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CARME CHACÓN Querido/a amigo/a: Esta carta pretende ser una contribución al debate y la reflexión sobre el futuro del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca. Va dirigida a todos los que están sinceramente interesados en esta institución y muy especialmente a quienes, quizá como Usted, discrepan de la decisión del Gobierno del Estado de impulsar un proceso para la devolución a sus originales propietarios de un grupo de documentos que se encuentran en ese archivo. En primer lugar, quisiera que comprendiera el origen histórico del problema. Como seguramente sabrá, los documentos que en virtud de esta ley se restituirán fueron arrebatados por la fuerza a sus propietarios tras la entrada de las tropas del ejército del general Franco en Cataluña, el 26 de enero de 1939. Durante meses, más de 50 personas realizaron registros en sedes de instituciones públicas y domicilios de particulares y confiscaron toneladas de documentación. Entre el 21 de junio y el 5 de julio de ese año se enviaron a Salamanca más de 140 toneladas de papeles, que ocuparon 12 vagones de tren. Por tanto, estos documentos tenían un propietario legítimo y si fueron a parar a Salamanca fue por la decisión del bando vencedor de instalar el archivo precisamente en esa ciudad. Me parece importante subrayar que el propósito fundamental de la incautación sistemática que sufrió la Generalitat de Cataluña -que, no hay que olvidarlo, era un Gobierno legítimo- fue despojarle al vencido de lo que habían constituido las señas de identidad de su corta vida democrática. Era, por tanto, un castigo simbólico que se añadió al castigo físico que sufrieron muchos catalanes. No bastaba con aniquilar su futuro, había también que apropiarse de su pasado y desterrarlo. Éstas son las razones que desde hace décadas vienen apoyando las peticiones de devolución de los documentos. Razones simbólicas, por supuesto, pero también jurídicas, y que no son defendidas por una parte de la sociedad catalana, sino por su totalidad, como atestigua el apoyo que la decisión del Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero ha recibido de todos los partidos políticos catalanes, incluido el Partido Popular. Y no es una decisión nueva, pues hay que recordar que en 1995 el Gobierno decidió iniciar un proceso de devolución que no pudo concluirse tras el cambio político que se produjo en las elecciones del año siguiente. Espero que comprenda que oponerse a tan antigua y compartida reclamación aduciendo que es fruto de una coyuntura política y patrimonio exclusivo de posiciones nacionalistas es negar la historia. Especialmente porque, como he dicho, la ley contempla la devolución de documentos a particulares de cualquier lugar de España, no sólo catalanes. Caso aparte, estimado lector, es el de los documentos privados, pues la apropiación tenía un objetivo muy concreto: convertirse en material para la intensa actividad represiva que caracterizó al nuevo régimen. El carné de una asociación, un comentario ingenuo, un dato intrascendente sirvieron para mandar a la cárcel o ante un pelotón de fusilamiento a muchas personas. Por eso, estos papeles, que durante años ejercieron de involuntarios delatores, son vestigios de una tragedia, retazos de dolor y de sufrimiento. Por desgracia, la mayor parte de las personas que padecieron por culpa de esos documentos ya han desaparecido -algunos demasiado pronto y de manera atroz-, pero no han desaparecido ni su memoria ni el sentimiento de agravio de quienes fueron despojados de sus referentes porque iban vinculados al anhelo de libertad de todo un pueblo. Si alguien lo duda, debe saber que entre el material que llegó a Salamanca también había algunos documentos de personas afectas al régimen franquista, incautados por organismos republicanos durante la guerra y que éstos se devolvieron tras la guerra en cuanto se verificó la proximidad ideológica de sus propietarios. Desde un principio, pues, el Archivo de Salamanca lo fue sólo de los vencidos. Estimado amigo, me gustaría que comprendiera que mis argumentos, aunque no exentos de una evidente dimensión emotiva, son perfectamente racionales. Honestamente, creo que no puede decirse lo mismo de quienes definen la restitución de los documentos como un expolio a la ciudad de Salamanca y, por extensión, a toda la Comunidad de Castilla-León. Pues no parece racional utilizar este término ocultando que el único expolio se produjo en 1939; como no lo es vaticinar el fin del Archivo cuando la cantidad de documentos que saldrán de él en aplicación de la Ley no alcanza el 5% de sus fondos; igualmente, es un error ignorar que de cara a la investigación histórica una copia digital es tan útil como un original. Los investigadores de todo el mundo están perfectamente habituados a consultar este tipo de reproducciones de alta calidad, que además permiten acceso a distancia y ser estudiados con las modernas técnicas de tratamiento de datos. Ante esta evidencia, debo insistir en el compromiso del Gobierno de dejar en Salamanca una copia digital de absolutamente todos los papeles que salgan del Archivo. En mi opinión, tampoco es razonable oponerse a que Salamanca sea la sede de un auténtico centro de la memoria. Especialmente si se tiene en cuenta que, hasta el momento, el de la capital castellana no es en absoluto el único archivo de referencia para el estudio de la Guerra Civil, sino que hay más de diez distribuidos por toda España. ¿Alguien puede dar un argumento razonado contra la iniciativa del Gobierno de reunir en Salamanca toda la documentación que sobre este periodo existe dentro y fuera de nuestras fronteras? He intentado dar argumentos para que Usted, ciudadano preocupado por el futuro del Archivo de Salamanca, juzgue la situación desde una perspectiva más amplia. Respeto las razones de quienes no están de acuerdo conmigo y pido el mismo respeto hacia las razones y los sentimientos de millones de personas que sí lo están. Igualmente, quisiera que se respetara la profesionalidad e independencia de los miembros del Comité de Expertos que por unanimidad informaron a favor de la devolución de los papeles, y sería bueno que algunos responsables del Partido Popular -otros, como el señor Piqué, apoyan la medida- dejaran de utilizar el patrimonio como un arma. Por último, celebraría que la actitud de los mismos que en el Gobierno mostraron muy poco interés por museos, bibliotecas y archivos -el de Salamanca incluido- fuera producto de un cambio de actitud, pero me temo que sus actos dicen lo contrario. Sin salir de Salamanca, no hay más que comprobar la situación de su languideciente Archivo Municipal, o la indigna campaña de acoso político que, promovida desde el propio Ayuntamiento, sufren los responsables de la Casa Lis, un espléndido museo de esa misma ciudad. Para concluir, déjeme transmitirle la garantía de que el compromiso del Gobierno se cumplirá. Pese a la miopía de los que creen que un archivo es un relicario o una colección de trofeos, tenga la plena seguridad de que el Archivo de Salamanca no sólo no desaparecerá, sino que crecerá y se consolidará como un gran centro de la memoria; contará con apoyo público y dejará de ser objeto de confrontación. Confío en que no dude de la sinceridad de nuestros propósitos, pues nadie que se sienta heredero de la línea democrática que se quebró con la Guerra Civil puede desear que se pierdan o se disgreguen los testimonios de aquel doloroso episodio de nuestra historia.
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