Recuperar o corregir la memoria histórica

VICENÇ NAVARRO

A raíz de la presentación por parte del Gobierno español del proyecto de ley que solía denominarse ley de recuperación de la memoria histórica, se ha iniciado un debate en España en el que voces influyentes en la vida política e intelectual del país se han opuesto a tal recuperación bajo el argumento de que remover el pasado significa "abrir cicatrices ya cerradas", expresión ampliamente utilizada por personalidades de distintas sensibilidades políticas, aun cuando las conservadoras han hecho de tal argumento su razón principal en su oposición al proyecto.

Este argumento asume que dichas cicatrices están cerradas. Pero no existe evidencia de que lo estén. Homologar silencio con cicatrización es un error. De ahí que las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de que "se requiere una ley que cierre las heridas todavía abiertas en los españoles" sean muy acertadas y valiosas y el proyecto que el Gobierno español ha presentado sea muy urgente.

El proyecto, sin embargo, transmite en varias de sus propuestas un temor preocupante a ofender a los que cometieron atrocidades, la mayoría de las cuales fueron perpetradas por el bando vencedor de aquel conflicto. El artículo 7 del anteproyecto, por ejemplo, prohíbe que se conozcan los nombres o instituciones responsables de tales actos. ¿Cómo pueden reconocerse las deudas que se deben a las víctimas cuando se les niega el derecho de conocer y denunciar a aquellos que atropellaron sus derechos? Este proyecto de ley ignora la enorme generosidad que los representantes de los vencidos mostraron al aceptar la ley de Amnistía que se convirtió más tarde en la ley de la amnesia.

Es profundamente injusto que ahora, cuando por fin se reconoce su existencia, se les pida a las víctimas que a cambio de tal reconocimiento se guarde un silencio sobre los que violaron sus derechos no citándoles en la denuncia de su sentencia.

Es más, el proyecto pone la carga de mostrar su inocencia y conseguir su rehabilitación ciudadana a las víctimas de los Consejos de Guerra, teniendo éstas que presentar la evidencia que muestre que su enjuiciamiento era injusto. Implícito en este proceso es que tales tribunales podían ser justos, puesto que se piden pruebas de que fueron injustos. En realidad, la única fórmula democrática válida es anular las sentencias de tales tribunales, publicando además los nombres de las personas que participaron en tales farsas jurídicas.

Pero los derechos de las víctimas quedan también alterados cuando se niega la responsabilidad del Estado en la recuperación de la memoria de los vencidos, corrigiendo el sesgo conservador existente en la memoria histórica hoy existente en España, consecuencia del gran dominio que las fuerzas conservadoras han tenido en los medios de comunicación y persuasión de la dictadura y después (aunque en menor grado) durante la democracia posfranquista.

Es esta enorme influencia la que ha determinado un temor (que reproduce también el proyecto de ley) de ofenderles. Ejemplo de este temor es que no ha habido ningún documental televisivo (un cuarto de siglo después de establecerse la democracia) que haya mostrado la participación de la Iglesia y del Ejército en la represión que tuvo lugar durante la dictadura. El argumento aducido por el anteproyecto de ley y reproducido en la editorial de EL PAÍS Víctimas por igual (29 de julio de 2006) de que "la recuperación de la memoria histórica es responsabilidad de los historiadores" asume, no sólo una visión reduccionista de lo que es la historia (equivalente a asumir que la política es responsabilidad de los políticos) sino que también ignora que la memoria histórica existente en España (presentada en los libros de texto escolares, entre otros lugares) no presenta verazmente lo que fue la Segunda República, el golpe fascista militar, o la dictadura.

La historia reciente de España la han hecho millones de españoles que tienen su propia memoria histórica, que ha sido transmitida a las siguientes generaciones a través de conversaciones, escritos, cantos, poemas y libros (algunos de ellos escritos por historiadores). En este aspecto la memoria histórica es mucho más que el conocimiento producido por los historiadores. Los vencidos en la Guerra Civil y los que defendieron la democracia durante la dictadura no tuvieron los mismos medios a su alcance que los que tuvieron los vencedores y las autoridades del Estado franquista para transmitir su propia historia. De ahí que sea responsabilidad del Estado democrático el poner al alcance de los vencidos y de las fuerzas democráticas que lucharon contra la dictadura los medios para recuperar su memoria histórica, transmitirla y corregir la existente, no sólo a través de los libros de historia sino a través de instrumentos y forums populares e intelectuales donde se crea y reproduce la cultura democrática.

En una sociedad democrática es la sociedad, a través de sus representantes, la que no sólo hace sino que también escribe su historia. Desde este punto de vista, el Estado no puede inhibirse de esta responsabilidad puesto que es su misión -en representación de la ciudadanía- la de definir los valores y la memoria histórica que la sustenta. En España, abdicar de esta responsabilidad es permitir la reproducción de la memoria histórica conservadora todavía existente, heredada del Estado franquista, una de las causas de la escasamente desarrollada cultura democrática existente en España.

Es más, tal inhibición lleva a un relativismo moral que conduce a una equidistancia en la responsabilidad de lo ocurrido, permitiendo que se denuncien o alaben ambos bandos del conflicto por igual, tal como aparece en el anteproyecto de ley que prohíbe homenajear en edificios públicos a ninguno de los bandos, poniendo al mismo nivel a las demócratas y a los responsables de la dictadura. Tal equidistancia -ya realizada en otra ocasión en la que luchadores fascistas desfilaron al lado de luchadores por la democracia en el desfile militar del Día de las Fuerzas Armadas- es signo de incoherencia en un Estado democrático que debiera sentirse heredero de los previos Estados democráticos existentes en la historia de España, y homenajear a los que lucharon para que hoy existiera la democracia en nuestro país.

Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Pompeu Fabra.