EL CONSEJO DE MINISTROS APRUEBA UN REAL DECRETO CREANDO LA COMISIÓN INTERMINISTERIAL PARA EL ESTUDIO DE LA SITUACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL Y DEL FRANQUISMO.

Las organizaciones abajo firmantes expresan su satisfacción por el REAL DECRETO aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de septiembre de 2004, por el que se crea la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo.

Esperamos que el informe que se va a elaborar exponga la realidad de la tragedia humana que sufrió España, levante la losa de silencio que ha oprimido a los vencidos durante décadas, y reconozca los valores de libertad y democracia por los que lucharon las víctimas del franquismo, que son justamente los que en la actualidad disfrutamos.

Esperamos que dicho informe haga realidad las reivindicaciones que de forma solidaria han presentado la mayoría de los organismos y asociaciones cuyos objetivos se enmarcan en la reivindicación de las víctimas de la II República, de la II Guerra Mundial, del exilio y del exterminio llevado a cabo a nivel interno durante toda la etapa franquista.

Estos organismos y asociaciones representan a personas que fueron ejecutadas, encarceladas, explotadas como esclavos, torturadas, depuradas, exiliadas, despojados de sus bienes y humilladas durante décadas.

Ha llegado el momento de abrir el libro de la historia no contada a las nuevas generaciones, ignorantes de este pasado colectivo, para que rechacen activamente la falta de libertades y de justicia social, y valoren la convivencia en paz y en democracia.

Pero para ello es necesario que el Estado español cree las condiciones para que el derecho a la justicia, el derecho a la verdad, el derecho a saber y el derecho a la reparación se conviertan en verdades jurídicas acordes con el derecho internacional de derechos humanos y con las obligaciones jurídicas internacionales adquiridas por el Estado.

Todo esto implica la necesidad de una declaración institucional de ilegitimidad de los actos franquistas que causaron tanto dolor en una nación cuya riqueza humana dio lo mejor de su vida en la defensa de unos ideales, que son el concepto de la vida colectiva consagrado en la Constitución; de esta manera, se daría cumplimiento a las resoluciones 32 (I), de 9 de febrero de 1946 y 39 (I) de 12 de diciembre de 1946, ambas de la Asamblea General, mediante las cuales el Sistema de las Naciones Unidas declaró ilegal al régimen franquista y lo equiparó jurídicamente al régimen nacional socialista alemán, al régimen fascista italiano y al nacional imperialismo japonés.

Esto permitiría, además, subsanar el hecho de que después de más de 25 años de estado democrático, el español sea el único Estado europeo alineado con las Potencias del Eje, que no ha declarado nulos los actos jurídicos del gobierno responsable de ese crimen.

Pedimos al Gobierno valentía para que, de una vez, propicie el clima que permita hablar, en voz alta y sin temor, de aquella tragedia, y que reconozca institucionalmente la dignidad y el valor de las personas que defendieron con su vida, con su libertad o exilio los valores democráticos, como lo hacen permanentemente los países aliados que se enfrentaron con decisión al fascismo y al nazismo.

La naturaleza de los delitos cometidos por el régimen franquista están caracterizados claramente por los documentos aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas. Además, en este momento histórico, el Gobierno sabe que los crímenes contra la humanidad han pasado a ser jurisprudencia admitida por el Tribunal Supremo español, por lo que se han convertido, de hecho, en problemas que el derecho interno está obligado a resolver, dado su carácter de crímenes imprescriptibles y no amnistiables.

Esperamos además que el Estado que representamos todos sea capaz de pedir perdón a las víctimas europeas producto de la colaboración con las Potencias del Eje, como ya hicieran los alemanes encabezados por el canciller Willy Brandt y, posteriormente, otros representantes del Estado alemán; la naturaleza de este tipo de actos ha llevado también a hacer lo mismo a representantes de la ultra-derecha italiana, como Gianfranco Fini , antiguo dirigente del Movimiento Social Italiano y de Democracia Nacional.

El perdón sólo se concede cuando la justicia ha hecho su labor.

Madrid, a 11 de septiembre de 2004

Firman: