Los Papeles de la represión franquista. La polémica del Archivo de Salamanca
Los expertos, a favor de devolver a Cataluña los documentos incautados en la Guerra Civil La Comisión de Expertos sobre el Archivo General de la Guerra Civil, ubicado en Salamanca, dictaminó hoy que considera "justa y legítima las razones que avalan la devolución de los fondos documentales de la Generalitat de Catalunya, actualmente identificados como tales" en el citado archivo. 23-12-2004 AGENCIAS La Generalitat, que pasará a ser titular de los documentos que le pertenecían, deberá facilitar copia de los mismos al Archivo de Salamanca y asegurar la accesibilidad a todos los investigadores. En rueda de prensa, el presidente de la comisión, Federico Mayor Zaragoza, explicó que este dictamen se ha elevado a la ministra de Cultura, Carmen Calvo, quien deberá decidir qué hacer con los papeles del archivo. En su dictamen la comisión añade una serie de recomendaciones para transformar el Archivo de la Guerra Civil y que se convierta en en lugar de referencia a escala nacional e internacional de los documentos de este conflicto. Por su parte, el Ministerio de Cultura anunció que estudiará la resolución de la comisión como una "pieza fundamental" de su decisión. LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN MUEVE FICHA El Parlamento de Castilla y León aprobó ayer mismo la reforma legislativa necesaria para integrar en su Sistema de Archivos el de la Guerra Civil, con sede en Salamanca y de titularidad estatal, para evitar así una posible dispersión documental. Inmediatamente después de conocerse la aprobación de esa iniciativa, el Ministerio de Cultura anunció que ya ha iniciado los trámites para plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, ya que entiende que "vulnera el reparto de competencias amparado por la Constitución". Los conocidos como "papeles de Salamanca", objeto de la disputa, son un conjunto de documentos incautados durante la Guerra Civil por las tropas de Franco a la Generalitat y a otras instituciones catalanas y que el gobierno catalán lleva más de 20 años tratando de recuperar. *Fuente : Cadena SER. 23 de Diciembre de 2004 Los expertos ven justo que Catalunya recupere los papeles de Salamanca La comisión considera que son legítimas las razones de la Generalitat para volver a tener los documentos Condena las incautaciones y establece condiciones para el retorno y la conservación de los materiales MERCEDES JANSA *Fuente : Madrid, 12/24/2004 Los papeles de la represión ANDREAS GONZÁLEZ Los papeles catalanes de Salamanca son el resultado de una requisa meticulosa y sistemática realizada por las tropas franquistas a partir de abril de 1938, y cuya finalidad fue reprimir a miles de desafectos. De las 160 toneladas de documentos expoliados, apenas se conserva el 10%. El resto fue quemado o convertido en pasta de papel. *Fuente : El Periódico, Barcelona. 24 de Diciembre de 2004 El Gobierno accede a devolver los documentos de Salamanca MERCEDES JANSA *Fuente : El Periódico, Madrid. 12 de Diciembre 2004 507 archivadores con documentos de la Generalitat entre 1931 y 1939 Los documentos que van a devolverse a la Generalitat de Cataluña están perfectamente estudiados y archivados, algo que no puede decirse de buena parte de los documentos que se almacenan en el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca. Entre marzo de 1983 y diciembre de 1986 fueron clasificados, a cuenta de la Generalitat de Cataluña, y poco a poco se fueron microfilmando en un proceso que finalizó en 1993. El listado de los documentos fue publicado en 1992 por el Archivo Nacional de Cataluña, centro que cuenta con un microfilme de los documentos y que en el futuro espera conservar los originales. En concreto, de lo que ahora se está hablando es de los 507 archivadores con documentos producidos o recibidos por la Generalitat y el Parlamento de Cataluña entre 1931 y 1939. La mayoría de estos documentos se refieren a los departamentos de Justicia, con 213 legajos, y Defensa, con 170, aunque los hay de Economía, Cultura, Agricultura o Sanidad. Estatuto y justicia También es muy relevante la documentación relativa a las actividades del comité de apropiaciones e incautaciones realizadas durante la Guerra Civil o las listas de las patrullas de control y de detenidos que, en conjunto, ofrecen un amplio panorama de la actuación de la retaguardia catalana durante la guerra. El director del Museo de Historia de Cataluña, Jaume Sobrequés, ha puesto su centro a disposición para celebrar en el mismo una exposición temporal con una selección de estos documentos una vez sean devueltos. "Es un acuerdo que a nivel científico no aporta muchas novedades, porque la documentación ha sido digitalizada y está accesible a los investigadores", aclaró. "Lo importante es el valor político y simbólico que tienen estos documentos". Cruanyes resaltó, por su parte, el carácter de "restitución de una injusticia" que tiene el gesto de la devolución *Fuente : EL PAÍS, Cultura. 29 de Diciembre de 2004 Salamanca fortifica el archivo El alcalde valla el edificio tras reiterar que "ningún papel" saldrá de la ciudad "lo diga quien lo diga" Oficialmente, la medida se debe a la necesidad de reponer baldosas Una completa sorpresa. Los salmantinos que ayer por la mañana se desplazaron al casco antiguo de la ciudad descubrieron con asombro que, sin previo aviso, el Ayuntamiento había empezado a vallar el perímetro del Archivo de Salamanca. Oficialmente, el vallado obedece a la necesidad de "reparar las baldosas del suelo", pero la orden de acordonar el archivo coincidió con la reiteración, por parte del alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote (PP), de que "ningún papel" saldrá de la capital charra, "lo diga quien lo diga".
EDUARDO HARO TECGLEN "De aquí no sale un papel", dice el alcalde de Salamanca, y pone una alambrada en torno al archivo de la Guerra Civil; pero Barcelona exige que le den los papeles que le robaron. ¿Qué más da? Sí, mucho: es una riqueza para el futuro, cuando Castilla sea independiente y Cataluña también. No serán España si no quieren, pero luchan por su trozo del patrimonio español. Otras ciudades se alzan y piden lo que fue suyo, lo que algunos se llevaron. Bien, nos robamos, y robamos un poco a otros: no sé qué hacen los tesoros precolombinos en algunos museos de aquí: el viejo oro de El Dorado, las caras de dioses y amos que ahora vemos reproducidas en las calles: son iguales los inmigrantes indígenas a sus camafeos y esculturas: veo pasar la frente ancha, la nariz abierta, los labios grandes y bellos: no nos pedirán que se los devolvamos. Sólo quieren el documento que permita a otros que les exploten. El tesoro humano tiene poco interés. Excepto lo vendible o pignorable: los niños que no quieren dar porque dicen que valen para trasplantes, las mujeres que se compran y venden para la prostitución. Carne y hueso: poca cosa. Papeles, oro, cobre, miniaturas, óleos: el tesoro. La Guerra Civil no es de nadie, o es de todos. En el archivo hay datos históricos, notas de crímenes, listas, biografías de torturados, actas de procesos infames avalados por togados militares que ensuciaron la toga, el uniforme y el crucifijo que malditos ponían en la mesa del crimen. No son suyos: son míos. Hay nombres míos en ellos, sentencias que cambiaron mi vida; no son de Salamanca ni de Barcelona, sino de todo este conjunto con tan mala suerte histórica que se puede llamar España. Los quiero. Señala esta codicia de un tesoro aciago, de unas letras de sangre y fuego, el año que se va, el que viene. Pobres canjilones que relacionamos con la astronomía y en los que dividimos nuestros días. Los papeles son de los empapelados. Yo no quiero que nos divida eso. Sé que nos están fragmentando y clasificando los entomólogos: sé que nos dividen y que yo pertenezco a Madrid, soy varón, anciano, ateo, blanco y no tengo un céntimo que no esté cercado por los bancos y otros pulpos. No quiero que me separen, ni mi biografía ni mi cariño, ni mi solidaridad, de los que secesionan en esta guerra tonta de las provincias españolas (Machado), ni que me separen leyes y costumbres de las mujeres, los jóvenes, los indios que llegan, los moros que ahora pasan miedo. Mi humanidad. *Fuente : El País, Radio y TV. 31 de Diciembre de 2004 FRANCESC DE P. BURGUERA La verdad es que la fiereza y el entusiasmo desaforado con que la derecha se está oponiendo a que la documentación propiedad de la Generalitat de Catalunya, expoliada por el franquismo y depositada en el Archivo de la Guerra Civil, en Salamanca, está adquiriendo ribetes de tragicomedia rayanos en lo ridículo. ¡Qué cosas se dicen! Tenemos, por ejemplo, al historiador César Vidal, más conocido por sus actuaciones radiofónicas. Según esta luminaria intelectual, devolver la documentación a su verdadero dueño sería cometer un "expolio" en el archivo salmantino. ¡Vaya, hombre! Ahora va a resultar que devolverle a su dueño lo que le fue expoliado por la fuerza de las armas resultaría cometer otro expolio al poseedor de los objetos robados. Por su parte, el alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, del PP, ha declarado que del Archivo Nacional de la Guerra Civil "no saldrá ningún papel, lo diga quien lo diga". No sabía yo que sobre los archivos nacionales tenían tanta autoridad los alcaldes de la ciudad en que están ubicados. Pensaba que dependían del Ministerio de Cultura a todos los efectos. Pero la cuestión es ésta: ¿tiene derecho la Generalitat de Catalunya, terminada la dictadura e instaurada la democracia, a pedir la devolución de los documentos que le fueron robados manu militari por los franquistas? Parece ser que no. Dicen que se rompería la unidad del archivo. Pero como escribía en artículo reciente León Buil Giral, "el principio de justicia tiene que prevalecer sobre el meramente científico de unidad de colección, máxime cuando la unidad se ha conseguido por medios ilícitos". Pero esto, a los vociferantes que se oponen, les importa poco. Aquí, lo que interesa y motiva todo este circo, con payasos incluidos, es que quienes solicitan la devolución de lo robado son los pérfidos nacionalistas. ¡Esa es la cuestión! Y antes que darles a ellos la razón prefieren dársela a los franquistas expoliadores. La derecha y su equipo mediático son así de coherentes. Para esta tropa, Franco hizo muy bien enviando a sus secuaces a esquilmar los archivos de la Generalitat. Es lo que ellos volverían a hacer, si pudiesen. Estoy seguro.Y dicen que son demócratas. Será por la noche. Y soñando. *Fuente : El País. 31 de diciembre de 2004 JOSÉ ÁLVAREZ JUNCO José Álvarez Junco es catedrático de Historia en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense. Actualmente dirige el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Lo más asombroso de la trifulca política montada en torno a los llamados "papeles de Salamanca" ha sido la inmensa distorsión con que puede presentarse ante la opinión pública un problema colectivo. Supongo que en parte se debe a ignorancia y superficialidad informativa, pero me temo que abundan también los ingredientes de irresponsabilidad y mala voluntad. He conocido el asunto de cerca porque he formado parte de la llamada "comisión de expertos", cuya función era asesorar al Gobierno sobre el destino de los fondos documentales de la Generalitat catalana incautados en 1939 y depositados en un archivo, de denominaciones cambiantes a lo largo del tiempo, situado en la ciudad de Salamanca. En contra de lo que las autoridades castellano-leonesas ha declarado saber a ciencia cierta, la comisión no tenía una opinión predeterminada sobre el asunto ni ha estado en modo alguno "teledirigida" por nadie; por lo que a mí respecta, puedo dar fe de no haber recibido la menor indicación ni presión, aunque no me extrañaría, dado lo enconado del ambiente, que no se me creyera, ni aun por gentes a las que creo sensatas. Lo único que me atreví a decir a un periodista que me interrogó al comienzo de la historia fue que era una cuestión "compleja", aunque tengo que confesar que, a medida que se fueron desarrollando nuestros debates y fui leyendo informes sobre el tema, cambié de parecer, como soy testigo de que les ocurrió a otros miembros de la comisión; y, caso verdaderamente excepcional en mi repertorio de opiniones, un asunto político fue dejando de parecerme complejo y acabó resultándome "sencillo". Intentaré explicarlo. Primero, los hechos. Aunque se haya dicho y repetido lo contrario, nadie ha discutido ni se ha planteado nunca cuál habría de ser el destino de los "papeles de Salamanca" o del "archivo de la Guerra Civil", sino sólo el de los fondos documentales de la Generalitat de Catalunya anterior a 1939. Estos fondos consisten en 507 cajas bien identificadas, de las 20.000 aproximadas de las que consta el depósito documental hoy guardado en Salamanca; es decir, que la manzana de la discordia apenas sobrepasa el 2,5% del célebre archivo. Eso es lo que hemos recomendado devolver a la institución que ha heredado el nombre de la que los generó. Podrá discutirse si hacerlo es "justo y legítimo", como nos ha parecido a nosotros, pero lo que no puede discutirse de buena fe es que no se trata del "archivo de Salamanca", sino de una parte mínima del mismo. En segundo lugar, la comisión ha recomendado que de esos fondos documentales se deje en Salamanca una copia microfilmada y digitalizada, que tendrá valor de documento auténtico; lo que significa que los interesados o historiadores futuros podrán ver exactamente lo mismo allí que en Barcelona, ya que los originales, en serio riesgo de ser destruidos por el uso, estarán en un futuro no lejano inaccesibles para el público. Es una disputa, por tanto, simbólica. En términos prácticos, nadie pierde ni gana nada con lo decidido. Al decir esto, no pretendo quitarle importancia, pues es bien sabido que las disputas simbólicas son las menos negociables para nuestros congéneres humanos; pero debemos saber, al menos, de qué estamos hablando. Tercero (aunque, para quienes den prioridad a los principios, debería ser lo primero): la justicia estaba de parte de los reclamantes. Eso sí que lo barruntaba desde hace tiempo, pero lo vi confirmado de manera tajante por tres juristas de prestigio, de procedencia completamente diversa, que disolvieron mis dudas y las de otros cuantos miembros de la comisión con informes inapelables: la incautación fue violenta y brutal, no respetó ni la menor norma de las que deben acompañar toda expropiación, y el derecho a la reparación del hecho injusto no había prescrito, cualquiera que fuera el plazo que se aplicara, porque desde el momento mismo en que la Generalitat pudo reclamar sus papeles, nada más ser restablecida, lo hicieron (y, por cierto, en aquel momento el señor Fraga Iribarne les dio la razón; la repentina preocupación por la "unidad del archivo" vino más tarde). Hasta aquí, de forma muy abreviada, los hechos y las consideraciones de derecho. Pero no basta con eso. Con el paso de los años se había creado un problema político. El archivo se formó en su día con fines exclusivamente represivos, para hacer a partir de él un enorme fichero de la "anti-España" y poder pedir cuentas a todo el que hubiera dado hasta una perra chica para un monumento a Ferrer Guardia. Pero, con el curso de los años, había cambiado sus funciones. Durante la transición, sirvió para fundamentar las reclamaciones de derechos por parte de los represaliados por el franquismo y acabó por convertirse en el principal fondo documental sobre la Guerra Civil y la dictadura subsiguiente. Más importante aún era que la gran mayoría de la opinión castellana lo había interiorizado como símbolo de su memoria colectiva. Poco importa que esto último fuera producto de una manipulación. Todo lo relacionado con la "memoria colectiva" lo es. Pero la Castilla ayer dominadora anda hoy, si no miserable ni envuelta en sus andrajos, sí relativamente deprimida y con un palpable sentimiento de humillación ante la "prepotente" Cataluña. La discusión sobre quién sea aquí de verdad el dominador y quién el explotado llevaría años y serviría de muy poco. Lo que importa es que así es como lo percibe la mayoría de la opinión castellana. La comisión tuvo estos sentimientos en cuenta. Decidió recomendar al Gobierno que protegiera el resto del archivo ante futuras reclamaciones y, sobre todo, que hiciera de él, por medio de diversas medidas, un gran centro de investigación: para empezar, con la devolución -importante devolución, de la que no se habla- de los fondos extraídos del mismo para formar la Causa General o el llamado Archivo de la Guerra de Liberación; y con la concentración, además, de fondos militares, procedentes de los consejos de guerra por "rebelión militar" o "auxilio a la rebelión" (célebre eufemismo franquista para referirse a la lealtad a la República), que hoy están dispersos y mal cuidados, cuando constituyen una fuente de información de valor probablemente superior a todo lo que hoy contiene el archivo de Salamanca. Para llevar a cabo este proyecto serán necesarios fondos, personal, edificios, y todo eso le recomendamos al Gobierno que lo proporcionara y lo situara en la ciudad del Tormes. En el último momento, y como gesto espontáneo de buena voluntad, los catalanes presentes en la comisión ofrecieron regalar a ese futuro gran centro de investigación salmantino copia de todos los documentos existentes en el Archi vo Nacional de Catalunya sobre la Guerra Civil. El dictamen era, por tanto, equilibrado y no perjudicaba a nadie. La Generalitat recibía lo que era suyo y Salamanca, aunque viera salir algunos originales, guardaba copia de todo, a la vez que volvía o era llevada allí por primera vez una cantidad de documentos muy superior a la que salía. No quiero concluir, con esto, que el resultado del arbitraje fuera perfecto. Algunos hubiéramos preferido un blindaje más claro del resto del archivo ante futuras reclamaciones. Pero no había manera de justificarlo jurídicamente y, en todo caso, dadas las condiciones estrictas que hemos recomendado al Gobierno para toda devolución, el total afectado nunca superará el doble de lo que ahora se aconseja entregar (es decir, no pasará del 5%). Una última consideración, al margen del problema central: recientemente se ha criticado mucho a la comisión del 11-M por estar formada por "políticos". Los mismos medios de comunicación que hicieron esas críticas han lanzado ahora sus dardos contra una comisión no política, formada por puros "expertos". No creo que nadie encuentre fácil de definir en términos políticos al ex director de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, presidente de la comisión, ni que niegue que es experto en expolios culturales; como no pertenece a ningún partido ni a ninguna región española Edward Malefakis, reputado historiador greco-estadounidense, especializado en la República y la Guerra Civil; ni son políticos los archiveros, catalanes y no catalanes, que han votado unánimemente a favor del acuerdo, sin una sola discrepancia ni abstención. Todos ellos, y la inmensa mayoría de la comisión, hasta sumar catorce votos, hemos apoyado al final la misma solución. Sólo ha habido tres abstenciones; ni siquiera un voto en contra, porque no había argumentos. Tal resultado debería hacer reflexionar a quienes de manera tan visceral siguen pronunciándose contra esta resolución. Según parece, son partidarios del "Santa Rita, Rita"; aunque aquella mezquina cantilena infantil seguía con "lo que se da, no se quita", y esos documentos no fueron nunca dados por sus dueños originales al archivo de Salamanca. Les fueron arrebatados a punta de pistola y trasladados allí en un ambiente de terror y enfrentamiento. Ese ambiente es el que se superó, con notable éxito, en la transición a la democracia que siguió a la muerte de Franco. Y aquel clima de consenso de la transición es el que debe recuperarse hoy. En España sigue pendiente de solución el problema de la distribución territorial del poder, cuestión nada fácil pero que, por suerte, afecta casi en exclusiva a las élites políticas. Lo que no ha ocurrido aquí nunca son enfrentamientos entre grupos de población, como entre las diversas minorías étnicas de la antigua Yugoslavia. No juguemos con fuego. Atizar las pasiones colectivas de multitudes que jamás visitarán un archivo pero que por él se declaran dispuestas a morir -léase bien: a matar-, es una gravísima responsabilidad histórica. Lo último que necesitamos aquí son caudillos locales o periodistas que emulen a Tudjman o a Milosevic. *Fuente : El País, Opinión. 31 de Diciembre de 2004 Trescientas cajas con «papeles de Castelló» están pendientes de catalogar en Salamanca Pañella insta a la directora general de Archivos que reclame las copias realizadas La Sección de la Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional de Salamanca guarda 300 cajas con documentación referida a la provincia de Castelló y que fue trasladada hasta la capital castellana en un vagón de carga el 16 de septiembre de 1938. Unos documentos que, según han podido constatar desde el Bloc, están por catalogar y ello, a pesar de que el Consell encargó y pago por un trabajo de documentación que, a la vista de esos datos, entienden los nacionalistas, «se quedó a medias». Por ello, pedirán la adopción de medidas correctoras y las explicaciones pertinentes a la directora general de Archivos de la Generalitat, Silvia Caballer. *Fuente : LEVANTE, El Mercantil Valenciano. 5 DE ENERO DE 2005 La Comisión de la Dignidad de Valencia, creada en 2002 con el objetivo de reclamar la devolución del patrimonio de la Comunidad Valenciana depositados en el Archivo de Salamanca, acusó hoy al Gobierno valenciano de "no poner a disposición de los interesados el inventario que tiene de la documentación valenciana secuestrada" en la citada institución, según informó el miembro de la Comisión Josep Guia, quien manifestó su "satisfacción por la acción de la ministra de Cultura, Carmen Calvo, al hacer suya la decisión del comité de expertos favorable a la restitución de la documentación expoliada por las tropas franquistas al final de la Guerra". Esta organización criticó la "actitud del Consell, sumisa y sometida a aquellos que todavía se consideran herederos de los sublevados fascistas en 1936" y recordó que la Ley de Patrimonio Valenciano "obliga a la Generalitat a reclamar los bienes culturales valencianos para ponerlos a disposición de los ciudadanos" e informó de que hasta ahora 45 ayuntamientos de la Comunidad Valenciana han aprobado mociones a favor del retorno de los documentos del Archivo de Salamanca, "en ocasiones con los votos decisivos de concejales del PP". La Comisión de la Dignidad instó a los ayuntamientos y entidades "afectadas por el expolio" a iniciar los procedimientos administrativos de reclamaciones concretas de "los documentos que les corresponden". "Este es un camino que nos ha de llevar a la plena restitución de documentos. Corregir el desmantelamiento de los archivos republicanos de todos los territorios leales a la República será altamente positivo para todos", añadieron las mismas fuentes. A juicio del miembro de la comisión y profesor de la Universitat de València Josep Guia la decisión del Gobierno central es "un paso importante hacia la recuperación de la normalidad democrática del Estado, ya que se ha conseguido el reconocimiento del derecho a la legítima potestad y al retorno del patrimonio documental expoliado a nuestro pueblo y a sus instituciones". Guia aseguró que "esta puerta para el retorno sólo será coherente si comprende la repatriación íntegra". En su opinión, "cabe esperar que la fórmula a la que se ha llegado, aunque no tiene la amplitud deseada, sea respetada plenamente y sin restricciones por el Gobierno". Las mismas fuentes recordaron que "los documentos expoliados están en Salamanca, pero no son de Salamanca, por lo que las autoridades castellanas no tienen ninguna legitimidad para intervenir". La Comisión de la Dignidad destacó la "necesidad de hacer pedagogía para explicar las razones sin crispaciones" y denunció que "algunos dirigentes de la derecha de Salamanca y de Castilla y León han ocultado información a sus ciudadanos". *Fuente : VALENCIA, 5 Ene. 2005 (EUROPA PRESS) La memoria aún está en Salamanca La decisión del comité de expertos de devolver los archivos a la Generalitat de Catalunya provoca una nueva petición por parte de Xàbia, Dénia y Pedreguer, que también tienen documentos confiscados La reciente decisión del denominado «Comité de expertos» nombrado por el Ministerio de Cultura de devolver los documentos confiscados por las tropas golpistas del general Francisco Franco a la Generalitat de Catalunya también ha tenido eco en la Marina Alta. De hecho, son tres las poblaciones de la comarca que ya habían pedido a través de la aprobación de distintas mociones la devolución de los archivos usurpados durante la Guerra civil que ahora se encuentran en el Archivo de Salamanca. Xàbia, Dénia y Pedreguer son los municipios que solicitaron en su momento los papeles. La pregunta clave del archivo de Salamanca ANTONIO GONZÁLEZ QUINTANA Miembro de la comisión de expertos y ex director del Archivo de Salamanca entre 1986 y 1994 Estoy a favor de mantener la integridad del archivo hoy denominado General de la Guerra Civil, en concreto de los fondos acumulados y generados por la Delegación Nacional de Servicios Documentales y sus organismos precedentes. He argumentado en diversas publicaciones acerca de lo que tales fondos documentales suponen de testimonio histórico de la represión y de su indudable valor y, de igual modo, he abogado por mantener la organización física dada a los documentos por las instituciones represivas que los gestionaron hasta 1977, respetando las signaturas dadas en el fichero general onomástico, como la mejor manera de facilitar el ejercicio del «habeas data» (el derecho de las personas a conocer qué documentos sobre ellas existen en el archivo), tan importante para hacer valer los derechos reconocidos por las leyes de reparación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo. Pero también he dicho que los organismos y personas que sufrieron la incautación ilegítima de sus documentos, merecían, igualmente, una reparación. Coincidía con los dos principios esenciales que definiría, desde el comienzo, la Comisión: la condena de las incautaciones de documentos con fines represivos y la salvaguarda del bien común que es hoy el Archivo General de la Guerra Civil. *Fuente : ABC.es. 6 de Enero de 2005 Piden para Cartagena sus archivos de la Guerra Civil que están en Salamanca Los historiadores lo justifican por la «gran importancia de la ciudad en la época» FRANCISCO J. MOYA/CARTAGENA «Si se le abre la puerta a la Generalitat, también se le puede abrir a Cartagena. O para todos o para ninguno». Es la afirmación previa del presidente del Instituto Cartagenero de Investigaciones Históricas (Incis), Luis Miguel Pérez Adán, para reivindicar «desde nuestro legítimo derecho» la devolución a la ciudad de Cartagena de sesenta cajas de documentos pertenecientes al período que va desde el año 1936 a 1939 que actualmente se encuentran guardadas en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca. *Fuente : La Verdad Digital. 6 de enero de 2005 La Comissió de la Dignitat acusa al Consell de ocultar el inventario del Archivo de Salamanca La entidad valora la decisión del Ministerio de Cultura y espera que se ejecute *Fuente : Levante, 7 de enero de 2005 El PP arremete contra la intención de recuperar los documentos de Salamanca Asturianistas por Nava reclama la devolución de papeles incautados El líder del PP de Asturias, Ovidio Sánchez, fue el más tajante, al afirmar que iniciativas de este tipo «suponen dar la razón a los nacionalismos separatistas y a los que defienden el "plan Ibarretxe"». No obstante, Sánchez quiso dejar claro que sus opiniones no se refieren específicamente al caso naveto: «No se trata de que los asturianistas de Nava tengan o no tengan la razón, sino que hablamos de un asunto de gran trascendencia para toda España». Así, el debate sobre el futuro de los papeles del archivo salmantino supone, a juicio del popular, «un tema de una gran enjundia política, no sólo cultural». «Lo que se está poniendo en evidencia en toda España es que Zapatero intenta acabar con los grandes referentes españoles únicos, que son, además, referencias culturales de primera magnitud», aseguró y aventuró que, «si cada pequeño Ayuntamiento intenta hacer su pequeño archivo frente a una gran potencia, hoy son los archivos y mañana serán los museos», con el consiguiente «empobrecimiento que supone acabar con la unidad, que es lo que nos da gran valor como ha hecho durante 400 años». Así, incluso, se plantea la desaparición del Archivo Histórico Provincial, el Museo Arqueológico y el de Bellas Artes: «Seremos microcosmos culturales que no tendrán valor para nadie». Más cauto, en cambio, se mostró el secretario de organización de la FSA, Benjamín Gutiérrez, mientras que en otros ámbitos de su partido se calificaba la propuesta asturianista de «disparate». Gutiérrez eludió pronunciarse «a falta de conocer a fondo el asunto», aunque valoró positivamente la decisión de la comisión de expertos que dio el visto bueno a la devolución de los documentos catalanes, que calificó de «rigurosa» y «oportuna». En la misma línea, la diputada regional de IU Noemí Martín apeló a la «prudencia»: «Debemos pensar este tipo de cuestiones con tranquilidad antes de tomar decisiones», consideró y apuntó, asimismo, que «lo que dice Cultura es que existe una copia» de los documentos microfilmada. «Tenemos mucha tendencia a que, cuando se hace algo en otra reunión, se solicite lo mismo aquí inmediatamente», concluyó. *Fuente : La Nueva España, 6 de enero de 2005 Caldera advierte que el Gobierno no admitirá más reclamaciones al Archivo de Salamanca El ministro desglosa el plan para la formación, en Salamanca, del Archivo de la MemoriaEl Gobierno "no va a aceptar ninguna otra reivindicación" respecto a los fondos del Archivo General de la Guerra Civil, con sede en Salamanca, ya que considera la de la Generalitat de Cataluña como la única reclamación documental legítima, advirtió hoy el ministro de Trabajo, Jesús Caldera. "Que nadie reivindique más porque el Gobierno no va a aceptar ninguna otra petición, a nadie le asiste título alguno para poder pedir más documentos, sólo a la Generalitat, y es legítimo porque eran suyos, de una institución ya constituida", insistió en conferencia de prensa el titular de Trabajo y Asuntos Sociales. En su comparecencia, el ministro desglosó el plan que el Ejecutivo ha diseñado para la formación, en Salamanca, del Archivo o Centro Documental de la Memoria, que englobará el actual Archivo de la Guerra Civil, así como contenidos museísticos y nuevos fondos e instalaciones. *Fuente : CadenaSER.com, 7 de enero de 2005 Caldera advierte al alcalde de Salamanca que "ya tendrá cuidado de acatar la legalidad vigente" Avisa que la decisión del Gobierno sobre los papeles se llevará a efecto "esté o no vallado" el Archivo El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, señaló hoy que un Estado de Derecho se cumplen las decisiones de los poderes públicos y la decisión que tome el Gobierno sobre el Archivo de Salamanca se llevará a efecto "esté o no vallado" al tiempo que anunció que la capital salmantina contará con un gran centro archivístico de la memoria con documentación nacional e internacional e incluso procedente de la Generalitat de Cataluña. El Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, que en estos momentos se encuentra vallado por la rehabilitación de adoquines, tendrá que devolver los documentos a la Generalitat de Cataluña por lo que el ministro advirtió "que ya tendrá cuidado el alcalde, Julián Lanzarote, de acatar la legalidad vigente". Además, Caldera aseguró que Salamanca tendrá un gran archivo y pidió al PP que sea "prudente" pues "desde el PP de Cataluña y la Comunidad Valencia se reclama la devolución de documentos, y el alcalde de Valladolid, considera que es legítima la devolución de algunos legajos, como los relacionados con el Estatuto de Autonomía de Cataluña". Por otro lado, Caldera, que se mostró al cien por cien de acuerdo con la decisión de la Comisión de Expertos, aseguró que el Archivo "no sólo se mantiene, sino que se va a ampliar" y explicó que Salamanca "tendrá el mejor archivo de España, con más gente trabajando, más y mejores edificios así como un mayor número de fondos documentales, no sólo nacionales, también internacionales". Salamanca será el centro de la investigación "de la tragedia ocurrida en España en la Guerra Civil, con documentos relativos a este periodo, al Franquismo, la Transición y el exilio", según explicó el ministro de Trabajo. Asimismo, habrá soportes documentales en papel, microfilmados, documentos digitalizados, librarios, material museístico y se impulsarán nuevas secciones del Archivo centro documental de la memoria. Del mismo modo, el fondo depósito histórico del Archivo se enriquecerá, ya que se dotará de contenidos el centro de estudios, se crearán salas de investigación y consulta, salas con equipamientos informáticos, salas para exposiciones temporales, salas de colecciones permanentes, desarrollo del archivo y material oral así como salas de proyecciones. Igualmente, se catalogarán, digitalizarán y pondrá en red a través del sistema de Archivos Españoles en red todos los documentos actuales y los que vendrán, según afirmó Jesús Caldera, quien indicó que otra de las actuaciones que se llevarán a cabo será la entrega, depósito y enriquecimiento por los diversos archivos ya disponibles, así como el inicio de un plan de adquisiciones librarias y la compra de piezas relativas al contenido del centro de carácter escultórico y cartelería. PLAN DE DIFUSION Además, se iniciará un plan de difusión e incitación a la entrega de documentos dirigido a entidades particulares y personales. Jesús Caldera anunció que habrá importantes ayudas archivísticas para favorecer los archivos orales y después del mapa informativo que se espera lograr con la Comisión de Víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo "se canalizará en diversos soportes la documentación existente en otros archivos nacionales hacia el archivo de la memoria" y añadió que este centro recibirá importante documentación que enviará la propia Generalitat. Por último, el ministro recordó que durante el Franquismo salieron miles de documentos de este archivo "y entonces parecía no romperse la unidad documental mientras que ahora van a volver igual que otras importantísimas colecciones nacionales e internacionales". *Fuente : Europa Press. 7 de Enero de 2005 La Comissió de la Dignitat recuerda a Caldera que el "expolio documental" no sólo lo sufrió Cataluña La Comissió de la Dignitat recordó hoy que "el proceso de expolio documental" no sólo lo sufrieron los archivos de Cataluña y que otras comunidades autónomas como Aragón, Euskadi, Comunidad Valenciana e Islas Baleares tienen "actividad moral y efectiva" para reclamar documentos del Archivo de la Guerra Civil. En un comunicado en respuesta a las declaraciones del ministro de Trabajo, Jesús Caldera, en las que afirmaba que el Gobierno no aceptará ninguna otra reivindicación además de la catalana, la Comissió consideró que la autoridad para reclamar documentos "no prescribe" por que el Gobierno autonómico actual no haya hecho la reclamación pertinente o no disfrutaran de estas instituciones en el periodo de la República. La Comissió añadió que si algunos particulares todavía no han podido reclamar sus documentos "en gran medida es responsabilidad del Estado, que en muchos casos no ha informado de la existencia de sus bienes expoliados en Salamanca". La entidad afirmó que sólo considerar legítima la reivindicación realizada por la Generalitat "choca frontalmente con el contenido y el espíritu" del dictamen de la comisión de expertos y "desmintiría la voluntad del Gobierno de querer ayudar a curar las heridas de la guerra civil y rehacer los archivos republicanos". *Fuente : Europa Press. 7 de Enero de 2005 La Batalla del Archivo de Salamanca. Las 507 cajas de la discordia ... por Andrés Padilla Los expertos argumentan su decisión de devolver a la Generalitat los papeles confiscados en la guerra Se abrió la caja de los truenos. La ministra de Cultura, Carmen Calvo, anunció el 28 de diciembre que el Gobierno aceptaba la recomendación de la Comisión de Expertos creada por el Patronato del Archivo General de la Guerra Civil y que, por tanto, iniciaba el procedimiento por el que Salamanca devolverá a la Generalitat los documentos que las tropas franquistas se incautaron en Cataluña en enero de 1939. La polémica estalló de inmediato. Diez de los 17 expertos que han elaborado el informe hablan del desafío que ha supuesto pronunciarse sobre una materia cargada de contenidos simbólicos, y Javier Tusell realiza un recorrido por los otros archivos donde se encuentran los papeles de la Guerra Civil. Son 507 cajas de un total que sobrepasa las 20.000. Los legajos que reclama la Generalitat de Cataluña son poco más del 2,5% de la documentación almacenada en Salamanca dentro del Archivo General de la Guerra Civil. En esas cajas se encuentran los fondos que pertenecieron a la Generalitat (entre los que se encuentran algunos documentos fundacionales de dicha institución) y que fueron expoliados por las tropas de Franco cuando entraron en Barcelona en enero de 1939. Ahora, una comisión de expertos ha elevado un informe al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero recomendando su restitución. La ministra de Cultura, Carmen Calvo, anunció el 28 de diciembre que la decisión está tomada y que sólo falta un dictamen jurídico sobre el procedimiento a seguir. La noticia ha desencadenado una agria polémica. "Se ha dejado pudrir la situación", comenta al respecto Borja de Riquer, uno de los 17 miembros de esa comisión que aprobó con 14 votos afirmativos y 3 abstenciones el informe, y añade: "Nunca se encargó un estudio para ver qué se podía hacer con ese archivo". Rosa López Alonso, representante de la Asociación de Archiveros de Castilla y León, muestra su pesadumbre: "Toda esta polémica está haciendo daño a los archivos en general. Ojalá termine cuanto antes". En el informe también se pide, en compensación, que el centro de Salamanca reciba la dotación que necesita para acometer una ampliación cuyas líneas generales se detallan en el mismo documento. La idea es concentrar en Salamanca una enorme cantidad de información relacionada con la represión franquista que ahora se encuentra dispersa en dependencias militares y archivos de toda España. En cuanto a los legajos de la Generalitat, quedará en el archivo copia autentificada de cada uno de los papeles. El alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, del Partido Popular, ha mandado vallar por lo pronto la entrada del edificio donde se encuentran depositadas las 507 cajas de la discordia y las Cortes regionales han aprobado una Ley de Archivos y otra de Patrimonio Cultural con las que pretenden "blindar" la situación. El informe de los expertos no ha servido, pues, para poner fin a esta asperísima polémica que dura ya casi diez años y que se remonta más lejos aún. En marzo de 1995, la ministra de Cultura, Carmen Alborch, anunció que iba a devolver los papeles a la Generalitat. El alcalde de Salamanca por aquel entonces, el socialista Jesús Málaga, respondió convocando una manifestación en la plaza Mayor de la ciudad a la que asistieron más de 55.000 personas. La polémica fue subiendo de tono en los años posteriores y las sucesivas comisiones convocadas durante la etapa de gobierno del PP por las ministras Esperanza Aguirre y Pilar del Castillo no sirvieron para apaciguar los ánimos. Antes, en marzo de 1980, Manuel Fraga ya presentó en el Congreso una proposición no de ley que instaba al Gobierno de Adolfo Suárez a devolver la documentación de la Generalitat. La diferencia ahora es que este último grupo de expertos ha aconsejado que las cajas se devuelvan a sus propietarios originales. Para Federico Mayor Zaragoza, presidente de la comisión, resulta "justo y legítimo restituir la documentación". "Nuestras conclusiones se basan en principios, en los mismos principios que mantuve mientras me encontré al frente de la Unesco. Las obras de arte y los documentos incautados deben restituirse a sus legítimos propietarios siempre que sea posible. La institución o país que cumple con su deber de devolución tiene que ser compensada con copia exacta del original o con parte de las obras devueltas". El problema al que se han enfrentado los expertos de la comisión ha sido el de defender un archivo que, como escriben, es un "referente insustituible en la configuración de la memoria histórica de los españoles" y que, por tanto, se trata de "un bien social y cultural digno de la mayor protección" y ante el que "deben tomarse medidas que eviten que la restitución de documentos incautados produzca menoscabo en su integridad" y, al mismo tiempo, "buscar la forma de dar justa respuesta a las reivindicaciones legítimas" de la Generalitat de recuperar sus papeles. "Las conclusiones a las que se ha llegado con estos documentos no son extrapolables", explica Tomás de la Quadra-Salcedo, jurista, ex ministro socialista y catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III. "La Generalitat fue restablecida como tal en la transición mediante una norma con rango de ley. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con el Gobierno vasco: no hay continuidad entre el actual y el de la etapa previa al franquismo. El hecho de que se restableciese la Generalitat implica que también hay que reintegrar a esa institución todos los documentos que le pertenecen". Pero ése sería el único caso en el que se puede justificar la devolución de papeles. "Si un ayuntamiento reclamara documentos incautados de su archivo durante la guerra", continúa De la Quadra-Salcedo, "es verdad que el principio archivístico de procedencia opera de su parte. Pero nunca serían documentos fundacionales, así que la posible tensión entre esa procedencia y la función pública que los documentos cumplen en el Archivo General de la Guerra Civil favorecería al actual depositario". A propósito de los partidos políticos, "hubo una ley específica y ese asunto parece que está cerrado", y en el caso de los sindicatos, "el plazo de reclamación de los originales puede llegar a ser de seis años y, si se hizo cuando pudo hacerse, es decir, después de la promulgación de la Constitución, el plazo terminó en diciembre de 1984". De la Quadra-Salcedo insiste también en tener en cuenta que "estas 507 cajas se van a ceder de un ente público a otro y que por tanto se respeta la Ley de Patrimonio Histórico. En caso de que un particular o una asociación privada quisiera interponer reclamaciones, esta misma ley bloquearía la devolución". Es el dictamen jurídico el que produce reparos en los miembros de la comisión que no se pronunciaron afirmativamente. "No hubo votación del informe jurídico", comenta Julio Valdeón, el historiador designado por la Junta de Castilla y León para la comisión. "Era nuestra tercera reunión y se nos pidió que nos diéramos prisa porque había que terminarlo todo antes de final de año, y no pudimos leer el último informe. Tuvimos que conformarnos con un resumen que nos hizo sobre la marcha el profesor De la Quadra-Salcedo". "Estoy decepcionado radical y absolutamente con el señor Mayor Zaragoza, que sólo vino a la tercera reunión y no prestó ninguna atención al mínimo rigor formal. Ha sido una encerrona y una farsa", dice Eugenio García Zarza, representante en la comisión por el Ayuntamiento de Salamanca. Para Antonio Morales Moya, que ha representado a la Universidad de Salamanca, la decisión ha sido "una mala solución". "En el aspecto político habría que haber buscado un acuerdo que hubiese satisfecho a todas las partes. En lo técnico, no se quiso valorar que una comisión de la Unesco defendió en un informe para casos similares que se debe conservar la integridad de los archivos para que sirvan de testimonio de la represión". "Decir que la comisión de expertos era una comisión de adeptos supone ignorar cuál ha sido nuestra conducta", dice Juan Pablo Fusi, catedrático de Historia Contemporánea en la Complutense de Madrid, y Borja de Riquer comenta que los documentos de la Generalitat "proceden de cientos de incautaciones distintas en 17 provincias y se llevaron a cabo de forma caótica muchas veces". Y por eso considera que "la unidad no está en los propios documentos; la única unidad es que se encuentran ahora en el mismo edificio". "Los que no quedaron satisfechos acuden a razones de procedimiento para formular sus críticas, pero hubo debate y el informe es muy preciso", explica Joan Rigol, ex presidente del Parlamento de Cataluña, para luego referirse al futuro: "El centro de Salamanca está en un punto de partida envidiable para convertirse en una referencia de proyección internacional". Rosa López Alonso recuerda que no sólo hay que preservar los documentos en los que se basó la represión, sino también los que ésta produjo, y hay que hacerlo correctamente en beneficio de las víctimas del franquismo y de sus familiares. Antonio González Quintana, archivero y ex director del Archivo de Salamanca, refiere algunos episodios por los que han pasado otros papeles. "A la familia de Primo de Rivera se le devolvió documentación que llegó a Salamanca desde Madrid. Estos papeles probablemente procedían de una incautación previa de las autoridades republicanas a la familia del líder falangista". Cuando la guerra terminó, "un gran volumen de documentos se trasladó de Salamanca a Madrid, donde se proyectó un Archivo Histórico de la Guerra de Liberación que terminó incorporándose al Archivo General Militar que hoy se encuentra en Ávila". Pero existen también papeles que se encuentran "en el limbo administrativo, fuera de reglamentación". "Es el caso de muchos juicios sumarísimos de aquella época, que están repartidos por todas partes y mal conservados. Si se juntara todo esto con los papeles que salieron de Salamanca para la Causa General y otros depósitos, el volumen de documentación del nuevo archivo sería mucho más del que tienen ahora". Pero eso será el futuro. El presente es mucho más complicado y la discordia no cesa. De hecho, el profesor Morales Moya teme que los problemas no hayan hecho nada más que empezar. "¿Usted cree que tal como siguen las cosas las cajas van a salir del archivo así sencillamente?". ¿Será entonces necesario que el Gobierno tenga que mover a la policía...? "Esperemos, por el bien de todos, que nunca lleguemos a ese punto". El polémico informe El informe remitido por la comisión de expertos a la ministra Carmen Calvo tiene 68 páginas y se divide en cuatro secciones. La primera detalla los antecedentes históricos de la situación. La firman Juan Pablo Fusi, Borja de Riquer, Julio Valdeón, Eugenio García Zarza y Edward Malefakis. La documentación que ahora se reclama se incautó en 1939 y fue trasladada a Salamanca, al depósito de la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentación que tenía como misión fundamental facilitar la represión. Algunos papeles fueron destruidos y otros salieron del archivo, por ejemplo, para servir de pruebas en la Causa General instruida por la Fiscalía del Tribunal Supremo en los años cuarenta. La segunda ofrece una perspectiva archivística. Rosa López Alonso, que redactó esta sección junto a Pedro González García, Angels Bernal y José Ramón Cruz Mundet, explica que "se nos pidió que fuéramos breves y eso hicimos". En 15 puntos (tres páginas) valoran los antecedentes de la cuestión y recuerdan que el principio fundamental de la archivística es el "principio de procedencia" que vincula los documentos con "las personas físicas o jurídicas que los generaron y acumularon en el ejercicio de sus funciones". También se detallan las facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información para resolver los problemas técnicos de la devolución y se termina con una propuesta de actuación. La cuestión jurídica La última parte, las conclusiones, aconsejan la devolución de las 507 cajas de la Generalitat y proponen que se cree un gran centro documental de la Guerra Civil y de la represión franquista en Salamanca. En la página web de la Confederación de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas (www.anabad.org) puede encontrarse una versión prácticamente definitiva del informe. *Fuente : El País, Cultura. 9 de Diciembre de 2005 El Principado tiene copia de todos los papeles asturianos de Salamanca Asturias fue la primera provincia en duplicar los documentos, tarea que llevó casi una década El Archivo Histórico de Asturias alberga 1.590 rollos de microfilmación que reproducen todos los documentos asturianos de la guerra civil que fueron incautados y trasladados a Salamanca. Las copias se concluyeron en 1998, tras siete años de trabajos, fruto de un convenio suscrito en junio de 1991 entre el Principado y el Ministerio de Cultura. Este importante legado documental forma parte desde entonces de los fondos del Archivo Histórico de Asturias, donde es objeto de consulta diaria por investigadores y particulares. Asturias no planteará ninguna reclamación para la devolución de los papeles originales, a diferencia de lo que ha hecho Cataluña. Asturias fue la región pionera en solicitar un duplicado del importante volumen de documentación que el franquismo incautó en Asturias tras la caída del Frente Norte, en el otoño de 1937, y que, una vez centralizado en el Archivo de Salamanca, sirvió a la dictadura como fuente de información crucial para llevar a cabo la represión posbélica. En esa documentación se encuentra la totalidad de los papeles incautados al Consejo Soberano de Asturias y León -el Gobierno Interprovincial que fue titular de la legitimidad republicana-, así como los archivos requisados a partidos políticos, sindicatos y organizaciones masónicas, a los tribunales republicanos de la región -caso del Tribunal Popular de Gijón-, y otros fondos de documentación bélica. Los documentos de la guerra civil depositados en Salamanca y de los que los de origen asturiano constituyen una de las secciones regionales más voluminosas no constituyen, en absoluto, la totalidad de los fondos archivísticos existentes en España sobre ese período histórico y la inmediata posguerra. Tal y como apunta el ex presidente del Principado Juan Luis Rodríguez-Vigil, que en la actualidad realiza un acopio de información sobre documentación asturiana en distintos archivos nacionales, y como corrobora la directora del Archivo Histórico de Asturias, Concepción Paredes, la documentación sobre la guerra civil española está repartida en distintos archivos y no reunida sólo en el de Salamanca. Parte del acopio documental sobre la guerra se halla en el Archivo Histórico Nacional, en Madrid, así como en distintos archivos militares, caso de los de Segovia y Ferrol, donde se custodian las causas militares incoadas a los desafectos. Al Archivo Militar del Ferrol se trasladó en 1998 la documentación histórica que se custodiaba en el Gobierno Militar de Asturias, lo que generó entonces una notable controversia en el Principado. Esta documentación se refiere tanto a la guerra civil como a la Revolución de 1934. El Archivo de Salamanca reúne, por consiguiente, sólo la documentación confiscada a organizaciones políticas, sindicales y culturales de izquierdas y a organismos políticos republicanos, así como informes policiales y de la Guardia Civil sobre personas y organizaciones, amén de otros documentos análogos sobre los perdedores de la guerra, caso de denuncias, depuraciones, sentencias y penas. Por tanto, «aunque acabó denominándose Archivo General de la Guerra Civil, no lo es», como precisa Rodríguez-Vigil, quien matiza: «El Archivo de Salamanca se formó a partir de la documentación que obraba en poder del Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo». A ese material se sumó la documentación oficial intervenida a la Generalitat de Cataluña y al Consejo Soberano de Asturias y León, entre otras instituciones republicanas, cuyo contenido tenía un alto valor para el nuevo régimen, no sólo como botín de guerra, sino, sobre todo, por ser una fuente valiosa de información. Hasta los años 70 del pasado siglo el entonces Ministerio de la Gobernación consultaba sistemáticamente los varios millones de fichas individuales existentes en los archivos de Salamanca antes de autorizar la concesión de un pasaporte. Negociación La negociación de un convenio con el Ministerio de Cultura para que Asturias pudiese duplicar mediante microfilmación la documentación del Consejo Interprovincial de Asturias y León, así como el resto de los papeles que habían sido llevados en camiones desde Asturias a Salamanca por los vencedores tras la definitiva caída del Frente Norte, la planteó el segundo Gobierno de Pedro de Silva al Ejecutivo nacional que presidía Felipe González en 1989, a partir de una sugerencia del histórico dirigente socialista Rafael Fernández, ex presidente de la preautonomía y primer presidente autonómico asturiano desde la entrada en vigor del Estatuto de autonomía hasta la celebración de las primeras elecciones regionales en 1983. En febrero de 1989 el ya ex presidente Rafael Fernández viajó a Salamanca para visitar el archivo de la guerra con la finalidad de consultar información de carácter republicano. Su sorpresa fue encontrarse con una riqueza documental mucho más amplia e importante de lo que se había imaginado. Rafael Fernández informó de su hallazgo a su sucesor en la Presidencia de Asturias, Pedro de Silva, mediante una carta fechada el 24 de febrero, en la que le detalla la importancia de la documentación asturiana depositada en Salamanca («de 2.000 a 3.000 legajos», precisa) y la conveniencia de negociar un convenio con el Gobierno central para obtener copia de ese valioso fondo. Como asegura la directora del Archivo Histórico de Asturias, Concepción Paredes, «Asturias fue una de las regiones en las que se incautó más documentación» y, por consiguiente, se trata de uno de los ámbitos territoriales sobre los que el Archivo de Salamanca es más rico. El 1 de marzo de 1989, siete días después de la carta enviada por Rafael Fernández a su sucesor, la Presidencia del Gobierno de Asturias dio traslado de la misiva a la Consejería de Cultura, a la que encomendó la apertura de contactos con el Ministerio de Cultura para llevar a cabo la propuesta de Rafael Fernández. La negociación del convenio, y sobre todo su formalización jurídica, fue dificultosa y consumió casi dos años, a lo largo de los cuales intervinieron varias veces los servicios jurídicos del Estado y del Principado de Asturias, que plantearon diversas modificaciones de forma y fondo. Al fin, el convenio fue suscrito en junio de 1991 en Madrid por el presidente de Asturias Pedro de Silva y el entonces ministro de Cultura Jorge Semprún. Casi una década La Consejería de Cultura contrató a dos becarios y habilitó una partida presupuestaria para afrontar la tarea, que se prolongó durante casi una década. Los becarios procedieron durante dos años a la ordenación, la clasificación, la catalogación y la descripción de los fondos y, posteriormente, se contrató a dos empresas, primero una de Gijón y luego otra de las cuencas mineras, para llevar a cabo la microfilmación, que culminó entre 1998 y 1999. Durante ese largo proceso una comisión paritaria formada por personal del Principado y del Estado se reunió anualmente en Salamanca para verificar la marcha de los trabajos. Ese material suma hoy 1.590 rollos microfilmados. Y aunque constituye una pequeña parte del Archivo Histórico de Asturias, que cuenta con 14 kilómetros de estanterías con legajos, es uno de los fondos que más peticiones de consulta recibe. Los archivos de la guerra civil procedentes de Salamanca son consultados a diario por investigadores y particulares y, según Concepción Paredes, «hay tanta demanda que suele haber peticiones con mucha antelación y lista de espera». Ese interés responde a fines históricos y académicos, pero también a motivaciones personales. No pocas pensiones de viudas de la guerra, de carabineros de la República o de represaliados por el franquismo han podido tramitarse merced a esta documentación, como asegura Juan Luis Rodríguez-Vigil y corrobora Concepción Paredes. En otros muchos casos las consultas obedecen, explica la directora del Archivo Histórico de Asturias, al deseo de ahondar en el conocimiento de las circunstancias familiares y el destino que sufrieron parientes cercanos durante la guerra fraticida y los posteriores años de posguerra. *Fuente : La Nueva España, 10 de enero de 2005 EDITORIAL El Archivo de la Guerra Civil de Salamanca conserva documentación confiscada durante el franquismo de un total de 188 poblaciones de la Comunidad Valenciana. De estos municipios, 38 han aprobado en sus ayuntamientos mociones para exigir la devolución de este material. La Generalitat Valenciana, sin embargo, se ha negado a reclamar los legajos, después de que el PP en las Cortes manifestara la voluntad de exigir el retorno. El Gobierno socialista, por su parte, sólo ha aceptado devolver los documentos pertenecientes a la Generalitat de Cataluña, arguyendo que sólo esa institución tiene legitimidad para recibirlos al ser propietaria de los papeles y estar constituida en la época del expolio, estableciendo un corte de dudoso criterio. Dudoso porque presenta una lectura reduccionista del informe elaborado por el Comité de Expertos -y acaso vulnera su espíritu o contenido-, porque choca con la recomendación de la Unesco que pide la devolución de los botines de guerra y porque restringe y parcela el «proceso de expolio documental», dejando fuera a municipios, particulares e instituciones de Baleares, Aragón, Euskadi o la Comunidad Valenciana. Ante el enroque del Gobierno y su negativa a negociar otras devoluciones al margen de la Generalitat catalana, no soprendente que partidos como Izquierda Unida hablen de «privilegio» y «discriminación», que la Comissió de la Dignitat recuerde que la voluntad de reclamar documentos no prescribe por más que los gobiernos autonómicos -entre ellos el Consell- eludieran en su día la petición o no disfrutaran de estas instituciones en el período de la República y el mismo PSPV haya plantado cara a la decisión del Gobierno socialista, exigiendo los legajos. *Fuente : LEVANTE, 10 DE ENERO DE 2005Los «papeles» gijoneses en el Archivo de Salamanca ... por Luis Miguel Piñera LUIS MIGUEL PIÑERA Muy recientemente el Gobierno de la nación ha accedido a entregar a Cataluña lo que se llaman «los papeles de Salamanca», es decir, aquellos fondos documentales que expoliados en Cataluña tras la guerra civil formaban parte desde 1937 del Archivo Histórico Nacional con sede en Salamanca. En ese Archivo, en la sección «Guerra Civil», hay documentación sobre dos temas: sobre la masonería, donde figuran datos sobre 180.000 masones españoles, y otra parte más amplia en la que se puede consultar la documentación incautada a todo tipo de instituciones y organizaciones republicanas y también a particulares. Lógicamente, Asturias y la ciudad de Gijón tienen allí su protagonismo. Existen los «papeles de Gijón», con miles de notificaciones administrativas, libros de actas, partes de defunciones, de deserciones, discursos, sentencias de cárcel o de muerte, partes de incautaciones, periódicos, fragmentos de los archivos particulares de Ramón González Peña y Lisardo Doval Bravo. Abundan los datos sobre los «niños de la guerra», sobre la logia masónica «Jovellanos» y otras logias locales, sobre el Partido Socialista, el Partido Comunista, las Juventudes Socialistas Unificadas, la CNT, los comités de guerra de los distintos barrios de Gijón, sobre Socorro Rojo Internacional, el Ateneo Obrero y sobre otras organizaciones. Los archiveros Ángel Argüelles Crespo y Vicente Siegrist Trelles, ya hace unos cuantos años, han realizado una labor que ha dado como consecuencia que todos esos papeles puedan ser consultados en Asturias sin necesidad de desplazarse a la capital castellana. En rollos de microfilm, toda esa documentación se encuentra en el Archivo Histórico de Asturias, en Oviedo, pero el inventario sobre esos fondos republicanos que fueron incautados en Gijón en 1937 también está reunido en la ovetense Biblioteca Pública «Pérez de Ayala», donde se puede consultar en formato CD. Por su parte, una relación parcial de ellos se puede ver en el Archivo Municipal de Gijón, en Cimadevilla. Esos fondos asturianos fueron confiscados fundamentalmente en las cuencas mineras y en Gijón, y lo fueron a cargo de la Delegación Nacional de Servicios Documentales que Franco creó en el año 1937 «para recoger, analizar y catalogar todo el material de propaganda de todas clases que el comunismo y sus organizaciones adláteres hayan utilizado para sus campañas en nuestra patria». Podemos decir que a partir del día 20 de octubre de 1937, cuando termina la guerra civil en Gijón, se realizaron en Asturias noventa y dos registros de incautación -ya dijimos, a organizaciones sociales y políticas y a particulares-, y que esa voluminosa documentación se mandó a Salamanca, ocupando dos vagones de tren. Por tanto, allí llevan esos documentos originales más de sesenta y siete años. ¿De qué cantidad estamos hablando? Estamos hablando de más de 1.500 rollos de microfilm, con una cantidad total de folios que nos es difícil calcular pero que resulta, evidentemente, muy grande. Sirvan como datos decir que hay expedientes que tienen más de 200 páginas y que el índice alfabético del inventario (onomástico, de organizaciones y temático) contiene nada menos que 10.000 entradas que nos remiten al microfilm que contiene la documentación buscada. Existen algunos trabajos de investigación, que también se pueden consultar en Asturias, sobre los «papeles de Salamanca» no asturianos. Se trata de los relativos a Cataluña, Baleares y Euskadi, pero es posible que sea la nuestra la primera comunidad autónoma que ha digitalizado la totalidad de los documentos que le conciernen, y eso ya hace 10 años. La postura del Principado, que ha patrocinado en su momento la microfilmación de los documentos, parece lógica y no ha creado ningún problema entre los investigadores y las personas interesadas en el tema: que los documentos originales permanezcan en Salamanca y que las copias, con la totalidad de la documentación relativa a Asturias, puedan ser consultadas aquí. Hay que recordar que existe un servicio inter-bibliotecario mediante el cual los fondos depositados en la Biblioteca ovetense «Pérez de Ayala» pueden ser solicitados y consultados en la Jovellanos de Gijón. Tenemos la impresión de estar desinformados sobre multitud de facetas que aparecen en esos «papeles asturianos» de Salamanca y, por lo tanto, resta mucha tarea a desarrollar para quien quiera conocer (y después hacernos partícipes a los demás) esa parte de nuestra historia aparentemente tan estudiada. Es de justicia citar a Víctor Guerra, Rubén Vega y Francisco Erice como algunos de los investigadores que sí manejaron, al menos parte, esa inmensa documentación y la incorporaron a varias de sus publicaciones. ¿Una exposición, en Gijón, con alguno de los documentos originales relativos a Asturias y que están conservados en Salamanca? Buena idea. Algunas pistas para la investigación: -Argüelles Crespo, Ángel y Siegrist Trelles, Vicente: fondos judiciales republicanos de Asturias en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca, sección «Guerra Civil». 1991. Consulta en la Biblioteca Pública «Pérez de Ayala», de Oviedo. AST 1328. -Argüelles Crespo, Ángel y Siegrist Trelles, Vicente: fondos de la sección «Político-Social» en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca. 1992. Consulta en el Archivo Municipal de Gijón y en la Biblioteca Pública «Pérez de Ayala», de Oviedo. AST 1262. -Argüelles Crespo, Ángel y Siegrist Trelles, Vicente: memoria del trabajo: fondos de la sección «Político-Social» del Archivo Histórico Nacional de Salamanca. 1992. Consulta en el Archivo Municipal de Gijón. -Argüelles Crespo, Ángel y Siegrist Trelles, Vicente: inventario de los fondos judiciales del Archivo Histórico Nacional de Salamanca, sección «Guerra Civil». 1995. Consulta en el Archivo Municipal de Gijón. -Argüelles Crespo, Ángel y Siegrist Trelles, Vicente: fondos relativos a Asturias en el Archivo General de la Guerra Civil española de Salamanca. Microfilmes. 1995. Consulta en el Archivo Histórico de Asturias. -Cruanyes, Josep: los papeles de Salamanca. El expolio del patrimonio documental de Cataluña (1938-1939). Ediciones 62, Barcelona, 2003. -García, Eduardo: «Los papeles de la guerra». Diario LA NUEVA ESPAÑA, 9 de abril de 1995. -Fernández, Georgina: «El regreso de los papeles rojos». Diario «La Voz de Asturias», 26 de febrero de 1995. -Justicia en guerra. Jornadas sobre la administración de justicia durante la Guerra Civil española. Instituciones y fuentes documentales. Archivo Histórico Nacional, sección «Guerra Civil», en Salamanca. Ministerio de Cultura, Madrid, 1990. Consulta en el Archivo Histórico de Asturias, Oviedo. ARM 5 / 004 y ARM 8 / 113 y en la Biblioteca Pública «Pérez de Ayala», Oviedo. AST 17528. -Ortiz Albear, Natividad y Casado Vázquez, Mercedes: inventario de los fondos masónicos de Cataluña y Baleares en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca. Dirección de Archivos Estatales, Madrid, 1993. Consulta en el Archivo Histórico de Asturias, Oviedo. ARM 6 / 192 (I-IV) y ARM 4 / 366 (I, III). -Pérez Las Clotas, José Ramón: «Los papeles de Salamanca y las chekas de Barcelona». Diario LA NUEVA ESPAÑA, 2 de enero de 2005. -Turrión García, María José: «La biblioteca de la sección Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional (Salamanca)». Boletín del año 1997 de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos y Documentalistas (ANABAD). -Vargas Alonso, Francisco Manuel; Elordi Jáuregui, Juan Bernardo e Ibáñez Ortega, Norberto: inventario de los fondos documentales vascos en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca. Departamento de Cultura del Gobierno vasco, Vitoria, 1995. Consulta en el Archivo Histórico de Asturias, Oviedo. ARM 7 / 080. *Fuente : La Nueva España, 14 de enero de 2005 CARTAS AL DIRECTOR Subtítulo Asistimos desde hace meses a una polémica lamentable, a partir de la defensa cerril que hace el alcalde de Salamanca de los papeles (depositados por el Estado en el antiguo Convento de San Ambrosio), tras la decisión del Gobierno de Rodríguez Zapatero de cumplir lo acordado por Felipe González en 1995, en orden a devolver a la Generalitat de Cataluña los fondos documentales expoliados por el franquismo en 1939. No queremos reiterar la historia del supuesto Archivo General de la Guerra Civil, contada estos días profusamente. Lo que nos preocupa de todo este asunto es -en las dos posturas políticas confrontadas- la falta de respeto para las víctimas de la represión (origen del citado y siniestro almacén de documentos). Es decir, ni en el patronato creado por la ministra del PP, Pilar del Castillo, ni en la comisión de expertos, están representados los propietarios legítimos de los fondos documentales, es decir: partidos políticos, sindicatos, ateneos republicanos y libertarios, logias masónicas y particulares. Entre los últimos, el caso más sangrante de expolio de todo tipo de bienes es el de don Ángel Ossorio y Gallardo, ministro, decano del Colegio de Abogados de Madrid, diputado constituyente en 1931 y embajador de la Segunda República en los años de la Guerra Civil, además de abogado de Manuel Azaña cuando éste fue encarcelado en 1934. Aparte de sufrir la incautación de su vivienda madrileña y su conocida finca de recreo en Cubas de la Sagra, al bueno de don Ángel le fueron robados su gran biblioteca y su archivo profesional de más de cuarenta años de ejercicio al servicio de la justicia. Dice Javier Tussell en su artículo (EL PAÍS, 9 de enero) que no entiende por qué su descendencia no los ha reclamado ya. No le falta razón, pero lo cierto es que otra de las secuelas de la Guerra Civil española fue el exilio, y los familiares de don Ángel Ossorio residen desde 1938 en Argentina, último destino de embajador del ilustre jurista. Sólo en fecha reciente han tenido la información precisa acerca del paradero de los bienes robados a su abuelo, a pesar de haber realizado averiguaciones en distintas ocasiones. Efectivamente van a formular la reclamación al Estado con la pretensión, no sólo de recuperar lo que les pertenece, sino de depositar los fondos en una institución afín a la trayectoria de quien fuera también presidente del Ateneo de Madrid, y así posibilitar la recuperación de su memoria con estudios y ediciones. Por otra parte, los argumentos del dictamen de la comisión de expertos para negar el derecho de los herederos de los particulares expoliados a que se les restituyan los documentos no se ajustan ni al derecho internacional ni a nuestro ordenamiento jurídico. Los fondos documentales del Archivo de Salamanca tienen su origen en unas incautaciones del régimen franquista, cuyos actos fueron declarados ilegales por las Resoluciones de la Asamblea General de la ONU 32 (I), de 9 de febrero de 1946, y 39 (I) de 12 de diciembre de 1946, y están integrados en conductas tipificadas como delitos contra la humanidad. Son actos violentos de despojo, no amparados por ninguna norma jurídica. Por tanto, no puede argumentarse que la posesión continuada por el Estado de esos documentos haya generado una prescripción adquisitiva a favor de la Administración respecto de los mismos, ya que, conforme a nuestro Código Civil, los actos ejecutados con violencia no aprovechan para la posesión, y sin posesión no puede haber usucapión. *Fuente : El País, Opinión. 14 de Enero de 2005 ¿Dónde están los papeles de la guerra? LA BATALLA DEL ARCHIVO DE SALAMANCA La reciente pero también inacabable disputa acerca de los papeles de la Generalitat existentes en Salamanca ha hecho olvidar que ésos son sólo una parte de la documentación existente acerca del periodo. Cabría también decir que no son tampoco los más importantes. Conviene, pues, examinar la cuestión para situar el debate en sus términos y, además,para tener en cuenta la labor que la Administración podría llevar a cabo si quisiera disponer de un centro de estudios acerca de esta etapa. Es preciso comenzar por una referencia al estado de los archivos públicos españoles, a muchos años luz de la mayoría de los europeos, a pesar de que éstos tampoco pueden ser calificados como modélicos. La productividad del trabajo del usuario -el historiador- resulta muy inferior en el caso español que, por ejemplo,en el británico. La falta de personal hace que la consulta sea lenta y aún más el servicio de fotocopia. Pero sobre todo los archivos españoles apenas hacen otra cosa que conservar y clasificar lo que ya tienen. No pueden, en cambio, realizar la labor positiva de buscar la nueva documentación. En estas circunstancias, el Archivo de Salamanca responde a unas características especiales. En realidad lo propiamente bélico es, en él, escaso. Se trata de una parte de la confiscación realizada por los vencedores en la Guerra Civil, a medida que iban conquistando el conjunto de España, de aquella documentación que les iba a servir para un propósito represor. Como tal, el archivo tiene una difícil justificación en el momento actual: merecería la pena reconocerlo sin más. Pero lo que es también dudoso es que, si los centenares de ayuntamientos, sindicatos y organizaciones políticas incautadas exigen la devolución de sus documentos, eso resulte conveniente desde el punto de vista cultural. Los 507 legajos incautados a la Generalitat tienen una importancia limitada;hay otros que la pueden tener mayor relativos a Cataluña. En cuanto a los papeles privados que han acabado por parar en Salamanca, los hay de lo más variopinto: figuran allí, por ejemplo, los de Ossorio, Martínez Barrio, Lerroux y los del primer lehendakari, José Antonio Aguirre. No se entiende por qué su descendencia o el Gobierno vasco no los ha reclamado ya. Los papeles relativos a las operaciones bélicas de los dos bandos están depositados en los archivos militares, principalmente en Ávila. En estrictos términos, el archivo de la Guerra Civil está,pues, en esta ciudad castellana y no en la otra. Parecen estar bien conservados y clasificados y proporcionan frecuentes sorpresas como, por ejemplo, información acerca de los conatos de disidencia política falangista fácilmente controlados por las autoridades militares. Algunos de los últimos libros importantes escritos acerca de la Guerra Civil han utilizado estos fondos para narrarnos la vida cotidiana durante estos tres años. Todo este enorme volumen de información les sirvió a buenos historiadores militares franquistas (Salas, Martínez Bande...) para elaborar una reconstrucción que hasta el momento apenas ha sido confrontada por la información del otro bando.Sin duda merece la pena someter toda esta documentación a una revisión profunda. El resto de la documentación acerca de la Guerra Civil española, muy importante en volumen,se halla disperso en archivos públicos y privados. No hay un auténtico criterio cronológico o temático que lo justifique en los primeros. En el Archivo Histórico Nacional, actualmente saturado, se incorporaron papeles procedentes de otras entidades públicas, pero también de procedencia privada, aunque los nuevos ingresos parecen haberse detenido a comienzos de los años ochenta.El más importante filón documental fue la llamada Causa de la Cruzada, destinada a convertirse en un corpus documental descriptivo de la barbarie en la retaguardia de los vencidos. Por supuesto no es imparcial, pero proporciona buena información.Los archivos privados que se suman a este fondo proceden de donaciones privadas o de compra, principalmente de personas de significación izquierdista (Martínez Barrio, general Rojo, Azaña, Araquistain). La documentación relativa a la política exterior de ambos bandos está en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Se conserva bastante completa y es una lástima que haya sido muy poco utilizada por autores extranjeros, probablemente por pura ignorancia. A veces aparece en ella alguna información de carácter político: por ejemplo, relativa a la posición política de Franco después de la proclamación de la República. Ignoro si seguirá sucediendo así, pero en Presidencia de Gobierno, es decir, a unos centenares de metros del despacho de Rodríguez Zapatero, se encontraban los papeles de la Junta Técnica de Estado, es decir, el primer artilugio administrativo ideado por los sublevados para ordenar su retaguardia. Aunque el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares tiene especial interés para la época franquista, contiene también datos para la precedente. No hay razón alguna por la que esta información tenga que estar dispersa en tantos depósitos que, a base de disponer de poco espacio y personal y de escasa especialización, multiplican las dificultades de los investigadores. Pero, además, tampoco favorecen la de los archiveros que debiera consistir en la incorporación de nuevos fondos y la posterior clasificación de los mismos. Resulta significativo lo que ocurre en la actualidad con la evolución política del bando sublevado desde la conspiración hasta el final del conflicto. Todo eso no se puede historiar en la actualidad sin el recurso a la documentación privada que, de una u otra manera, debiera concluir por estar bajo patrocinio público. De los generales de Franco, al menos Kindelán, Varela y Solchaga tuvieron un archivo propio o redactaron unas memorias; es probable que así sea también en muchos otros casos. La política interna del movimiento carlista se puede seguir en el archivo Fal Conde (Sevilla) o siguiendo la pista de los eruditos del tradicionalismo (Del Burgo) o de familias de esta significación política (Rodezno, por ejemplo). De todos quienes desempeñaron un papel político importante en el bando franquista hay un archivo importante (Pemán), unos papeles familiares dispersos (Martínez Anido), unos diarios (Jordana) o una información oral procedente de sus descendientes. Con todo ello se debiera hacer lo mismo que han llevado ya en gran parte los partidos y organizaciones sindicales de izquierda quienes han perseguido con tenacidad esta información hasta conseguir integrarla en sus fundaciones (Pablo Iglesias, Largo Caballero...). Algo parecido ha hecho, por ejemplo, el Arxiu Nacional de Catalunya tras una amplia labor de persecución del censo de políticos catalanes de los años treinta. La documentación anarquista permanece en el Instituto de Historia social de Amsterdam. Finalmente, una buena parte de la información acerca de la Guerra Civil española, la relativa a los aspectos internacionales del conflicto, se encuentra en archivos extranjeros. Ha dado lugar a monografías acerca de la relación entre cada país y la España azotada por la Guerra Civil. Lo más reciente e interesante procede de la apertura de los antiguos archivos soviéticos que ha permitido la determinación del volumen y calidad de la ayuda soviética, así como de su influencia política (Elorza-Bizcarrondo, Howson, Kowalski, Payne...). Pues bien, por desgracia, no existe en España una institución dedicada a la investigación que posea las colecciones documentales, impresas, microfilmadas o digitalizadas, editadas por los diversos países. No cabe la menor duda de que podría prestar una gran ayuda a los investigadores españoles. En definitiva, la paradójica situación de los papeles de la Guerra Civil es que existe un archivo que por su nombre parece contenerlos y no es así, sino que corresponde a una entidad de muy modesta significación. La información acerca del conflicto fratricida está muy dispersa y podría estarlo menos en beneficio de los intereses culturales. Pero parece que preferimos, en vez de eso, embebernos en un conflicto irresoluble entre identidades nacionales. *Fuente : El País. 9 de Enero de 2005 Jose Melquiades López Meleros En los últimos días del recién fenecido año, hemos asistido a una "bronca histórica" (por el tema en sí) entre Gobierno y oposición acerca de los fondos documentales que integran la Sección Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional sito en Salamanca, con ribetes de, en mi opinión, un mal entendido enfrentamiento entre nacionalismos periféricos y centralismo castellano. Como bien es sabido, en el Archivo Histórico Nacional (Salamanca), Sección Guerra Civil, se encuentra uno de los más importantes archivos del Estado en lo referente a la represión desencadenada por el franquismo contra muchísimos españoles librepensadores y demócratas, consecuencia de la fobia y saña que los fascismos europeos aplicaron a los liberales, progresistas y filántropos; el 15 de septiembre de 1936 se publicó el primer decreto franquista contra la Masonería, cuyo primer artículo dice: "La Francmasonería y otras asociaciones clandestinas son declaradas contrarias a la ley. Todo activista que permanezca en ellas tras la publicación del presente edicto será considerado como reo del crimen de rebelión". Silvia Clemente acusa a la ministra de negarse a hablar del archivo mañana. Calvo amenaza a Lanzarote con el juez si impide sacar papeles de Salamanca EUROPA PRESS E. P./MADRID La ministra de Cultura, Carmen Calvo, advirtió ayer al alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, de que «deberá cumplir la ley» o de lo contrario «le esperan los tribunales», en alusión a la oposición del regidor a la salida de papeles del Archivo de la Guerra Civil de la ciudad con destino a Cataluña. Carmen Calvo hizo esa afirmación en el transcurso de una entrevista en la que además recordó que «España es un Estado Constitucional y de Derecho» y que los cargos públicos «deben cumplir las leyes, les gusten o no, empezando por el presidente del Gobierno y terminando por el último alcalde y concejal. No hay más vuelta de hoja», manifestó. *Fuente: Norte Castilla.es, 30 de enero de 2005
La ministra de Cultura, Carmen Calvo, rechazó ayer hablar sobre el Archivo de Salamanca de forma bilateral con la consejera del área de Castilla y León, Silvia Clemente, alegando que este asunto debe ser tratado en el Patronato del Archivo de la Guerra Civil. La ministra y la consejera se reunieron ayer para tratar diversos asuntos relacionados con el patrimonio artístico y cultural de esa comunidad, entre los que Clemente pretendía incluir la polémica sobre el traslado de los papeles de Salamanca a Cataluña. La ministra, en declaraciones posteriores en otro acto, y preguntada sobre si en la reunión con la consejera se había hablado del Archivo de Salamanca, indicó que es en su patronato donde se habla de este asunto por respeto a todos los patronos. "El otro día vino el rector de Salamanca a hablar conmigo, que es patrono, y tampoco hablamos de ese tema porque ese es un asunto que se resuelve en su patronato", añadió la ministra, quien reiteró que éste "no es un asunto de confrontación ni de Castilla y León con Cataluña, ni del Gobierno de la nación con Cataluña, ni con Castilla ni con nadie". Por su parte, la consejera Silvia Clemente, quien trasladó a Calvo su queja por no haber accedido a hablar del Archivo, replicó a la ministra que el Gobierno regional "no es equiparable a cualquier entidad" representada en el Patronato del Archivo de la Guerra Civil. En declaraciones a los medios tras la reunión, subrayó que la junta representa a 2,5 millones de habitantes, "y además tiene la responsabilidad en materia de patrimonio histórico de su territorio", por lo que trasladó a la ministra "la importancia que tiene nuestra voz, nuestra opinión y nuestra competencia en esta materia". Clemente recordó que el pasado 17 de enero 11 comunidades elaboraron una declaración conjunta a favor de la unidad del Archivo. La consejera subrayó que existe un "debate absolutamente político y sectario acerca del Archivo de Salamanca que no se está dando respecto de otros archivos". Bien de Interés Cultural "Esta proposición, que tiene un aval técnico, determinaría la inamovilidad de todos los bienes si es contestada afirmativamente. Si no es contestada, recurriremos a la vía judicial. Entonces sería el juez el que determine la posible incoación de esa declaración con lo que se produciría la inamovilidad de todo lo que hay en el colegio de San Ambrosio", explicó Clemente. "Una visita de la ministra al Archivo aportaría conocimientos nuevos y más certeza de por qué no deben salir los documentos del Archivo, porque toda la documentación está interconectada", agregó la consejera. *Fuente: El País, 01 de febrero de 2005
IU espera negociar sobre los 'papeles de Salamanca' y retira su propuesta J. G. DEL M. - Valencia La diputada de IU por Valencia, Isaura Navarro, comunicó ayer el aplazamiento del debate de la proposición no de ley que reclama la devolución de los papeles de Salamanca -que ayer tenía que ser debatida en la comisión de Cultura del Congreso- ante la posibilidad de negociar con el PSOE al respecto. Navarro evitó así que su iniciativa fuera rechazada, pues el PSOE tenía previsto abstenerse y el PP iba a votar en contra. La proposición volverá a ser debatida en marzo, junto con una iniciativa parecida impulsada por el PNV. Navarro explicó ayer que, por el momento, "el PSOE no muestra demasiada predisposición a que vuelvan los papeles de Salamanca", y advirtió: "El tema es lo suficientemente importante como para abrir un periodo de negociación". La diputada de izquierdas ha mantenido contactos con el portavoz socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, que por el momento "no han dado resultado". La diputada apuntó que el País Valenciano no puede ser "menos que Cataluña" y recordó que más 200 ayuntamientos, las universidades valencianas y la Comisión por la Dignidad reclaman los documentos. "El PSOE habría de entender que no es posible generar este tipo de discriminaciones", dijo Navarro, quien recordó que la Comunidad Valenciana "es la que más documentos privados tiene requisados y ésta es una cuestión que tendría que ser tenida en cuenta". *Fuente: El País, 10 de febrero de 2005 Las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP reclaman en el Senado un pacto de Estado en defensa del Patrimonio MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) - Las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular reclamaron hoy en el Senado un pacto de Estado para mantener íntegra la unidad de los archivos, museos y bibliotecas. Por ello, los consejeros de Cultura de las distintas comunidades expusieron sus argumentos en contra de la devolución a Cataluña de una parte de la documentación ubicada en el Archivo General de la Guerra Civil ubicado en Salamanca. Por su parte, la ministra de Cultura, Carmen Calvo defendió, una vez más, la restitución de los bienes incautados a Cataluña como "botín de guerra" en consonancia con el dictamen aprobado por una Comisión de Expertos integrada por archiveros, juristas e historiadores. Asimismo, señaló que el contencioso de Salamanca no es un conflicto "entre territorios y españoles" y abogó por zanjar un asunto que dura ya 25 años. "No querría que este asunto se convirtiera en un "arma arrojadiza de unos españoles contra otros", agregó. Calvo hizo estas declaraciones en su comparecencia en el Senado a petición del PP para explicar la disposición del gobierno a promover un acuerdo con las Comunidades Autónomas que garantice la estabilidad e integridad de los archivos y museos de titularidad estatal que alberguen bienes y documentos que tienen la consideración de patrimonio común de todos los españoles. El debate comenzó con una exposición de la Ministra de Cultura en la que recordó algunas de las iniciativas de su gobierno para promover la estabilidad e integridad del Patrimonio como la creación de una Conferencia Sectorial de Comunidades Autónomas y el cumplimiento de la Ley de Patrimonio Histórico y el 1 por ciento cultural que permitirá realizar intervenciones culturales en "muchos más lugares", matizó. NUEVA PETICIÓN DE CASTILLA Y LEÓN A continuación, la Consejera de Cultura y Turismo de Castilla y León, Silvia Clemente, anunció en el Senado que prepara, siguiendo la resolución de la 37 Conferencia Internacional de la Mesa Redonda de Archivos, la solicitud de incorporar el Archivo de Salamanca al 'Registro de la Memoria de la Humanidad'. Esta solicitud, que espera sea apoyada por el Gobierno de la Nación se apoya en la relación de dicho Archivo "con la represión, las consecuencias del totalitarismo y la intolerancia" y pretende mantener la unidad y la integridad del Archivo de Salamanca. Clemente expuso también el procedimiento "excluyente" e "inadecuado" de la legítima representación de las instituciones de Castilla y León. Por ello citó la Resolución del Congreso de los Diputados del 18 de mayo en la que se insta al Gobierno a contar "con la opinión de las instituciones catalanas y otras instituciones". Por su parte, la ministra de Cultura advirtió a la Junta de Castilla y León que las dos leyes promulgadas por dicha comunidad para 'blindar' el Archivo de Salamanca y evitar que salga ningún papel de su ciudad, probablemente sean declaradas "inconstitucionales". "Hay demasiadas contradicciones y paradojas en este asunto", afirmó e insistió en la necesidad de "cumplir las leyes" "guste o no guste" . LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SON ESTADOS En este sentido, recogió las palabras de la UNESCO que instan a los Estados a "mantener la unidad y la integridad de sus archivos". "Las comunidades Autónomas son Estados", exclamó la ministra, y recordó a todos los senadores que Cataluña, es Estado y tiene transferidas las competencias en materia de Archivos. Otra de las intervenciones más esperadas fue la de la consejera de Cultura de Cataluña, Caterina Mieras i Barceló, quien repasó los principios fundamentales expuestos por la Comisión de Expertos en su informe sobre el contencioso del Archivo de Salamanca y abogó por construir junto a Salamanca "un espacio común de memoria compartida"."O consentimos un archivo sobre la base del expolio y la represión o trabajamos para crear un archivo más moderno en Salamanca que pueda representar a todos los españoles", manifestó. La consejera de Cultura de Cataluña insistió en que no se trata ni de "disgregar" ni de "repartir", sino de construir un proyecto conjunto. "Por eso apoyamos la reparación o devolución a Cataluña para después poder participar en un proyecto colectivo". CRITICAS MÁS DURAS Las críticas más duras vertidas hoy en el Senado fueron de la mano de los representantes de Murcia y de la Comunidad Valenciana quienes achacaron al gobierno del PSOE las "facturas políticas" que tenía que pagar el país tras los acuerdos con partidos políticos de "corte radical". Ambos políticos se refirieron también a la derogación del trasvase del Ebro como "otra de las facturas" que había que pagar, "Creemos que para destruir patrimonio no hay ninguna razón técnica, ni política, ni histórica", señaló Fernando de la Cierva, consejero de Presidencia de la Región de Murcia. Por su parte, el consejero de Cultura, Educación y Deporte de la Comunidad Valenciana, Alejandro Font de Mora, anunció que su comunidad no va a reclamar "ningún papel" como manifestaron al principio de toda esta polémica porque creen en "la unidad de los archivos". Sin embargo, advirtió a la ministra de Cultura que habían abierto "la caja de pandora" para futuras reclamaciones. ROMPER LA UNIDAD Del mismo modo, el portavoz de Cultura del Partido Popular en el Senado, Juan Van Halen, le pidió a la ministra de Cultura que no pasase a la Historia como la persona que rompió la unidad de los archivos y le recordó la necesidad de poner en marcha un acuerdo Nacional en Defensa del Patrimonio. No obstante, el portavoz popular reconoció a la Generalitat un "derecho de sensibilidad" respecto a los archivos de Salamanca. "Yo, en la misma situación que Cataluña, sensiblemente lo pediría; pero es el gobierno quien tiene la obligación de salvaguardar el patrimonio común de la nación y de negarse y no lo hace", afirmó Van Halen. La expoliación sufrida por Cataluña y la reparación de su legado era el argumento general esgrimido por las Comunidades autónomas que apoyaban la devolución de los legajos a la Generalitat. Asimismo estas comunidades defendían que la salida de estos papeles no tiene porqué afectar la unidad e integridad del Archivo. "La mayoría de los archivos privados y estatales funcionan con las copias casi nunca con los originales", recordó la ministra de Cultura. *Fuente: Europa Press, 10 de febrero de 2005 Almunia defiende la devolución de los papeles de Salamanca como medio para “dignificar” a los expoliados La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Eva Almunia, ha participado en el debate que sobre política archivística ha celebrado la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, a petición del PP. Almunia ha defendido la devolución de los archivos a las asociaciones e instituciones que las reclaman como medio para “devolverles la dignidad” perdida. El Gobierno aragonés ha anunciado además su intención de volver a enviar archiveros a Salamanca para continuar con el "rastreo" iniciado en diciembre . La consejera Almunia ha defendido la política de devolución de los papeles del archivo de Salamanca emprendida por el Gobierno socialista como un acto de valentía. “Han tenido que pasar 25 años para que el Gobierno de Zapatero ponga fin a estas reivindicaciones”, ha señalado. *Fuente : Franja Digital.com, 10/02/2005
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