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Represión Franquista: Verdad Justicia y Reparación

Javier Maravall Yáguez

Doctorando en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

El levantamiento militar del 18 de julio de 1936 significó una clara violación de la legalidad democrática y del texto constitucional de 1931. La construcción del Estado Nacional católico trajo consigo la recuperación de los valores y principios del Antiguo Régimen. Se demolían, por tanto, los logros que con tanto esfuerzo consiguieron los sectores más avanzados de aquella época: la reforma agraria promovida durante el bienio progresista (1931-1933), la reforma educativa y la implantación de los valores de la Institución Libre de Enseñanza (ILE), los derechos civiles y políticos, derechos sociales y laborales, la reforma de la Sanidad, reconocimiento de las autonomías regionales, etc, fueron tan sólo las primeras acciones del gobierno militar.

El saldo de la guerra civil acabó con miles de republicanos, intelectuales, artistas y opositores al nuevo régimen en el exilio. Asimismo, las cifras de muertos ascendían al medio millón de personas. Sin embargo, la represión, en sus variadas formas, iba a tomar una intensidad nunca vista en la historia de nuestro país. Los fusilamientos de presos políticos, la implantación de métodos de tortura en los centros de reclusión y cárceles, la depuración de funcionarios públicos sospechosos de haber tenido alguna vinculación con la II República (1931-1936) y los trabajos forzados, mostraron la verdadera cara del nuevo Estado.

En el 25º aniversario del régimen militar, el jefe de Estado Francisco Franco emitía un mensaje a la población española en el que se incidía, además de los “logros económicos” conseguidos por el nuevo orden castrense, en la reconciliación nacional de todos los españoles. Una década después, se iniciaba el desmantelamiento institucional del régimen franquista y con ello la transición hacia un Estado democrático de derecho. El costo de este proceso fue un claro pacto de silencio consensuado entre las diferentes fuerzas políticas a la hora de hablar sobre la represión y los abusos que el franquismo había desatado contra todo disentimiento político.

Algunos historiadores han incidido en que la Comisión de los Siete , encargada de redactar el texto constitucional de 1978, tenía la prioridad de salvaguardar el proceso de reforma política y que se debía evitar cualquier tema que hiciera caer en la confrontación a los diferentes agentes encargados de llevar a buen puerto la aprobación de la carta magna.

Sin embargo, ya no hay excusa para no establecer una comisión que estudie el alcance que tuvo las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. Ya han pasado casi treinta años desde la aprobación de la Constitución y, por ello, lo que fue en aquél momento “una joven y frágil democracia sujeta a posibles amenazas” ahora se perfila como un sistema bien asentado y asegurado.

No habrá una verdadera reconciliación nacional hasta que se investigue, de forma sistemática, seria e independiente, las consecuencias que para los diferentes sectores de la oposición política tuvo la represión.

Este trabajo pendiente no ha de centrarse sólo en la cuestión de las cifras, sino también en la recuperación de algunos cuerpos de detenidos-desaparecidos que aún no se han encontrado, a una condena expresa por todos los partidos representados en el parlamento y lo que es más importante, el establecimiento de penas a los culpables (aunque sean simbólicas porque la mayoría de ellos ya han fallecido) por delitos de lesa humanidad que no prescriben en el tiempo.

Los familiares de las víctimas de los detenidos desaparecidos, de los presos torturados o fusilados y de los exonerados políticos, merecen por dignidad y por justicia, que el gobierno actual impulse, de una vez por todas, las investigaciones pertinentes y necesarias para aclarar ante la ciudadanía los sucesos ocurridos durante el período más oscuro de la historia de nuestro país.

No habrá una verdadera reconciliación sin verdad y justicia, sin condena expresa de nuestros gobernantes al atropello a los derechos humanos. La memoria histórica y su reconstrucción ha de ser el principal legado que debiéramos dejar para las nuevas generaciones que tienen derecho a saber los sucesos más significativos de la historia contemporánea de España.

*Fuente: Javier Maravall Yáguez, 1 de julio de 2005