La jerarquía de la Iglesia

Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra.

Una vez más estamos viendo a los dirigentes de la Iglesia católica española llamando a una guerra santa frente a los "rojos" e "infieles". Lean si no las declaraciones del cardenal de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco, en un congreso religioso reciente: "Sí, llegará el día ardiente como un horno, en el que los malvados y perversos serán la paja, en el que no quedará de ellos ni rama, ni rastro; pero en cambio, a los que honran el nombre de Dios los iluminará un sol de justicia que lleva la salud en las alas" (EL PAÍS, 15 de noviembre de 2004). En otras palabras, los iluminados por Dios estarán sanos y salvos, y los demás -la mayoría que no estamos iluminados por Dios- seremos destruidos sin que quede ni rastro. Esta frase reproduce un fundamentalismo preocupante, motivado por la percepción errónea de que la Iglesia está hoy perseguida en España por un Gobierno de izquierdas que en el desarrollo de su mandato electoral y ampliamente respaldado por la opinión popular (tal como demuestran las encuestas) está realizando algunas reformas (como facilitar el trámite del divorcio para los matrimonios que deseen divorciarse, eliminar la asignatura de religión como materia obligatoria en la enseñanza y otras políticas públicas) que están antagonizando a las autoridades eclesiásticas de la Iglesia española, la cual recibe un subsidio del Estado, pagado por creyentes y no creyentes, por una cantidad de 3.626 millones de euros, cantidad, por cierto, que sería suficiente para proveer escuelas públicas de infancia de cero a tres años a todos los niños y niñas españoles que carecen de ellas. En realidad, tales autoridades, con muy escasa comprensión de lo que significa la democracia, acusan al Gobierno de gobernar según los deseos de la mayoría. Vean lo que dice Fernando Sebastián, vicepresidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Pamplona: "A la hora de gobernar no pueden ser las mayorías o las encuestas los últimos criterios para decidir lo que es bueno y lo que es malo, sino los criterios morales objetivos, aceptados y aplicados por una conciencia recta, junto a la ponderación prudente de las circunstancias sociales" (La Vanguardia, 13 de noviembre de 2004). En otra sección del discurso, Sebastián explica que la Iglesia es la autoridad delegada por Dios para definir lo que es bueno y malo. Se puede deducir de ello que tales autoridades desean que la Iglesia española sea la que dicte el bagaje ideológico y moral de las políticas públicas del Estado español tal como ocurrió durante la dictadura. En realidad, Sebastián lamenta que se intente recordar esta realidad franquista a las nuevas generaciones cuando dice: "Aunque oficialmente la transición política se hizo en forma de reconciliación, en realidad, los años de vida democrática han permitido el desarrollo de una mentalidad revanchista según la cual los vencedores de la Guerra Civil eran injustos y corruptos, mientras que la justicia y la solidaridad estaba toda en el campo de los vencidos". Se deduce por el tono de protesta que tiene esta declaración que Sebastián no cree que los vencedores de la Guerra Civil (incluyendo la Iglesia) fueran injustos en aquel conflicto y durante la dictadura que establecieron, ni tampoco cree que la causa justa estaba en los que lucharon para defender la República y el Gobierno democráticamente elegido (que fueron los vencidos).

La jerarquía de la Iglesia católica española debería recordar que la Iglesia no sólo apoyó el golpe militar, sino que fue eje esencial de la dictadura (que impuso un enorme retraso económico, político, cultural y social a este país), lo cual le significó enormes privilegios incluyendo una amplia financiación por parte del Estado franquista. Este anteponer sus intereses particulares a los intereses generales, sin embargo, ha sido la tradición de la jerarquía española durante toda su historia. Cuando, por deseo popular, se estableció la II República, en el año 1931, ésta declaró la no confesionalidad del Estado, eliminó la financiación estatal del clero, introdujo el aborto y el matrimonio civil, y estableció la escuela pública laica, medidas, entre otras (que afectaron a la propiedad de las tierras y de los bienes, incluyendo los de la Iglesia), a las que la Iglesia se opuso con todas sus fuerzas, pidiendo abierta y públicamente en boca de varias autoridades eclesiásticas un alzamiento militar en contra de un Gobierno democráticamente elegido. De ahí que, cuando por fin tal alzamiento ocurrió (tras la victoria del Gobierno de frente popular), grandes sectores populares atacaron a los cuarteles sublevados y a las iglesias asesinando a sacerdotes (el mayor número de asesinatos de sacerdotes y religiosos, 6.832, ocurrió durante el periodo posgolpista), situación que, aunque no es justificable, es entendible pues la Iglesia fue parte de la sublevación militar frente a un Gobierno democráticamente elegido. Cuando la dictadura se estableció más tarde (con más de 200.000 asesinatos políticos), la Iglesia fue parte de aquel Estado participando activamente en la represión, declarando la Guerra Civil una cruzada contra el mal, y al dictador como escogido por Dios.

Y es ahí donde Sebastián también yerra, al definir como revanchismo la petición de conocer la historia de España tal como fue. Revanchismo sería pedir que se hiciera a la Iglesia lo que ella hizo a los vencidos. Hoy, ninguna fuerza política de izquierdas está pidiendo esto. Es más, mostrando gran generosidad, no se está ni siquiera pidiendo llevar a las autoridades militares y a las eclesiásticas de aquel régimen a tribunales internacionales para que sean juzgadas por los enormes crímenes contra la humanidad que realizaron. Sólo se les dice que pidan perdón al pueblo español y que acepten y entiendan que hoy existe democracia en España, en que el poder público viene de la gracia del pueblo y no de la gracia de Dios.