspora del exilio lo perdieron todo y el dolor del éxodo nunca se ha podido superar, porque el forzado apartamiento de la patria es uno de los mayores padecimientos. La reconciliación no se compadece, en esta ocasión, con el olvido de este grupo de personas muchas de las cuales cuando pudieron regresar a España no lo hicieron porque durante sesenta años habían tejido sus relaciones personales y familiares en las tierras de acogida. A estos ciudadanos y ciudadanas exiliados -así como los llamados niños de la guerra- supervivientes ya de aquel trágico episodio de nuestra historia, el Congreso de los Diputados considera un deber rendir un tributo de admiración y afecto, por la lealtad a sus convicciones y el sufrimiento que hubieron de padecer por un golpe antidemocrático y una guerra impropios de una nación cuya razón de ser ha de estar en el respeto a los valores democráticos. Así mismo, el Congreso de los Diputados mediante el Acuerdo de 20 de noviembre de 2002 y aprobado por unanimidad reafirma una vez más, el deber de nuestra sociedad democrática de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista. Instando a que cualquier iniciativa promovida por las familias de los afectados que se lleve a cabo en tal sentido, sobre todo en el ámbito local, reciba el apoyo de las instituciones. Además insta al Gobierno para que desarrolle, de manera urgente, una política integral de reconocimiento y de acción protectora económica y social de los exiliados de la guerra civil así como de los llamados niños de la guerra que incluya la recuperación, en su caso, de la nacionalidad española, y su extensión a sus descendientes directos, con reconocimiento del derecho de voto. Por otra parte, la Segunda República fue el primer régimen realmente democrático en nuestra historia, con medidas tan decisivas como la implantación del sufragio verdaderamente universal con reconocimiento del derecho al voto de las mujeres. La Constitución de 1931 fue también la primera que abordó el reconocimiento de derechos sociales y económicos y las bases de lo que hoy conocemos como Estado de bienestar. Asimismo, trató de resolver al problema de la articulación territorial de España mediante el sistema de Estatutos de Autonomía elaborados por iniciativa de los territorios que aspiraban a su autogobierno, y adelantó en proclamar la renuncia a la guerra como instrumento de política internacional. Pese a la complejidad de los gobiernos de la Segunda República y a su trágico desenlace, el régimen instaurado en 1931 es un antecedente directo del actual Estado social y democrático de Derecho y del sistema autonómico establecido por la Constitución de 1978. El conocimiento y divulgación de ese periodo histórico es esencial para comprender la sociedad en la que vivimos hoy. Además el próximo año se cumple el 75 aniversario de la proclamación de la Segunda República. Por todo ello se presenta la siguiente, Proposición de Ley Artículo primero. Se declara el año 2006 como año de la Memoria en homenaje y reconocimiento de la Segunda República como antecedente de la Constitución de 1978 y de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista. Artículo segundo. El Gobierno en colaboración con las administraciones autonómicas y locales, promoverá y apoyará actos de conmemoración a todos los hombres y mujeres a los que se refiere el artículo anterior. Artículo tercero. A través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se procederá a la puesta en circulación de una serie de sellos y monedas que sirvan para conmemorar a todos los ciudadanos que, por defender el orden constitucional establecido de la Segunda República, padecieron de forma directa o indirecta la represión franquista. Disposición adicional. El diseño de los sellos que comprendan esta serie se realizará mediante concurso público en el que podrán participar todos los ciudadanos españoles con el fin de involucrar al conjunto de la sociedad en este reconocimiento. Disposición final. Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado". |