Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al reconocimiento del honor y de los derechos de los presos políticos sometidos a trabajos forzados por la dictadura franquista y el nazismo durante la ocupación de distintos países en Europa, para su debate en la Comisión Constitucional.


Exposición de motivos

La transición pacífica de la dictadura a la democracia fue posible gracias a la voluntad negociadora de las fuerzas políticas y a la generosidad de las innumerables víctimas del régimen. Pasado más de un cuarto de siglo desde aquella transición, con la imparcialidad, serenidad y distancia necesarias, las Instituciones democráticas tienen el deber de rescatar del olvido la memoria de las víctimas de la represión y cerrar con justicia esa triste página de la historia de España. El propio Congreso de los Diputados ha estudiado y tomado en consideración, entre otros colectivos, los casos de los presos políticos y de los guerrilleros que combatieron por la libertad y la democracia, aunque todavía con bastantes deficiencias políticas y sociales.


La presente iniciativa pretende desagraviar y honrar la memoria de decenas de miles de presos republicanos que, entre 1937 y 1970, fueron explotados laboralmente y sometidos a un régimen de trabajo forzado.


El gobierno de Franco dictó en Salamanca el Decreto 281, de 28 de mayo de 1937, por el que se establecía un sistema de explotación laboral de los presos republicanos. Un año después, en octubre de 1938, se creó el Patronato para la Redención de Penas, el organismo gestor que se encargaría de catalogar estos presos y manejar los rendimientos económicos generados por su trabajo forzado. El Patronato elaboró una gran base de datos -el Fichero Fisiotécnico- que permitió catalogar laboralmente a más de 100.000 presos y presas en apenas un año. En septiembre de 1939, cinco meses después de aprobarse el I Plan de Obras Públicas, se crearon las Colonias penitenciarias militarizadas. El sistema de explotación laboral de los presos adoptó diversas formas: los talleres penitenciarios y los destinos, dentro de las prisiones; los destacamentos penitenciarios, las colonias penitenciarias militarizadas y los batallones disciplinarios, para la ejecución de trabajos exteriores.


Aunque el sistema franquista de trabajos forzados nació con carácter provisional, perduró hasta 1970, año en el que el último destacamento penitenciario del que se tiene constancia finalizó la construcción de la colonia de chalés de lujo de Mirasierra, en Madrid, por cuenta del constructor José Banús.


De esta mano de obra barata se sirvieron ministerios, diputaciones y ayuntamientos, instituciones y cientos de empresas privadas en todo el país. El Valle de los Caídos es el símbolo de la explotación de esta mano de obra reclusa, pero hubo cientos de valles de los caídos a lo largo y ancho del país. Los presos republicanos realizaron trabajos forzados para responder a las necesidades del nuevo Estado: edificaron más de 30 embalses y canales de riego; levantaron cárceles, como la de Carabanchel, en Madrid; construyeron viaductos y líneas férreas, como la de Madrid-Burgos y Madrid-Galicia; levantaron importantes fábricas, como Sniace, en Cantabria, o la de cementos Portland Iberia, en Castillejo (Toledo); trabajaron en los pozos de las principales cuencas mineras del país; reconstruyeron lugares emblemáticos destruidos en Belchite, Brunete, Guernica, Teruel, Oviedo y otras ciudades. Cientos de empresas vinculadas al Régimen obtuvieron ingentes beneficios de la explotación del trabajo forzado de estos presos: Dragados y Construcciones, Banús, Duro Felguera, Portland Iberia y Asland, sólo por citar las más conocidas.


Aunque en teoría debían recibir el mismo salario que cobraban los obreros libres, en el mejor de los casos los presos apenas recibían la cuarta parte de su salario y el otro 75 por ciento se ingresaba en las arcas públicas "a beneficio del Estado". Además, los reclusos trabajaban horas extraordinarias que, si bien al principio eran cobradas íntegramente, muy pronto el

Página 11

Estado les descontó un 25 por ciento como "donativo reglamentario" para el Fondo de Educación de Hijos Desvalidos de Penados.


Se desconoce el beneficio que el Estado y las empresas obtuvieron con la explotación de decenas de miles de presos republicanos y la expropiación de gran parte de sus salarios. En 1939, el Patronato para la Redención de Penas preveía obtener un beneficio "según cálculos prudentes, de más de 1.500 millones de pesetas en los próximos diez años", lo que equivale ahora a más de 1.322 millones de euros.


Recuperar la memoria histórica sobre nuestro pasado más reciente también implica el reconocimiento moral y económico de aquellas personas que permanecieron en campos de concentración y batallones de trabajadores durante los años treinta y cuarenta en distintos países europeos bajo la ocupación nazi. Por tanto, hemos de traer a esta Proposición a los ciudadanos españoles que fueron detenidos por las autoridades nazis de ocupación en Francia al partir hacía el exilio al finalizar la Guerra Civil, que o bien acabaron hallando la muerte en campos de concentración y exterminio, o que acabaron trabajando como esclavos del III Reich.


A lo largo de la democracia española se han ido reconociendo diferentes derechos, que en algunos casos han dado lugar a prestaciones económicas, pero en la actualidad quedan ciertos colectivos a los que no se les ha reconocido ningún tipo de derecho, como son los que trabajaron de forma forzada y en condiciones de esclavitud al servicio del fascismo y de empresas ligadas a este régimen. En este sentido, países de nuestro entorno, como Alemania o Suiza, u otros como Japón, están reconociendo determinadas prestaciones económicas a estos trabajadores que dejaron parte de su vida en campos de concentración o batallones de trabajo.


La presente iniciativa no pretende abrir viejas heridas; muy al contrario, sólo pretende cerrarlas mediante la rehabilitación de las víctimas, en su triple dimensión humana, histórico-cultural y política, tal y como han hecho otros países de Europa en contextos y situaciones similares. Porque un pueblo que no conoce su pasado puede repetir los mismos errores en el futuro.


Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados:

1. Honra la memoria de los prisioneros políticos que, desde el año 1937 en adelante, fueron víctimas de explotación laboral y sometidos por la dictadura franquista a la realización de trabajos forzados al servicio del Estado y de cientos de empresas, así como de los ciudadanos españoles que fueron detenidos por las autoridades nazis de ocupación en Francia al partir hacía el exilio al finalizar la Guerra Civil, que o bien acabaron hallando la muerte en campos de concentración y exterminio, o que acabaron trabajando como esclavos del III Reich.


2. Insta al Gobierno a:

- Aprobar una declaración institucional de respeto y reconocimiento moral de los presos políticos sometidos a trabajos forzados por la dictadura franquista y a los ciudadanos españoles que trabajaron en condiciones de esclavitud bajo la ocupación de distintos países europeos del III Reich.


- Garantizar la protección y clasificación de documentos relativos a la explotación laboral de estos colectivos.


- Establecer el pago de indemnizaciones dignas y en relación con las que están realizando países de nuestro entorno, a todas aquellas personas que acabaron en batallones de trabajo y en campos de concentración, trabajando en condiciones de esclavitud, bien en el territorio nacional bajo la dictadura o en Europa, por su lucha contra el fascismo y el restablecimiento del orden constitucional."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2005.- Gaspar Llamazares Trigo y Joan Herrera Torres, Portavoces del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.