Dos asturianas entre «Trece rosas rojas»

Un libro recuerda la historia de 13 chicas -una de ellas ovetense y otra de Trubia- que murieron ejecutadas la madrugada del 5 de agosto de 1939 por haber defendido los ideales republicanos.

Trece mujeres republicanas -siete de ellas menores de edad, la mayor, de 29 años, casada y madre de un niño-, dos, Julia Conesa Conesa y Joaquina López Lafitte, de origen asturiano, murieron fusiladas en la calurosa madrugada del 5 de agosto de 1939 contra las tapias del madrileño Cementerio del Este. Su delito: ser «rojas», defender el régimen republicano contra el alzamiento militar del 36. Uno de los episodios más sangrientos de la represión franquista en los primeros días de la posguerra es recogido ahora por el periodista Carlos Fonseca en un libro titulado «Trece rosas rojas», que habla de un país víctima del odio y de la revancha de los vencedores de la guerra civil.

«Era una chica joven, entusiasta, idealista, pero sobre todo muy normal, que jugaba con sus muñecas». Así describe Constanza Paje a su tía abuela Julia Conesa.

No llegó a conocerla, pero ejerce como albacea de la memoria familiar de una de las «Trece rosas rojas», las jóvenes que la madrugada del 5 de agosto de 1939 fueron fusiladas contra el muro del Cementerio del Este de Madrid por cometer un único delito: defender la legalidad republicana contra el alzamiento militar del 36. Todas, a excepción de una, militaban en la Juventud Socialista Unificada (JSU), el Partido Comunista de España (PCE) o en ambos a la vez y protagonizaron uno de los sangrientos capítulos de la represión franquista en la posguerra recogido ahora en un libro por el periodista Carlos Fonseca: «Trece rosas rojas».

Julia Conesa Conesa había nacido Oviedo, aunque toda su familia era natural de Cartagena. Su padre, José Conesa, fue maquinista de la línea Madrid-Oviedo hasta que murió de una pulmonía en 1928 dejando solas a su mujer y a sus tres hijas.

Julia era la más pequeña. Contaba tan sólo 19 años cuando fue detenida el 5 de mayo de 1939. Los policías que fueron a buscarla a casa dijeron que se trataba de una gestión rutinaria y que la dejarían libre en unas horas. Sin embargo, nunca volvería a casa.

Ella seguramente no fue consciente entonces de lo que su detención significaba. Formaba parte de la venganza de los vencedores, la persecución que los partidarios franquistas iniciaron contra aquellos que simbolizaban la lucha y resistencia en lo que había sido el «Madrid rojo» de los últimos tres años.

La represión se apoyaba en la ley de Responsabilidades Políticas, aprobada el 9 de febrero de 1939, que consideraba criminales a «las personas, tanto jurídicas como físicas, que desde el 1 de octubre de 1934 y antes de julio de 1936 contribuyeron a agravar la subversión de todo tipo de orden de que se hizo víctima España, y de aquellas otras que a partir de la segunda de dichas fechas se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o pasividad grave». En la práctica, significaba aniquilar el pasado a cualquier precio, pidiendo incluso responsabilidades por actos cometidos cinco años atrás, cuando eran legales.

En ese compendio de «actividades delictivas» se incluía el caso de Julia, una chica vital y muy activa. Le gustaba el deporte, lo que la llevó a afiliarse a finales de 1937 a la JSU con la intención de participar en los cursos de gimnasia que se impartían en sus locales. Esa misma afición la hizo terminar siendo monitora y secretaria deportiva de la organización.

Con el comienzo de la guerra civil se acabó el tiempo para el ocio. La necesidad obligó a Julia a ponerse a trabajar para ayudar en casa. Fue algo a lo que se vieron abocadas muchas mujeres, ya que los varones habían sido llamados al frente.

La pequeña de las Conesa inició pues su andadura en el mercado laboral y lo hizo como cobradora de tranvías con un sueldo de doce pesetas al mes. Pero la situación cambió con la entrada en el poder de los nacionales, que, mediante un edicto, depuraron a todos los funcionarios civiles sospechosos de su vinculación con los «rojos» para sustituirlos por afines al Movimiento. Eso obligó a Julia a dedicarse a la costura para ayudar a la familia y así fue como la encontraron, cosiendo, cuando la Policía se presentó en su casa.

La rosa de Trubia

La muerte temprana de Joaquina López Lafitte también estuvo marcada por su vinculación a las Juventudes Socialistas. Joaquina era hija de un comandante del Ejército al que sucesivos destinos habían llevado por todo el país. Por una de estas casualidades, Joaquina nació en Trubia. Era la menor de cuatro hermanos. Todos huérfanos de padre y madre desde 1931.

La joven llegó a la Juventud Socialista en agosto de 1936 de la mano de su hermana Lola, y pronto mostró su compromiso firme con la organización, donde en poco tiempo alcanzó puestos de responsabilidad: fue secretaria de cultura del sector Este y ayudante del secretario administrativo del comité provincial.

Con el correr del tiempo, el Ejército de Ocupación «pulía» día a día su maquinaria de desmantelamiento de la resistencia republicana. Edictos, auditorías y otros instrumentos «legales» eran utilizados para acercar hasta los Juzgados a aquellos sospechosos de haber conspirado contra el Movimiento. Sus testimonios sirvieron, en algunas ocasiones, para localizar a los miembros destacados de las estructuras políticas de la República.

Una de esas confesiones arrancadas condujo a la Policía hacia Joaquina el 18 de abril de 1939. Hacía tan sólo unos días había sido nombrada secretaria femenina de la JSU. Tenía 23 años y estaba ya marcada por la propaganda franquista que despreciaba a las mujeres que habían decidido participar en la lucha como contraposición a la fémina sumisa que propugnaba el régimen.

Julia Conesa y Joaquina López tuvieron en común su origen asturiano y su trágico final: la misma «pepa», idéntica pena de muerte que acabó con sus jóvenes vidas aquel agosto de 1939.

Antes, compartieron calvario en la madrileña prisión de Ventas. Aquel moderno edificio de ladrillos rojos había sido inaugurado en 1933 como un ejemplo de la reinserción de las reclusas. Con el nuevo régimen, se convirtió en un lugar de hacinamiento para más de 4.000 mujeres, cuando su capacidad máxima era de 450. Allí, unas encima de otras, sucias, desnutridas, castigadas por los piojos, la sarna, las llagas producidas por la avitaminosis y los crueles interrogatorios esperaban inútilmente un gesto de clemencia de sus captores.

Periódicamente, eran llamadas a declarar y durante horas se las amenazaba, insultaba y golpeaba empleando las técnicas aprendidas de la Gestapo alemana que buscaban su derrumbe psicológico. En un intento de desposeerlas de toda dignidad, les rapaban el pelo y, en ocasiones, también las cejas.