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La necesidad de RECORDAR

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Sigue abierto un debate en amplios sectores de la sociedad española sobre la necesidad y la obligación de recordar y profundizar en nuestra historia reciente. Somos ya una democracia consolidada que se enfrenta a un mundo cambiante, globalizado por los enormes cambios tecnológicos y de las formas de producción. El mundo político y geográfico surgido de la II Guerra Mundial, de la Guerra Fría y de las descolonizaciones ha cambiado radicalmente desde la desaparición del Muro de Berlín. La Unión Europea ha llegado por fin casi a los límites geográficos del continente. Hoy la democracia y la tolerancia constituyen el rasgo común de casi todos los pueblos europeos. Los españoles pronto cumpliremos los veinte años de adhesión a sus instituciones. ¿Por qué entonces el interés en recordar esas décadas de oscuridad y sufrimiento vividas entre 1939 y 1974, y en muchos lugares de España incluso tres años antes del final de la guerra española?

¿No fue acaso la llamada Transición española el momento en que los españoles aceptamos "olvidar lo sucedido" para reconstruir, sobre nuevas bases, un país tolerante y moderno? ¿Por qué entonces muchos familiares de las víctimas de aquella sangrienta represión nos reunimos en esta Asociación para saber más sobre lo acontecido, para recordar y para contar a las nuevas generaciones de nuestro país lo acontecido y para asegurar, para pedir, para exigir que no se olvide?

Veinticinco años después de la consecución de la Constitución, cuando una nueva generación, nacida y formada dentro de la democracia, se encuentra en condiciones de participar plenamente en la vida económica, social y política, hemos creído necesario comprometernos en el objetivo de no permitir que se olvide, que se esconda o que se hurte esa parte de nuestra historia, de nuestra identidad. Y ello por razones de salud democrática colectiva e individual. En el caso de nuestros hijos y de nuestros nietos porque deben sentirse orgullosos de la gesta democrática de sus padres, tíos y abuelos que tan cara les costó. En el supuesto del conjunto de la sociedad española porque es tiempo ya que se conozca, en sus términos exactos, el carácter de la Dictadura, de la etapa franquista que sumió a los españoles en la intolerancia, en el aislamiento, en el miedo, en el exilio y en la pobreza que arrastró a la emigración a millones de ellos.

Desgraciadamente 40 años de educación y propaganda totalitaria y sectarismo religioso no cayeron en balde. La desconfianza en la política, es decir en el compromiso activo en la gestión de lo público, y en la de quienes se aventuran en el asociacionismo de todo tipo, sigue siendo una forma de pensar entre muchos ciudadanos y ciudadanas. El "todos ellos son iguales" y "no te metas en política" sigue estando en el pensamiento de muchas personas y se transmite de generación en generación. La imagen de la II República como una etapa de inestabilidad, líos y enfrentamientos entre las personas a causa de la política y la idea de que las desgracias acaecidas como consecuencia de la guerra civil fueron debidas al enfrentamiento puro y simple entre los ciudadanos ha sido cultivada durante estos últimos años desde la derecha política y especialmente durante el gobierno del Partido Popular. Pensamientos de este tipo empobrecen y debilitan nuestra democracia.

Es también necesario afirmar o debatir las lagunas y las carencias de la llamada Transición a la Democracia porque se ha transmitido a las nuevas generaciones una imagen equivocada y distorsionada de la misma: como si en un momento determinado, y como consecuencia de la muerte tranquila del Dictador y de la buena y generosa decisión de determinados protagonistas de la cúpula política de la Dictadura se nos hubiera "otorgado" la Democracia al resto de los ciudadanos.

Esa imagen distorsionada ha ocultado el carácter represivo, incluso en los últimos años, de la Dictadura y de sus actores principales. Ha silenciado las luchas y el sacrificio personal y familiar de los luchadores de la Libertad y pasado por alto la vergüenza internacional que sentíamos los españoles, catalogado nuestro país, gobernado por militares y obispos, como un anacronismo histórico de la II Guerra Mundial. Lo cierto es que durante la Transición a la democracia, la izquierda fue consciente del poder de las estructuras militares, de la extrema derecha y de la derecha reformista. La Reforma política se llevó a cabo en condiciones económicas, sociales y políticas delicadas e inestables. Los permanentes ruidos de sables en los cuarteles acompañaron esos años delicados. Felipe González ha recordado en una publicación reciente que "No había fuerza suficiente para pedir no ya justicia, ni siquiera explicaciones sobre el pasado".

El concepto mismo de Amnistía -otorgamiento de un Perdón general desde el Estado- desconcertó a la mayor parte de las víctimas del franquismo que no entendieron cómo podía la nueva Democracia "perdonar" el hecho de haber contribuido a las instituciones legales de la República y/o haberse enfrentado a una rebelión militar facciosa y a sus consecuencias puesto que la lógica de la recuperación de las libertades debería haber sido la simple devolución y reparación de los derechos perdidos a los perseguidos: el regreso a los puestos de trabajo y empleos, la reintegración de los bienes confiscados, el retorno de los exiliados y de sus hijos devolviendo la nacionalidad perdida, la protección social de quienes no pudieron o quisieron retornar por determinados motivos.

Cierto es también que no hubo comisiones oficiales de investigación acerca de lo sucedido. Las sentencias de los tribunales represivos y las decisiones de las comisiones depuradoras se mantuvieron. Las víctimas fueron perdonadas. La situación tenía que haber sido la contraria: SÓLO ELLAS TENÍAN DERECHO A PERDONAR Y SER COMPENSADAS Y DIGNIFICADAS. Además perdonar no tenía que significar olvidar.

Lo que hubo en aquellos momentos decisivos para la historia de España fue una voluntad generosa, espontánea y colectiva de reconciliación y de construcción de un proyecto común democrático. Los viejos republicanos, hombres y mujeres, fueron los primeros en recibir, emocionados, las libertades. Tenían razones para ello. Sería pretencioso por nuestra parte penetrar en el alma de cada uno de ellos y afirmar que, en su fuero interno, todos perdonaron. No hay constancias históricas de que se pretendiera por ellos un ajuste de cuentas con los protagonistas, cómplices y colaboradores de la Dictadura y de la represión. Desde luego no podrían haber olvidado porque los sufrimientos fueron inenarrables: la pérdida de los seres queridos, normalmente quienes les sustentaban económicamente, el terror, la persecución, la cárcel, el trabajo esclavo, las listas negras para acceder a los empleos e incluso el aislamiento social y la indigencia económica.

Se devolvieron parte de los derechos perdidos, incluidas las pensiones de los militares, de los mutilados y de las viudas, pero no se compensó o indemnizó, en aquellos primeros momentos de la Democracia, a las víctimas por los sufrimientos padecidos al defender la Libertad.

Numerosas calles que enaltecían con sus nombres la memoria de Franco y otros militares rebeldes recuperaron su antigua denominación y las palabras "Libertad" y "Constitución" surgieron en plazas y vías. Algunas figuras políticas, sindicales y culturales destacadas de la República, fueron reconocidas por las instituciones sociales y privadas a las que habían servido con honor. Se levantaron algunos monumentos -sobre todo durante los años de gobierno socialistas- y su nombre apareció en los callejeros; pero hubo escasos homenajes colectivos.

Es triste recordar que muchas instituciones públicas fallaron en general en este cometido y que en muchos lugares se mantienen los monumentos y las denominaciones en las vías públicas de hechos facciosos y personajes y personajillos locales que destacaron en la persecución, delación y muerte de los republicanos.

Por su parte, los familiares empezaron a localizar y adecentar los lugares donde yacían los cuerpos de los ejecutados y asesinados. Sin duda, hubo dificultades y tuvieron que enfrentarse con paciencia a posiciones reaccionarias y muchas veces a insensibilidades por parte de autoridades que se denominaban de la izquierda. Algunos de aquellos lugares se convirtieron en sitios de homenaje público a los muertos.

No hubo sin embargo una política de Estado, clara y permanente, que condenara la Dictadura y el terror franquistas. Las instituciones no enaltecieron ni rindieron homenaje constante a las víctimas. Seguramente pensaron equivocadamente que esa obligación cívica sólo correspondía a la sociedad civil, a los partidos y a los sindicatos. Las políticas de compensación e indemnización tardaron en llegar y resultaron muchas veces parciales y mezquinas.

Se evitó una información objetiva sobre ese período de la historia contemporánea dirigida a los jóvenes, a través de los programas escolares y de los libros de texto. En ellos la figura del Dictador resalta, con el adjetivo de "autoritario", como el jefe de Estado que construyó numerosas obras públicas. Se evitó informar sobre la represión y la ausencia de derechos humanos en ese período. Se mantuvo por tanto el desconocimiento del significado de la Dictadura por parte del gran público y de muchos jóvenes.

Todavía son insuficientes las investigaciones históricas sobre la represión y la depuración posterior a la Guerra de 1936. Los archivos penitenciarios y militares no se han reincorporado a los archivos de la Administración y los investigadores denuncian numerosas dificultades para trabajar en ellos y su continuo deterioro.

En España no se ha construido una Memoria acorde con los valores democráticos de la defensa de la Libertad. Trascurridos 25 años de vigencia de la Constitución, AFAR propugna y solicita al Gobierno de la nación y a las autoridades autonómicas y locales el desarrollo de una Política de la Memoria de la historia colectiva reciente.